Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

La Comisión toma nota de las memorias enviadas por el Gobierno.

Cuestiones derivadas de la situación de los trabajadores haitianos en la República Dominicana, que guardan relación con la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso. En su observación anterior, la Comisión había invitado al Gobierno a que presentase información sobre la labor de la Comisión mixta bilateral en lo que respecta a las condiciones de contratación de trabajadores haitianos para la zafra. También había invitado al Gobierno a que comunicase los progresos realizados con respecto a la regularización del estatuto de los trabajadores haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana.

Continuando sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información relativa a la zafra, que tuvo lugar desde noviembre de 1998 a junio de 1999. El Gobierno se refiere a los contratos, establecidos en español y creole, concertados con nacionales haitianos establecidos en el país y los que legalmente entraron en el país para la zafra. Se contrató a un total de 12.041 trabajadores. Se destinaron directamente seis inspectores del trabajo para ocuparse de la inspección en las seis plantaciones objeto de la campaña, y de la supervisión de las horas trabajadas y del pago de los salarios.

Pese al establecimiento de la Comisión mixta bilateral constituida por representantes de ambos Estados para examinar los diversos aspectos de las relaciones República Dominicana-Haití, el Gobierno indica que aún no ha sido posible llegar a un acuerdo para regular las condiciones de contrata de los trabajadores haitianos. Sólo se han permitido visitas a Haití de funcionarios de alto rango para proceder a un intercambio inicial de ideas básicas con respecto a la migración de mano de obra entre los dos países.

Con arreglo a la información que emana de la Dirección General de Migración, hay aproximadamente 400.000 haitianos que viven en la República Dominicana. De éstos sólo 1.862 poseen documentos de residencia regulares. Como los emigrantes haitianos temen ser repatriados, y muchos de ellos carecen de documentos de identificación, se resisten a todo censo exhaustivo, lo que a su vez impide su regularización.

Se ha iniciado en la provincia de Valverde un programa piloto a cargo de la Dirección General de Migración, que tiene por finalidad determinar con los empleadores sus necesidades de trabajadores suplementarios. Como resultado de ello, se han expedido a más de 3.000 haitianos permisos de trabajo y permisos de residencia provisional para seis meses. Expirado ese período, estos trabajadores volverán a su país y no se les autorizará a retornar a la República Dominicana durante dos meses. El programa debería extenderse a otras partes del país.

El Gobierno indica además que todos los ingenios azucareros han sido privatizados, que el número de trabajadores empleados para las zafras ha disminuido radicalmente, y que numerosos trabajadores migrantes de nacionalidad haitiana trabajan en la actualidad en el sector de la construcción y en la agricultura. La Dirección General de Migración participa activamente en la búsqueda de soluciones satisfactorias, y está dirigiendo un programa piloto para expedir permisos de trabajo y permisos de residencia provisional a un número limitado de trabajadores haitianos durante un tiempo también limitado, teniendo en cuenta las necesidades de los empleadores en cuanto a trabajadores suplementarios. Finalmente el programa debería hacerse extensivo a otras partes del país.

La Comisión toma debida nota de esta información. Con respecto a la privatización de los ingenios azucareros, la Comisión observa que el Gobierno sigue teniendo la responsabilidad de asegurar el cumplimiento, en todo el territorio nacional, de este Convenio, así como del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), también ratificado por la República Dominicana. La Comisión lamenta que la Comisión mixta bilateral haya hecho pocos progresos e invita al Gobierno a que siga dando información sobre la labor de este Comité en lo que respecta a las condiciones de contratación de los trabajadores para la zafra.

La Comisión toma asimismo nota de que, pese a los esfuerzos desplegados para regularizar el estatuto de los haitianos que trabajan y viven en la República Dominicana, las medidas se encuentran aún en una fase incipiente. La Comisión ha venido señalando desde hace muchos años que la aplicación del Convenio se ve afectada por la incertidumbre sobre el estatuto legal de muchos trabajadores, ya que esa incertidumbre hace a los trabajadores más vulnerables y puede dar origen a abusos y prácticas que menoscaban los derechos que protege el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno dará efecto a las recomendaciones que ella ha venido haciendo desde hace algún tiempo con respecto a la regularización del estatuto de los trabajadores haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana, y que dará cuenta de los progresos hechos al respecto.