Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Acceso a la función pública. Legislación. Desde hace varios años, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar el artículo 14, 2), de la Ley núm. 92-570, de 1992, que establece el Estatuto General de la Función Pública, a fin de garantizar su conformidad con el Convenio. En efecto, este artículo prevé que «existen modalidades específicas que, debido a determinadas condiciones de aptitud física o a obligaciones inherentes a ciertas funciones, permiten reservar el acceso [a la función pública] a candidatos de uno u otro sexo». La Comisión, si bien toma nota de que en un principio la intención del Gobierno no era establecer una discriminación entre los sexos, considera que esta disposición, una excepción al párrafo 1, del artículo 14 del estatuto que prohíbe toda distinción por motivos de género, permite reservar el acceso a ciertos puestos sea a los hombres o sea a las mujeres. La Comisión estima asimismo que el criterio vinculado a las «condiciones de aptitud física» expresado en términos generales puede limitar el acceso de las mujeres a la función pública, que sólo representan, según los datos proporcionados por el Gobierno, a cerca del 27 por ciento de los efectivos. La Comisión desea recordar que para no ser consideradas discriminatorias en el sentido del artículo 1, 2), del Convenio, las excepciones deben limitarse estrictamente a determinados empleos o basadas en las exigencias inherentes a esos empleos. Al tomar nota de que el Gobierno indica que la derogación del artículo 14, 2), del Estatuto General de la Función Pública podría inscribirse en el marco de una eventual revisión total del mencionado estatuto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar esta disposición a fin de ponerla en conformidad con el Convenio. A la espera de esa revisión, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación del artículo 14, 2), en la práctica, señalando, en particular, los puestos y las funciones afectadas, así como sus repercusiones sobre el empleo de la mujer en la función pública.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.