National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Ejecución de una política activa del empleo. La Comisión toma nota con interés de las informaciones completas incluidas en una memoria recibida en agosto de 2005 que contiene las indicaciones solicitadas en el formulario de memoria y en la observación de 2004. La Comisión agradece al Gobierno que en su próxima memoria incluya indicaciones sobre la manera en que se han alcanzado los objetivos de fomento del empleo que se establecieron en el Plan de Gobierno 2002-2006, en el Programa Nacional de Competitividad y en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. En 2004, de una población económica activa de más de dos millones y medio de personas sólo 1.170.000 personas habían encontrado empleo asalariado y se detectaron 750.000 hogares pobres. La Comisión desearía seguir examinando informaciones estadísticas que permitan conocer la manera en que los numerosos programas enumerados por el Gobierno en su memoria han ido mejorando las perspectivas de empleo de las mujeres y de los hombres que desean encontrar empleo productivo. Además, la Comisión expresa su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la manera en que los acuerdos comerciales que se han negociado han podido influir en el mercado laboral (artículos 1 y 2 del Convenio).
2. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión invita al Gobierno a dar a conocer los resultados alcanzados por el programa «Nuevos empleos para la gente» que se discutió en el Consejo Económico y Social y por las medidas adoptadas como consecuencia de los estudios realizados sobre «trabajo decente y pobreza en Honduras» y «equidad de género en la política del empleo» — mencionados por el Gobierno en su memoria. En este sentido, la Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscripta por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también, y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario de memoria).
3. Promoción del empleo juvenil. El Gobierno menciona las iniciativas emprendidas para promover el empleo de jóvenes, que incluye un componente de «primer empleo para la juventud en riesgo»: se busca la inserción en el mercado laboral de aproximadamente 6.000 jóvenes urbanos pobres que han abandonado el sistema convencional de educación y que no trabajan o trabajan poco en actividades informales. Además, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se promueve entrenamiento para el empleo, el servicio de intermediación laboral (SIL) y la modernización de la administración del trabajo (MAT). La Comisión apreciaría que, en su próxima memoria, el Gobierno informe sobre la manera en que estos programas han contribuido ha disminuir el desempleo juvenil y a facilitar el ingreso en el mercado formal de trabajo de los jóvenes. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a informar sobre las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Formación Profesional y el Centro Nacional de Educación Técnica para el Trabajo de manera de mejorar la oferta de formación profesional y técnica y promover nuevas empresas y oportunidades de negocios.
4. La Comisión toma nota de que la actividad maquiladora se vio afectada por la suspensión de contratos y el cierre de empresas. En 2002, los puestos de trabajo generados por la industria de la maquila ascendieron a 105.557 empleos (en 2003, 114.237). Más de la mitad del personal ocupado continúa siendo femenino. La industria textil sigue siendo la que genera mayor actividad. El Gobierno indica que el esquema de «paquete completo» permite a las firmas proveer una variedad de servicios — lo que redundaría en un mayor valor agregado y en el éxito de la industria de la maquila. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre la contribución del sector de la maquila para la generación de empleo productivo.
5. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la participación de los actores sociales en el proceso de actualización de la estrategia para la reducción de la pobreza. Además, el Gobierno ha mencionado las consultas celebradas en el marco del Consejo Económico y Social. La Comisión insiste en que es responsabilidad común de las autoridades gubernamentales y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). La Comisión confía en que el Gobierno seguirá incluyendo informaciones sobre las consultas celebradas sobre las materias cubiertas por el Convenio con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluyendo también a representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.