Observation (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. La Comisión toma nota de las detalladas informaciones proporcionadas por el Gobierno en la memoria recibida para el período que termina en junio de 2010. El Gobierno indica que la crisis económica tuvo como consecuencia más grave la intensa destrucción de empleo y el consecuente aumento del desempleo. En 2009, la destrucción de empleo alcanzó la cifra de casi 1.400.000 de puestos de trabajo afectando especialmente a los hombres, tanto a jóvenes como a adultos en el sector de la construcción y en menor medida en las industrias. Más del 73 por ciento de los empleos destruidos estaban ocupados por asalariados temporales. Al final de 2009 la tasa de desempleo llegaba al 18,1 por ciento de la población activa (más de 4 millones de personas), la más alta desde 1998. El Gobierno informa sobre diferentes paquetes de medidas para hacer frente a la crisis. En noviembre de 2008 se aprobó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) que comprendía iniciativas tales como el apoyo a las empresas en materia tributaria y facilitar su acceso al crédito. El Plan E incluía además un programa destinado a modernizar la economía y fomentar el crecimiento económico sostenible y duradero a medio y largo plazo. Igualmente en noviembre de 2008 se creó el Fondo Estatal de Inversión Local para mantener los puestos de trabajo y crear empleo, prevenir la exclusión del mercado laboral, establecer acuerdos de colaboración entre el Gobierno central y los ayuntamientos, y fortalecer la capacidad institucional y administrativa de los ayuntamientos. En enero de 2010 se puso en marcha un nuevo Fondo Estatal de Inversión Local para hacer frente al deterioro del mercado del trabajo y lograr una economía más equilibrada. También se adoptó la ley núm. 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el fomento y el mantenimiento del empleo y la protección de las personas desempleadas, que establece también medidas dirigidas a la creación de empleo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria informe sobre el impacto que los paquetes de medidas anticrisis han tenido para crear puestos de trabajo productivos y duraderos.

En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a la ley núm. 43/2006, de 24 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo, que pretendía impulsar la creación de empleo estable. El Gobierno indica en su memoria que el sistema de bonificaciones previsto en dicha ley provocó la caída de la temporalidad desde 2006 a 2009. Debido a la crisis, el porcentaje de contratos indefinidos se sitúa actualmente en las cifras anteriores a la reforma de 2006. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión puso de relieve la manera en que las reformas del mercado del trabajo en España habían dado lugar a un crecimiento significativo del uso de contratos de trabajo irregulares asociados con menores prestaciones sociales y menor seguridad en el empleo (párrafo 575 del Estudio General de 2010). En este sentido, la Comisión entiende que la reforma laboral establecida por la ley núm. 35, de 17 de septiembre de 2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado del trabajo, pretende: 1) reducir la dualidad del mercado laboral, impulsando la creación de empleo estable y de calidad; 2) reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en el desarrollo de las relaciones laborales y, en particular, las medidas de reducción temporal de jornada, reduciendo el recurso a las extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos a la contratación temporal, y 3) elevar las oportunidades de las personas desempleadas, con particular atención a los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique la manera en que las medidas legislativas en vigencia han evitado aumentar la precariedad del empleo y reducido la dualidad en el mercado del trabajo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno recuerda que en julio de 2008 se firmó con los interlocutores sociales una nueva Declaración de Diálogo Social cuyo objetivo era impulsar la economía y el progreso social a través de la modernización del mercado laboral. En febrero de 2010, el Gobierno presentó a la Mesa de Diálogo Social una propuesta de las líneas de actuación en el mercado del trabajo para su discusión entre los interlocutores sociales. Asimismo, el Gobierno manifestó su propósito de concluir dicha negociación con un acuerdo tripartito entre las organizaciones empresariales y los sindicatos que permitiese avanzar hacia un mercado del trabajo moderno, funcional y coherente con el desarrollo de la economía sostenible. Según los comentarios formulados en septiembre de 2008 por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), el modelo productivo está basado en actividades muy intensivas de mano de obra barata y de baja productividad con poca demanda de cualificación y resulta poco sólido a corto plazo. En su Estudio General de 2010, la Comisión también subrayó que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen en consultas tripartitas genuinas (párrafo 794 del Estudio General de 2010). La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria la manera en que los interlocutores sociales participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para superar los efectos negativos de la crisis.

Políticas integradas del mercado del trabajo. El Gobierno informa que viene destinando subvenciones a las diferentes Comunidades Autónomas para el desarrollo de sus Planes Integrales de Empleo, que son financiadas a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Los Planes Integrales de Empleo deberían posibilitar mejoras sustanciales en términos de actividad y ocupación en los mercados de trabajo de las Comunidades Autónomas y conseguir, a través de acciones y medidas de fomento de empleo, una reducción de los desfases que las separan de la media nacional. Se han llevado a cabo Planes Integrales de Empleo en Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, y un plan de empleo específico para la bahía de Cádiz. En 2009, las tasas de ocupación más elevadas se encontraron en Madrid (con un 55,7 por ciento) y Navarra (con un 54 por ciento), mientras que Extremadura (con un 42,8 por ciento) y Ceuta y Melilla (con un 43,2 por ciento) tuvieron las más bajas. Las Comunidades Autónomas con las tasas de desempleo más elevadas son Canarias, con un 26,2 por ciento y Andalucía, con un 25,4 por ciento, mientras que Navarra con un 10,9 por ciento y el País Vasco, con un 11 por ciento, son las más bajas en el conjunto nacional. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre las medidas adoptadas para reducir las disparidades regionales para alcanzar un mayor equilibrio en el mercado del trabajo.

Desempleo de larga duración. El Gobierno indica que en 2008, los parados de larga duración superaban el 21 por ciento y en 2009 esa tasa se elevó al 28,4 por ciento. El Gobierno indica que los parados de larga duración constituyen un grupo prioritario de actuación en políticas de empleo ya que una de las consecuencias más negativas de la situación económica actual se refleja sobre dicho colectivo. En 2009, el número de desempleados de larga duración fue de 1.181.700, cifra que supone un aumento de 114 por ciento (629.600 nuevos parados) con respecto a 2008. Se han venido adoptando medidas específicas para dicho colectivo basadas en el desarrollo de programas de formación y reciclaje profesional y en la incentivación de la contratación estable a través de las bonificaciones de cuotas empresariales a la seguridad social. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para lograr que los desempleados de larga duración encuentren empleos estables.

Empleo juvenil. El Gobierno informa que la posición de los jóvenes en el mercado del trabajo ha experimentado un notable deterioro al reducir significativamente su nivel de empleo y elevar de forma notable sus tasas de desempleo. La población joven ocupada ha caído de forma importante en 2009 con respecto a 2008, en un 23,9 por ciento (433.000 jóvenes desocupados). Asimismo, el desempleo aumentó en un 41,9 por ciento (250.000 nuevos desocupados). Con todo ello, el número de jóvenes ocupados se situaba en casi 1.400.000 y el de desempleados en 841.500. La Comisión toma nota que para fomentar el empleo de los jóvenes, la ley núm. 27/2009, de 30 diciembre, de medidas urgentes para el fomento y el mantenimiento del empleo y la protección de personas desempleadas, propone la evaluación del actual sistema de bonificaciones a la contratación para posibilitar que los jóvenes de 16 a 30 años, con especiales problemas de empleabilidad, sea uno de los colectivos prioritarios en los que se concentren las nuevas bonificaciones. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre el impacto de las medidas establecidas por la ley núm. 27/2009 para mejorar la calidad del empleo de los jóvenes con poca formación. Además, la Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre otras medidas impulsadas para dar a jóvenes diplomados una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo duradero y utilizar en dicho empleo la formación y aptitudes que posean.

Políticas de educación y formación profesional. La Comisión advierte que la CC.OO. indicó que el fracaso escolar sigue sin reducirse y que no se han tomado las medidas adecuadas para orientar a alumnos sobre la formación profesional ni para mejorar el sistema educativo. El Gobierno expresa que el Plan E incluyó una serie de iniciativas para la educación y la formación profesional. En lo que respecta a la formación profesional, se aprobó la Hoja de Ruta para el impulso y mejora de la formación profesional en la que se establecen medidas para acelerar su reforma y aumentar el número de titulados. El objetivo perseguido es instaurar un sistema que tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes, los trabajadores y las empresas, mejore la valoración social de la formación profesional y logre que el número de personas que siguen este tipo de formación sea equiparable al de otros países europeos. La Comisión también toma nota de que la Ley de Economía Sostenible de noviembre de 2009, dedica un capítulo a la formación profesional. Sus cuatro objetivos principales son: adecuar la formación con las necesidades de la economía, ampliar la oferta formativa, integrar las distintas enseñanzas de formación profesional en el sistema educativo y reforzar la cooperación entre el sistema educativo público y los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de iniciativas de formación. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.