La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) comunicadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) el 26 de julio de 2016 acerca de la aplicación por parte del Gobierno de los Convenios núms. 22, 55, 134, 163 y 164. La CONCAMIN indica que teniendo en cuenta las consideraciones de la Comisión y la legislación vigente, resultaría oportuno analizar el conjunto normativo relativo a la gente de mar y manifiesta su disposición a participar en el proceso de análisis e implementación de una reglamentación ad hoc. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto. La Comisión toma nota asimismo de las memorias transmitidas por el Gobierno sobre la aplicación de dichos convenios marítimos y del Convenio núm. 166. A fin de ofrecer una visión de conjunto de las cuestiones que tienen que abordarse en relación con la aplicación de estos Convenios, la Comisión considera apropiado examinarlas en un único comentario, que figura a continuación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en virtud del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México (Constitución) y del artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, de 1.º de abril de 1979, los tratados forman parte del derecho nacional y pueden aplicarse sin que se requiera la adopción de una normativa nacional. La Comisión observa que el artículo 133 de la Constitución establece que, dicha Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados por el Gobierno con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, y que los jueces de cada entidad federativa se arreglan a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. La Comisión observa asimismo que según el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia. Sobre esta base, en ausencia de disposiciones nacionales específicas que den efecto a las disposiciones auto-ejecutivas de los Convenios, la Comisión ha considerado dichas disposiciones directamente aplicables en México. Sin embargo, la Comisión desea destacar que los convenios marítimos contienen un número de disposiciones que no son de carácter auto-ejecutivo y por lo tanto requieren la adopción de legislación u otras medidas por parte del Gobierno.

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)

Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Facilidades para el examen del contrato de enrolamiento antes de ser firmado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara de qué manera garantiza a la gente de mar el goce de las facilidades para el examen del contrato de enrolamiento antes de firmarlo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a este respecto, según la cual, la gente de mar puede consultar de forma gratuita sobre toda duda acerca del contenido del contrato con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. La Comisión toma nota también de que el Gobierno informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el trabajador mexicano trabaje en el extranjero, el contrato será sometido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de comprobar que éste cumple con las condiciones de trabajo requeridas por dicha ley. La Comisión toma nota de esta información.

Artículo 6, párrafo 3, 10). Datos que debe contener el contrato de enrolamiento. Condiciones de su terminación. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la Ley Federal del Trabajo no incluía entre las indicaciones que deben constar por escrito en el contrato de enrolamiento las condiciones para la terminación del mismo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales tales condiciones se encuentran previstas en los artículos 194 y 195 de la Ley Federal del Trabajo los que, entre otros elementos, estipulan que el contrato deberá indicar si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje, y el artículo 206 de la misma ley que regula la terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores de los buques. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en aplicación del artículo 133 de la Constitución y del artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo antes mencionados, las disposiciones del artículo 6, párrafo 3 del Convenio sobre los datos que debe contener el contrato de enrolamiento son directamente aplicables en derecho interno. Al tiempo que recuerda el carácter auto-ejecutivo del artículo 6 del Convenio, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno y considera que responde a su solicitud anterior sobre este punto.

Artículo 9. Terminación del contrato de enrolamiento. En numerosos comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo, según el cual las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo y otras circunstancias es contraria a lo previsto en el artículo 9 del Convenio, que prevé que el contrato de enrolamiento por duración indeterminada podrá darse por terminado en cualquier puerto de carga o descarga del buque, a condición de que se observe el plazo de aviso. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales el propósito del artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo es evitar que se exponga a los trabajadores y al propio buque a situaciones excepcionales de riesgo y no impide la terminación de la relación de empleo una vez que deje de existir esta situación. Sin embargo, la Comisión observa una vez más con profunda preocupación que el artículo 209, III, de la Ley Federal del Trabajo impide que pueda terminarse el contrato de enrolamiento de duración indeterminada en cualquier puerto de carga o descarga tal como lo exige el Convenio. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome sin demora las medidas necesarias para poner la legislación nacional en conformidad con el artículo 9 del Convenio.

Artículo 14, párrafo 1. Inscripción de la finalización del enrolamiento en el documento de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que el ejemplar de la libreta de mar e identidad marítima comunicada por el Gobierno no incluía un espacio para inscribir la expiración o terminación del contrato. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), autoridad competente para la emisión de dicho documento, comunicó que dadas las medidas de austeridad en cuanto al uso de los recursos gubernamentales y el número significativo de libretas de mar e identidad marítima en circulación, aún no se ha incorporado en el referido documento el espacio que indique la anotación de la expiración o terminación del contrato de la gente de mar. La Comisión pide al Gobierno que le comunique informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para garantizar que todo licenciamiento se inscriba en el documento entregado a la gente de mar, de conformidad con el artículo 14, párrafo 1 del Convenio.

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (num.55)

Artículo 6 del Convenio. Gastos de repatriación en caso de enfermedad o accidentes. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de que en virtud del artículo 204, VII, de la Ley Federal de Trabajo, los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los marinos alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos en los casos de enfermedades. Sin embargo, no se menciona la responsabilidad del armador de pagar los gastos de repatriación a un marino enfermo o herido que es desembarcado durante el viaje como consecuencia de enfermedad o accidente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Ley Federal del Trabajo no establece de manera específica la obligación de pagar los gastos de repatriación en dichas circunstancias. El Gobierno indica, sin embargo, que esta obligación se deriva del artículo 123, XXVI, de la Constitución que obliga a que los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero especifiquen claramente que los gastos de repatriación queden a cargo del empresario. La Comisión observa que dicha disposición de la Constitución no regula la repatriación de los marinos a bordo de buques de bandera mexicana o aquellos en los que el armador no es extranjero. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar a toda la gente de mar el derecho de ser repatriado a cargo del armador en caso de enfermedad o accidentes de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del Convenio.

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)

Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. Estadísticas detalladas sobre los accidentes del trabajo a bordo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para disponer de estadísticas relativas a los accidentes del trabajo en los buques que indiquen claramente en qué parte del buque (puente, máquinas o locales de servicios generales) y en qué lugar (en el mar o en el puerto) ha tenido lugar un accidente, de conformidad con el artículo 2, párrafo 3. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: la Dirección General de Marina Mercante de la SCT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboran las estadísticas pertinentes; el IMSS basa sus estadísticas sobre los datos recopilados en el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo (SIAAT), y la norma oficial mexicana NOM-036-SCT4-2007, de 17 de agosto de 2007, está en proceso de actualización. La Comisión observa sin embargo que las estadísticas de la Dirección General de Marina Mercante de la SCT comunicadas por el Gobierno no indican la parte del buque ni el lugar donde ocurrieron los accidentes. La Comisión observa también que el Gobierno no le comunicó las estadísticas del IMSS y que el formulario de aviso de accidente del SIAAT no incluye un espacio para indicar en qué parte del buque y en qué lugar ha ocurrido el accidente. Por último, al tiempo que observa que la NOM-036-SCT4-2007 prevé que el armador reporte los accidentes del trabajo a la autoridad marítima, la Comisión señala que dicha norma no permite aclarar el nivel de detalles de tales reportes. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que indique si y de qué manera los diferentes mecanismos previstos para la compilación de información sobre los accidentes del trabajo a bordo (mediante la Dirección General de Marina Mercante de la SCT o mediante el sistema SIAAT) permiten que el Gobierno disponga de estadísticas desagregadas de conformidad con lo requerido por el artículo 2, párrafo 3 del Convenio.

Artículo 3. Investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos propios al empleo marítimo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para llevar a cabo investigaciones sobre las tendencias generales y los riesgos propios al empleo marítimo. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre las Comisiones Consultativas de Seguridad y Salud en el Trabajo, a nivel nacional (COCONASST) y estatal (COCOESST) y sobre el Comité consultativo nacional de normalización de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota asimismo de las indicaciones del Gobierno según las cuales el reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo que se aplica a los buques requiere que los patrones investiguen los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y transmitan informaciones a la Secretaria del Trabajo y Prevención Social. El Gobierno indica asimismo que los patrones pueden investigar los riesgos de accidentes de trabajo a través de comisiones y servicios de seguridad e higiene en el trabajo. La Comisión observa sin embargo que los dispositivos de investigación de los riesgos del trabajo descritos por el Gobierno no son propios al empleo marítimo. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que aclare si, en la práctica, dichas investigaciones permiten establecer las tendencias generales y los riesgos propios al trabajo marítimo, utilizables para la prevención de los accidentes en el contexto particular del trabajo marítimo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Convenio.

Artículo 4, párrafo 3. Disposiciones sobre la prevención de accidentes del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó firmemente al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que las normas aplicables a la gente de mar para la prevención de accidentes y protección de la salud en el empleo especifiquen los aspectos propios del empleo marítimo enumerados en el artículo 4, párrafo 3, tales como las características estructurales del buque, las máquinas, las medidas especiales de seguridad sobre el puente, los equipos de carga y de descarga, la prevención y extinción de incendios, las anclas, cadenas, cables, las cargas y lastres peligrosos, y el equipo personal. La Comisión toma nota de que la información suministrada por el Gobierno es de carácter general y no menciona la adopción de normas que respondan a los requisitos del artículo 4, párrafo 3. La Comisión pide, por consiguiente, una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que las normas aplicables a la gente de mar para la prevención de accidente de trabajo incluyan los aspectos enumerados en el artículo 4, párrafo 3 del Convenio.

Artículo 8. Programas de prevención de accidentes del trabajo de la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la formulación y la organización de los programas de prevención de los accidentes del trabajo dirigidos a la gente de mar. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la SCT y la Secretaría de la Marina tienen competencia en la materia cubierta por el Convenio. La Comisión observa sin embargo que el Gobierno no precisa si dichas autoridades elaboraron los programas de prevención exigidos en virtud del artículo 8. La Comisión toma nota asimismo de la información proporcionada por el Gobierno según la cual la Secretaría del Trabajo y Prevención Social no cuenta con programas distintos para la prevención de los accidentes del trabajo de la gente de mar, a quienes se aplica el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) de alcance general. La Comisión lamenta tomar nota una vez más de que la información proporcionada por el Gobierno se refiere a programas de seguridad y salud en el trabajo de aplicación general, mientras que el Convenio requiere programas marítimos específicos que han de establecerse en colaboración con las organizaciones de armadores y de gente de mar. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno una vez más que tome las medidas necesarias para formular y aplicar programas que den efectivo cumplimiento al artículo 8 del Convenio.

Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)

Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Medios y servicios de bienestar en los puertos. Revisión de los medios y servicios de bienestar. Cooperación internacional. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera información sobre el funcionamiento de las casas del marino situadas en diferentes puertos del país así como sobre la revisión de los medios y servicios de bienestar de la gente de mar y la cooperación internacional al respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más al Reglamento General del Marino de los Estados Unidos Mexicanos, de 8 de diciembre de 1943, sin aclarar cómo funcionan las casas del marino en la práctica. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere nuevamente al artículo 214 de la Ley Federal del Trabajo que prevé que el ejecutivo federal determinará la forma de sostener y mejorar los servicios de la casa del marino, sin indicar si se ha promulgado algún reglamento en virtud de dicho artículo. La Comisión recuerda que, de acuerdo con el artículo 2 del Convenio, todo Miembro se compromete a velar por que se faciliten medios y servicios de bienestar adecuados a la gente de mar tanto en los puertos como a bordo de buques. Tales servicios deben revisarse con frecuencia a fin de asegurar que son apropiados, habida cuenta de la evolución de las necesidades de la gente de mar como consecuencia de avances técnicos, funcionales o de otra índole que sobrevengan en la industria del transporte marítimo (artículo 5). Asimismo, todo Miembro se compromete a cooperar con los demás Miembros con miras a garantizar la aplicación del Convenio (artículo 6). La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar aplicación a estas disposiciones del Convenio.

Convenio sobre la protección de la salud y asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)

Artículo 4, párrafo c), del Convenio. Derecho de visitar a un médico. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en los puertos de escala, cuando ello sea posible. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales: a) la gente de mar tiene el derecho irrestricto de asistir a consulta médica en los puertos de arribo, y b) los marinos pueden acudir a los hospitales del IMSS ubicados en los puertos mexicanos y están cubiertos para su asistencia médica en el extranjero por las pólizas de seguro que los armadores contratan con los clubes de protección e indemnización. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión observa que el Gobierno no indica las disposiciones legales que garantizan el cumplimiento del artículo 4, párrafo c), del Convenio según el cual debe garantizarse a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico en los puertos de escala, cuando ello sea posible. La Comisión pide al Gobierno que proporcione dicha información.

Artículo 5, párrafos 4 y 5. Inspección del botiquín de a bordo a intervalos regulares. Comprobación del etiquetado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas para dar cumplimiento a los requisitos específicos del Convenio relativos a la inspección del botiquín de a bordo a intervalos regulares no superiores a doce meses y la comprobación del etiquetado, de las fechas de caducidad y de las condiciones de conservación de todos los medicamentos contenidos en el botequín de a bordo de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del Convenio. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno según la cual: a) la Dirección General de Marina Mercante de la SCT está encargada de la aplicación de la norma oficial mexicana NOM-034-SCT4-2009, de 24 de febrero de 2009, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte, y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, la cual establece que el botequín de primero auxilios debe ser llevado a bordo, y b) las inspecciones de seguridad marítima son constantes y se llevan a cabo en cualquier momento. La Comisión observa sin embargo que la información proporcionada por el Gobierno no permite aclarar cómo se garantiza que dichas inspecciones sean llevadas a cabo a intervalos regulares no superiores a doce meses y que se verifiquen los requisitos de conservación de los medicamentos enumerados en el artículo 5, párrafos 4 y 5. Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre la frecuencia de las inspecciones de los botiquines de a bordo, y sobre la verificación del cumplimiento con los requisitos del Convenio relativos al etiquetado y conservación de los medicamentos.

Artículo 7. Consultas médicas por radio o por satélite. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo se garantiza que los buques puedan efectuar consultas médicas, en cualquier hora del día, por radio o por satélite, con arreglo al artículo 7. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno se refiere una vez más al respecto del reglamento de inspección de seguridad marítima, de 12 de mayo de 2004, que exige la existencia de un equipo de radiocomunicación a bordo. La Comisión recuerda que tal existencia no es suficiente para garantizar la disponibilidad del personal médico competente para efectuar consultas médicas por radio o por satélite a los buques en alta mar, en cualquier hora del día o de la noche, como exigido en virtud del artículo 7. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta disposición del Convenio.

Artículo 8. Presencia de un médico a bordo de buques. En su comentario anterior, la Comisión señaló al Gobierno que ni el reglamento de inspección de seguridad marítima ni la Ley Federal del Trabajo especifican los buques o categorías de buques que deben llevar un médico entre los miembros de su tripulación. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere una vez más al artículo 204, VIII, de la Ley Federal del Trabajo, según el cual los patrones deben llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Dado que las disposiciones mencionadas por el Gobierno no satisfacen los requisitos del artículo 8, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que los buques cubiertos por el Convenio lleven a bordo un médico entre los miembros de su tripulación.

Artículo 9. Cursos de formación destinados a las personas encargadas de la asistencia médica. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que los cursos de formación destinados a las personas que sin ser médicos están encargados de garantizar asistencia médica a bordo de los buques deben cumplir con los requisitos del artículo 9, tales como ser aprobados por la autoridad competente y basarse en el contenido de las relevantes guías internacionales. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual las escuelas náuticas y el centro educativo ofrecen a los oficiales y personal subalterno de la Marina Mercante cursos de capacitación de conformidad con los requisitos del Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW), los cuales incluyen los siguientes cursos: primeros auxilios básicos, primeros auxilios médicos, y cuidados médicos. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que dichos cursos están avalados a nivel nacional por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Marítima, mientras que los títulos y refrendos otorgados, son reconocidos a nivel mundial por la Organización Marítima Internacional. La Comisión toma nota de esta información que responde de manera satisfactoria a los requerimientos del Convenio.

Artículo 11. Enfermería independiente. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la legislación nacional no daba cumplimiento al requisito del artículo 11 según el cual todo buque de 500 toneladas de registro bruto o más, que lleve 15 o más marinos a bordo y que efectúe una travesía de más de tres días, deberá disponer a bordo de una enfermería independiente. La Comisión lamenta tomar nota al respecto de que el Gobierno se refiere una vez más al artículo 49 del reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo, de 13 de noviembre de 2014, que regula la prestación de servicios preventivos de medicina del trabajo. La Comisión reitera que la citada norma es de carácter general y no contiene disposiciones sobre la determinación del tipo de buques en los cuales se exige la construcción de una enfermería independiente ni sobre la descripción de las características propias de dicha enfermería. La Comisión pide por lo tanto una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 11 del Convenio.

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)

Artículo 2, párrafo 1, c), del Convenio. Repatriación en caso de enfermedad, accidente o cualquier otra razón médica. La Comisión había tomado nota en sus comentarios anteriores de que en virtud del artículo 204, VII, de la Ley Federal de Trabajo, los empleadores tienen la obligación de proporcionar a los marinos alimentación y alojamiento, tratamiento médico y medicamentos en los casos de enfermedades. Sin embargo, no se menciona la responsabilidad del armador de pagar los gastos de repatriación a un marino enfermo o herido que es desembarcado durante el viaje como consecuencia de enfermedad o accidente. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la Ley Federal del Trabajo no establece de manera específica la obligación de pagar los gastos de repatriación en dichas circunstancias. El Gobierno indica, sin embargo, que esta obligación se deriva del artículo 123, XXVI, de la Constitución que obliga a que los contratos de trabajo celebrados entre un mexicano y un empresario extranjero especifiquen claramente que los gastos de repatriación queden a cargo del empresario. La Comisión observa sin embargo que dicha disposición de la Constitución no regula la repatriación de los marinos a bordo de buques de bandera mexicana o aquellos en los que el armador no es extranjero. La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar a toda la gente de mar el derecho de ser repatriado a cargo del armador de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, párrafo 1, c), del Convenio.

Artículo 2, párrafo 1, e) y f). Repatriación en caso de incapacidad del armador de seguir cumpliendo las obligaciones legales o contractuales y en caso de que un marino no consienta ir a una zona de guerra. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para garantizar que los marinos tengan derecho a ser repatriados en las circunstancias previstas en el artículo 2, párrafo 1, e) — es decir, cuando el armador no puede seguir con sus obligaciones legales o contractuales como empleador del marino a causa de quiebra, venta del buque, o por cualquier otro modo análogo, y en el artículo 2, párrafo 1, f) — es decir, cuando un buque se dirija hacia una zona de guerra a la cual el marino no consienta ir. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el artículo 204, IX, de la Ley Federal del Trabajo garantiza la repatriación, sin importar la causa. Sin embargo, la Comisión lamenta observar que dicho artículo excluye del ámbito de la garantía las situaciones de separación por causas que no son imputables al patrón, las cuales pueden incluir los casos enumerados en el artículo 2, párrafo 1, e) y f). Dado que el artículo 204, IX, de la Ley Federal del Trabajo no da efecto de manera apropiada al artículo 2, párrafo 1, e) y f), la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para garantizar la obligación de repatriación a cargo del armador prevista en el artículo 2, párrafo 1, e) y f).

Artículo 2, párrafo 1, g). Repatriación en caso de terminación o interrupción del empleo como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la ausencia de disposiciones de la legislación nacional relativas al derecho a la repatriación en caso de interrupción o terminación del empleo como consecuencia de un laudo arbitral o de un convenio colectivo. La Comisión toma nota de que al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la Comisión lamenta observar que dicho artículo sólo garantiza la repatriación en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque. Por lo tanto, no cubre los casos de terminación o interrupción del empleo debidos a un laudo arbitral o un convenio colectivo. Dado que el artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo no da efecto de manera apropiada al artículo 2, párrafo 1, g), la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para garantizar la obligación de repatriación a cargo del armador prevista en el artículo 2, párrafo 1, g), del Convenio.

Artículo 2, párrafo 2. Duración máxima del servicio. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la inexistencia de disposiciones relativas a la duración máxima del servicio a bordo que da derecho a la repatriación. La Comisión lamenta tomar nota de que al respecto, el Gobierno se refiere a los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y al artículo 133 de la Constitución. La Comisión recuerda que el artículo 2, párrafo 2 requiere que la legislación nacional o los convenios colectivos prescriban la duración máxima del servicio a bordo al término del cual el marino tiene derecho a la repatriación. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas apropiadas para que dicha duración sea prescrita por la legislación nacional o los convenios colectivos.

Artículo 3. Destinos de la repatriación. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno la falta de disposiciones que establezcan el derecho de los marinos a elegir entre diferentes puntos de destino para la repatriación. La Comisión toma nota de que al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. La Comisión lamenta observar que dicho artículo sólo cubre las repatriaciones en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque, y no permite que en tales situaciones los marinos puedan elegir entre diferentes puntos de destinos. La Comisión lamenta tomar nota de que al respecto, el Gobierno indica que los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 133 de la Constitución dan cumplimiento al artículo 3. La Comisión recuerda sin embargo que el artículo 3, párrafo 1, requiere que la legislación nacional prescriba los puntos de destino a los cuales podrá repatriarse a la gente de mar. Por lo tanto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte la legislación necesaria para dar efecto al artículo 3.

Artículos 4 y 5. Responsabilidad del armador de organizar la repatriación. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación, por parte del armador, de organizar la repatriación por medios rápidos y apropiados. La Comisión toma nota de que, al respecto, el Gobierno se refiere al artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo. La Comisión observa sin embargo que dicho artículo garantiza la repatriación sólo en casos de pérdida del buque por apresamiento o siniestro, y en casos de cambio de nacionalidad del buque. La Comisión lamenta observar que dichas disposiciones no cubren todos los casos de repatriación contemplados en el Convenio, no precisan lo que debe incluirse en los gastos de repatriación enumerados en el artículo 4 ni aclaran cómo se organiza la repatriación cuando el armador no toma las disposiciones necesarias de conformidad con lo previsto en el artículo 5. Dado que el artículo 209, V y VI, de la Ley Federal del Trabajo no dan efecto de manera apropiada a los artículos 4 y 5 del Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para asegurar que la repatriación se organice de conformidad con lo establecido en el Convenio.

Artículo 6. Pasaporte y otros documentos de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que especificara cómo se garantiza que los marinos que van a ser repatriados puedan disponer de su pasaporte y otros documentos de identidad. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al respecto a la responsabilidad del Instituto Nacional de Migración (INM) de realizar las gestiones relativas a la entrada en los países de repatriación. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión recuerda que el artículo 6 aspira a proteger a los marinos contra situaciones en las cuales éstos se ven obligados a entregar su pasaporte al armador, capitán o agencia de empleo, con lo que podrían quedar sin documento de identidad al momento de la repatriación. La Comisión pide por lo tanto una vez más al Gobierno que aclare cómo se garantiza que los marinos puedan disponer de su pasaporte y otros documentos de identidad para fines de repatriación.

Artículo 7. Vacaciones retribuidas. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló al Gobierno que la legislación nacional no contiene disposición alguna que garantice que el tiempo invertido en espera de la repatriación y en la duración del viaje no sea descontado de los días de vacaciones remuneradas que el marino hubiese adquirido. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la aplicación directa del Convenio e indica que los artículos 6 y 18 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 133 de la Constitución dan aplicación al artículo 7. La Comisión toma nota de esta información que responde a sus requerimientos anteriores.

Artículo 12. Disponibilidad del texto del Convenio en el idioma apropiado. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cómo se garantiza que el Convenio sea puesto a disposición de los miembros de la tripulación en todo buque matriculado en su territorio en un idioma apropiado. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se consultará con la Dirección General de Marina Mercante de la SCT sobre la posibilidad de que esa autoridad difunda el texto del Convenio, en inglés y en español, a los miembros de la tripulación de todo buque dedicado a la navegación marítima matriculado en el territorio de México. La Comisión pide al Gobierno que, tras haber consultado a la Dirección General de Marina Mercante de la SCT proporcione información actualizada sobre la aplicación de esta disposición del Convenio.