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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - El Salvador (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C142

Observación
  1. 2008
  2. 2003
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2013
  4. 2012
  5. 1998

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Aplicación de políticas y programas de orientación y formación profesionales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que termina en junio de 2008 que incluye respuestas detalladas a los puntos planteados en la observación de 2003. El Gobierno agrega un estudio sobre las necesidades de capacitación en las regiones occidental, central y para-central, efectuado en noviembre de 2004. En junio de 2006, se ha iniciado un proyecto de formación e inserción laboral ejecutado con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Dicho proyecto pretende diseñar y poner en marcha programas de formación con criterios de pertinencia y calidad estandarizados, desconcentrar la información disponible en el Observatorio del Mercado Laboral, establecer la homologación de la formación ocupacional a nivel centroamericano y ampliar la cobertura del territorio nacional por parte de los servicios públicos del empleo. El Gobierno informa también que se capacitaron 195.310 personas entre junio de 2007 y mayo de 2008, de los cuales 167.504 son trabajadores activos y 27.905 capacitados en el marco de programas dirigidos a desempleados, subempleados y jóvenes. El Gobierno informa también sobre el Programa de Habilitación para el Trabajo (HABIL) y el Programa Empresa-Centro, particularmente destinados a jóvenes de 16 a 25 años. La Comisión espera que en su próximo examen podrá contar con información actualizada que permita seguir conociendo la manera en que se ha ampliado el sistema de orientación profesional y asegurado una coordinación eficaz entre las oficinas de empleo del Ministerio de Trabajo y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFOR). En particular, la Comisión apreciaría conocer si se ha logrado definir con mayor precisión el Sistema Nacional de Formación Profesional y recibir informaciones actualizadas sobre los programas ejecutados con la participación de los interlocutores sociales para continuar asegurando la aplicación del Convenio.

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