La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión lamentó tomar nota de que no se habían tomado medidas para dar seguimiento a la asistencia técnica proporcionada por la Oficina en diciembre de 2019.

Asimismo, la Comisión tomó nota de los problemas de larga data relativos al cumplimiento del Convenio en el Ecuador.

La Comisión instó al Gobierno a que tome medidas para fomentar un entorno que permita el pleno disfrute del derecho de los trabajadores y los empleadores a la libertad sindical. La Comisión tomó nota de que tanto el Gobierno como los interlocutores sociales plantearon la importancia de la reforma de la legislación laboral. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno aproveche esta oportunidad para adecuar plenamente su legislación y su práctica al Convenio en consulta con los interlocutores sociales.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas efectivas y con plazos definidos, en consulta con los interlocutores sociales, para:

- garantizar el pleno respeto del derecho de los trabajadores, incluidos los funcionarios, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, para la defensa colectiva de sus intereses, incluida la protección frente a la disolución o suspensión administrativa;

- enmendar la legislación para garantizar que las consecuencias de cualquier retraso en convocar elecciones sindicales se establezcan en los estatutos de las propias organizaciones;

- asegurar el registro de la Unión Nacional de Educadores (UNE);

- hacer efectiva la hoja de ruta presentada en diciembre de 2019 por la misión de asistencia técnica de la OIT, e

- iniciar un proceso de consulta con los interlocutores sociales para reformar el marco legislativo actual con el fin de reforzar la coherencia y hacer que toda la legislación pertinente se ajuste al Convenio.

La Comisión invita al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión pide al Gobierno que acepte una misión de contactos directos.

La Comisión pide al Gobierno que presente a la Comisión de Expertos antes del 1.º de septiembre de 2022 una memoria, elaborada en consulta con los interlocutores sociales, que contenga información sobre la aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica.

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales del representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

Teniendo en cuenta los puntos de vista expresados, la Comisión pidió al Gobierno del Ecuador que:

- garantice el pleno respeto del derecho de los funcionarios públicos de constituir las organizaciones que estimen convenientes para la defensa colectiva de sus intereses, incluida la protección en relación a la disolución o suspensión administrativa;

- revoque la decisión de disolver la UNE y permita el libre funcionamiento de la organización sindical;

- enmiende la legislación para garantizar que sean los propios estatutos de las organizaciones los que definan las consecuencias de una eventual mora electoral, e

- inicie un procedimiento de consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas con miras a identificar la manera en que habría que enmendar el marco legislativo actual para poner toda la legislación pertinente de conformidad con el Convenio núm. 87.

La Comisión invitó al Gobierno a considerar la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT en relación con el proceso de reforma legislativa. Asimismo, la Comisión invitó al Gobierno a que informe a la Comisión de Expertos en 2017 sobre los progresos realizados con respecto a las recomendaciones mencionadas anteriormente.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1998, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Un representante gubernamental, Ministro de Trabajo, agradeció la posibilidad de dirigirse a la Comisión de la Conferencia y afirmó que en Ecuador no existen problemas de violaciones de los derechos de los trabajadores. El Estado respeta y garantiza los derechos sindicales, y existen mesas de concertación que dejan constancia del respeto al derecho de asociación. Refiriéndose a los proyectos de ley elaborados por la misión de asistencia técnica que visitó Ecuador en 1997, y a los que hace referencia el informe de la Comisión de Expertos, manifestó lo siguiente:

-- en lo que respecta a la modificación solicitada de la ley de servicio civil y carrera administrativa para que los funcionarios públicos puedan formar organizaciones sindicales, subrayó que los trabajadores en cuestión ya gozan del derecho de asociación. Lo que sucede es que en Ecuador existe una superposición legislativa entre la ley de servicio civil y carrera administrativa, y el Código del Trabajo. La ley de servicio civil y carrera administrativa brinda mayor protección a los trabajadores cubiertos por ella que el Código del Trabajo a otros trabajadores, y si se llevara a cabo la modificación solicitada, ello significaría un retroceso. Invitó a que una comisión se dirija al país para hacer un análisis de carácter jurídico para que se confirme que existe una superposición de derechos;

-- en cuanto a la derogación del inciso g) del artículo 60 de la ley de servicio civil y carrera administrativa que prohíbe a los funcionaros públicos declarar huelgas, apoyar o intervenir en las mismas o formar sindicatos, indicó que la Constitución Política de Ecuador garantiza la existencia de sindicatos y que lo que se prevé es que sólo exista un sindicato por institución estatal, lo que no implica que los trabajadores no gocen del derecho de asociación. En lo que respecta al derecho de huelga, manifestó que si se autorizan las huelgas en el sector público, se perjudica la mayoría por una minoría, ya que no se trata de equilibrar las fuerzas en los trabajadores y los empleadores como en el sector privado. Los trabajadores gozan del derecho de huelga dentro del marco que se permite y existe una mediación laboral forzosa para resolver los problemas. Consideró que una misión podría realizar un análisis de la realidad y constatar que en este caso también existe una superposición de instituciones jurídicas;

-- en lo que respecta a la modificación solicitada del artículo 441 del Código del Trabajo de manera que el sindicato o asociación en cuestión pueda rendir ante la Justicia un caso de negativa de su registro, indicó que el Código del Trabajo prevé que si en un plazo de 30 días el Ministerio de Trabajo no se pronuncia sobre una solicitud de registro, la misma quedará registrada de oficio. La modificación propuesta es una traba al derecho de asociación;

-- en cuanto a la modificación del inciso 11 del artículo 443 del Código del Trabajo, para que las organizaciones de grado superior disfruten del derecho a expresar sus opiniones sobre la política social y económica del Gobierno, manifestó que no existe un sindicato que no tenga en sus estatutos una disposición al respecto y que todos pueden brindar sus opiniones en Ecuador. No existe la necesidad de normas al respecto dado que este derecho se reconoce en la Constitución Política;

-- en lo que respecta al requisito de ser ecuatoriano para poder formar parte de una directiva (artículo 455, inciso 4.o), manifestó que se reconoce en Ecuador el derecho al trabajo a todas las personas y que no sabe si el derecho al trabajo es una garantía laboral o política. Habría que realizar un estudio al respecto;

-- en cuanto a la modificación del artículo 461 del Código del Trabajo sobre la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, indicó que no es necesario recurrir a una instancia jurídico-contenciosa, y que debe utilizarse la vía administrativa prevista;

-- en lo que respecta a la cuestión de los servicios mínimos en caso de huelga (artículo 69 de la ley núm. 133), manifestó que habría que encontrar un texto más claro al que se propuso como modificación;

-- en cuanto a la derogación del decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967 sobre paros y huelgas ilegales, indicó que en virtud de la redacción del mismo y la confusión existente entre los términos paros y huelgas, este decreto es inaplicable y cae en caducidad. Jamás ha sido aplicado por contradictorio. Se han hecho gestiones ante el Congreso para que se derogue pero no se han obtenido resultados positivos, por lo que se interpondrá una acción de amparo para que la justicia se pronuncie y lo declare inconstitucional;

-- en cuanto a la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores para constituir asociaciones o comités de empresas, indicó que es necesario que una comisión realice un estudio cuantitativo con estadísticas para determinar cuál es el número que debe servir de base;

-- en lo que respecta a la necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las Fuerzas Armadas gocen del derecho de sindicación, manifestó que debe realizarse un estudio de los casos mencionados por la Comisión de Expertos;

-- en cuanto a la estabilidad de los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 65 de la ley núm. 133), indicó que no existe en Ecuador la posibilidad de despedir a los trabajadores que se someten a las disposiciones de la huelga solidaria;

-- en lo que respecta a la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 491 del Código del Trabajo), señaló que no existe tal denegación en la legislación. La posibilidad de que el comité de empresa pueda declarar la huelga en virtud de lo dispuesto en el Código del Trabajo no es denegar implícitamente. Si no hay comité de empresa no se conculca el derecho de huelga; la mitad más uno de los trabajadores de la empresa puede declarar la huelga;

-- por último, manifestó que el Gobierno de Ecuador está dispuesto a cumplir con los convenios ratificados.

Los miembros empleadores subrayaron que el representante gubernamental trató, de manera extraña, hacer creer a la Comisión que la legislación estaba en conformidad con las exigencias del Convenio núm. 87. En lo que respecta al informe de la Comisión de Expertos, observaron que el representante gubernamental no había conseguido demostrar la conformidad de la legislación nacional con el Convenio. Durante una misión de la OIT en 1997, se prepararon dos proyectos de ley que contenían modificaciones o preveían la abrogación de textos legislativos de conformidad con los comentarios de la Comisión de Expertos. Estos constituyen un enfoque positivo para poner la legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio. El contenido de estos proyectos ha sido objeto de un comentario detallado en el informe de la Comisión de Expertos; esencialmente se trata de la creación de sindicatos y de su registro pero también de la libertad de crear su propio sindicato, de administrarlo y de expresar de manera pacífica las opiniones sindicales sobre la política económica y social del Gobierno. Hicieron observar igualmente que debería haberse establecido un sistema de control.

La cuestión del derecho de huelga ha sido ya objeto de discusiones y no es necesario un debate suplementario en la medida en que la posición de los empleadores era diferente a la de la Comisión de Expertos. Sin embargo no han objetado el derecho del Estado a adoptar la posición de la Comisión de Expertos en la materia. Es evidente que la legislación debe ser modificada y es sorprendente que estos proyectos de ley no se hayan mencionado en la memoria del Gobierno. En cambio el representante gubernamental ha querido mostrar que no era necesario modificar la legislación que a juicio de los miembros empleadores representaría una mejora.

Expresaron su acuerdo con la posición de la Comisión de Expertos salvo lo relativo al derecho de huelga, que consiste en que la libertad sindical y el derecho de organización sindical no existen en este país y que son necesarias modificaciones legislativas. Concluyeron que la Comisión debía mostrarse firme hacia el Gobierno. Por consiguiente se debería incitar al Gobierno a que revise la legislación en vigor con objeto de que se introduzcan modificaciones urgentemente.

Los miembros trabajadores dieron las gracias al representante gubernamental por la información comunicada y le recordaron que este caso había sido discutido por la Comisión de la Conferencia y en numerosas ocasiones, en 1985, 1987, 1988, 1992 y 1993. Varios de los temas tratados por la Comisión de Expertos figuraban ya en su informe desde hace tiempo e incluso han sido objeto de párrafos especiales (1988 y 1989). Desde entonces visitaron el país varias misiones de contactos directos y misiones técnicas de la OIT para contribuir a poner la legislación en conformidad con el Convenio. Se lograron progresos muy parciales en 1991 con motivo de la adopción de la ley núm. 133, que introduce enmiendas en el Código del Trabajo. No obstante, subsisten divergencias muy importantes entre la legislación y la práctica por una parte, y el Convenio por otra. Esta fue la razón por la cual esta Comisión había discutido el caso en 1993. Desde entonces, una nueva misión de asistencia técnica de la OIT visitó el país del 4 al 8 de septiembre de 1997. Esta misión contribuyó a elaborar dos proyectos de ley tendentes a mejorar la conformidad de la legislación con el Convenio, pero los miembros trabajadores observan, como la Comisión de Expertos, que el Gobierno no hace mención de ellos. Lo que es aún más grave es que el Gobierno nos informa en su memoria que varios proyectos de ley de 1989 han sido reactivados y presentados al Congreso. Se trata verdaderamente de una vuelta atrás. Indicaron que no aceptan este tipo de actitud. La misma ilustra una falta de auténtica voluntad política de colaborar con los órganos de control. La Comisión en su conjunto ha reaccionado contra tal proceder. La asistencia técnica y las misiones de contactos directos de la OIT no deben ser utilizados para ganar tiempo. Con esta asistencia se pretende promover la aplicación de los convenios mediante un análisis profundizado de los problemas y la búsqueda y aplicación de soluciones eficaces. Subrayaron que las divergencias entre la legislación y la práctica por una parte y el Convenio núm. 87 se refieren a cuestiones muy importantes. Estas cuestiones figuran en el informe de la Comisión de Expertos. Se trata en particular: de la negación de la libertad sindical a los funcionarios y trabajadores civiles de las fuerzas armadas; la falta de recursos eficaces e independientes contra la negativa a la inscripción de un sindicato; el elevado número de miembros necesario para crear un sindicato, cuestión sumamente preocupante en un sistema de sindicato de empresa; las importantes limitaciones al derecho a formular acciones, comprendido el derecho de recurrir a la huelga, por las federaciones y confederaciones; y la disolución administrativa de los sindicatos. Si la Comisión de Expertos no observa ningún progreso real antes de su próxima reunión, en particular mediante la presentación y adopción por el Congreso Nacional de los proyectos de ley elaborados en septiembre de 1997 y por textos complementarios, esta Comisión se verá obligada a tratar de nuevo este caso el año próximo, y los miembros trabajadores pedirán en ese momento, es decir en la Conferencia de 1999, que en nuestro informe se redacten y reflejen de otra manera las conclusiones. Los miembros trabajadores pidieron que las conclusiones reflejen las preocupaciones y las posiciones expresadas.

El miembro trabajador de Ecuador manifestó su plena conformidad con las observaciones de la Comisión de Expertos y agradeció la presencia del Ministro de Trabajo de su país. Indicó que tras muchos años el Gobierno de Ecuador ha sido objeto de observaciones, comentarios y solicitudes directas por parte de la Comisión y los órganos de control para que se ponga la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio núm. 87. Ante estos requerimientos, el Gobierno prometió en reiteradas ocasiones tomar las medidas necesarias para llevar a cabo las reformas legales necesarias. Recordó que hasta 1990 las observaciones de la Comisión de Expertos se referían a las siguientes disposiciones legales: la prohibición a los servidores públicos de constituir sindicatos, celebrar convenios colectivos y declarar la huelga; la prohibición a los sindicatos de intervenir en actos de política partidista o religiosa; la exigencia de ser ecuatoriano para integrar la directiva de los comités de empresa; la disolución por vía administrativa de los comités de empresa; el decreto núm. 105 que impone penas de prisión a los autores de paros y huelgas; y la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones. El desacato del Gobierno a los compromisos adquiridos dio lugar a que se mencionara a Ecuador en párrafos especiales en los años 1983, 1988 y 1989. Por su parte, la OIT ha prestado la colaboración solicitada por el Gobierno a través del envío de dos misiones de contactos directos en 1985 y 1989, así como a través de la misión de asistencia técnica mencionada por la Comisión de Expertos en su informe. El Gobierno ha hecho caso omiso de las recomendaciones formuladas por las misiones y, contrariamente a los progresos que se esperaban, se han adoptado nuevas disposiciones legislativas que han agravado la situación, por medio de procedimientos que ponen en entredicho la seriedad y credibilidad del Gobierno ante la Comisión de la Conferencia. En su memoria del año 1991, el Gobierno señaló que se habían remitido al Congreso seis proyectos de ley, entre los cuales se encontraban los relativos a la modificación de la legislación para ponerla en conformidad con el Convenio núm. 87, pero sin embargo pocos meses después de haberse enviado la memoria el Gobierno dictó la ley núm. 133, que contiene disposiciones que violan los principios de la libertad sindical y la negociación colectiva. Las disposiciones de esta ley originaron comentarios de parte de la Comisión de la Conferencia en 1992. Concretamente se refieren al incremento del número de 20 a 30 trabajadores necesarios para formar un sindicato de empresa (en Ecuador, el 60 por ciento de las empresas tiene un número de trabajadores inferior a 30); la exigencia de notificación con 20 días de anticipación de la declaración de la huelga; y la obligación de que en esas empresas continúe trabajando un número mínimo de trabajadores, que será fijado por el Ministerio de Trabajo si las partes no lo acordaran, implicando esto que en el sector público el Ministerio se convierte en juez y parte.

Mientras que en las sucesivas memorias comunicadas por el Gobierno se informa que se ha insistido ante el Congreso para que se dé trámite a los proyectos de ley mencionados, durante los meses de enero, junio y julio de 1996 se incorporó a la Constitución política la restricción de que los servidores públicos puedan constituir sindicatos, negociar contratos colectivos y declarar huelgas. Asimismo, se incorporó una disposición que estipula que "para todos los efectos de las relaciones laborales en las entidades del sector público, el sector laboral estará representado por una sola organización laboral". Además, en el mes de septiembre de 1997 el Ministro de Trabajo nuevamente solicitó al Congreso que se trataran los seis proyectos presentados en 1990, uno de los cuales prevé la derogación del decreto núm. 105 mencionado. Indicó que, contrariamente a lo manifestado por el Ministro de Trabajo, el decreto núm. 105 ha sido aplicado a dirigentes sindicales en noviembre de 1997. Además, informó que el 21 de noviembre del mismo año el mencionado decreto se elevó a la categoría de disposición constitucional, previéndose la posibilidad de imponerse sanciones penales en caso de paralización de actividades. De los hechos descritos se desprende que no existe la voluntad política del Gobierno para respetar el Convenio núm. 87, acogiendo las recomendaciones, comentarios y observaciones de la Comisión de la Conferencia. En lugar de progresos, se han constatado retrocesos, habiéndose invertido por parte de la OIT considerables recursos humanos y económicos, sin obtener los resultados esperados. La Comisión de la Conferencia ha tenido una paciencia y tolerancia ilimitadas y, de permitir que subsista esta situación, se pondrá en riesgo la eficiencia de los sistemas y órganos de control de la OIT. Por último, solicitó que se adoptaran las medidas adecuadas para insistir ante el Gobierno del Ecuador para que reforme la Constitución y las leyes que están en contradicción con las disposiciones del Convenio núm. 87.

El miembro trabajador de Argentina manifestó que el informe de la Comisión de Expertos realiza un pormenorizado análisis de los proyectos de ley orientados a modificar la ley de servicio civil y el Código del Trabajo. Si bien el Gobierno en su memoria insiste en que ha reactivado el tratamiento de estos proyectos de ley, por otra parte, en noviembre pasado una sesión extraordinaria del Congreso aprobó una enmienda a la Constitución prohibiendo la huelga en sectores públicos esenciales, inclusive en las escuelas. Si a ello agregamos que los trabajadores públicos no pueden constituir sindicatos y aquellos que lo pueden han visto modificados por una ley de 1991 el número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato; la privación de estabilidad para los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad y la negativa implícita de ejercer el derecho de huelga a federaciones y confederaciones, se puede afirmar que no hay avances en la modificación de una legislación que impide el pleno ejercicio de la libertad sindical. Por ello, apoyó las legítimas reclamaciones de los trabajadores de Ecuador y de sus representantes sindicales.

El miembro trabajador de los Estados Unidos señaló que Ecuador fue citado en párrafos especiales por esta Comisión por violaciones de los Convenios núms. 97, 98 y 105 los años 1987, 1988 y 1989 y que la OIT había enviado misiones de contactos directos a ese país en 1985 y 1989. Como indica el informe más reciente de la Comisión de Expertos, en septiembre de 1997 otra misión de la OIT visitó Ecuador para tratar la cuestión del cumplimiento del Convenio núm. 87. Si se consideran estos hechos en su totalidad, se observa que las violaciones del Convenio núm. 87 parecen ser constantes, y la situación podría incluso empeorar si se tienen en cuenta ciertos aspectos del sistema de derecho laboral ecuatoriano. La Comisión de Expertos afirma en su informe que en septiembre de 1997 se redactaron en Ecuador dos proyectos de ley. Uno de ellos hubiera mejorado los derechos sindicales de los funcionarios públicos y les hubiera dado el derecho a la huelga al modificar ciertos artículos de la ley del servicio civil y carrera administrativa. El segundo proyecto hubiera suprimido el requisito de poseer la ciudadanía ecuatoriana para poder ser elegido dirigente sindical, y hubiera suprimido también la responsabilidad penal individual en casos de huelgas supuestamente ilegales. Pero ninguno de estos proyectos de ley llegó a promulgarse, y la Comisión de Expertos había expresado ya su sorpresa porque el Gobierno ni siquiera había mencionado estas propuestas en una memoria. Además, en su declaración a la Comisión, el representante gubernamental no hizo referencia a la promulgación de alguna nueva legislación.

En todo caso, incluso si estos dos proyectos de ley fuesen a entrar en vigor en un próximo futuro, no remediarían tampoco algunas de las violaciones más fundamentales de los principios de la libertad sindical. Más concretamente, el primer proyecto de ley que hubiera modificado la ley del servicio civil y carrera administrativa conserva una definición muy amplia y vaga de lo que son servicios esenciales donde el derecho de huelga podría prohibirse. Más aún, la segunda modificación del párrafo 11 del artículo 443 del Código del Trabajo del segundo proyecto de ley que permitiría a las organizaciones y líderes sindicales expresar pacíficamente sus opiniones con respecto a las políticas económicas y sociales del Gobierno, pero no los autoriza a participar en campañas políticas, privaría a los trabajadores de una de las formas más fundamentales de expresión y asociación libres. Por último, los dos proyectos de ley, aunque fuesen promulgados, serían enteramente anulados por otras disposiciones constitucionales y estatutarias que violan totalmente los derechos de asociación. Por ejemplo, en noviembre de 1997, el cuerpo legislativo del Gobierno de Ecuador, reunido en sesión extraordinaria del Congreso, aprobó enmiendas constitucionales que prohíben las huelgas en los servicios públicos clave, incluidas las escuelas. Además, el artículo 49 de la Constitución de Ecuador prohíbe expresamente la huelga en los sectores de la energía eléctrica, el agua, la atención de salud, la industria de transformación, el transporte y distribución de combustibles, la enseñanza, el transporte público y las comunicaciones. Además, la legislación propuesta no cambiaría la ley de 1991, por la que se aumentó el número de trabajadores legalmente necesario para constituir sindicatos y comités de empresa, pasando de 15 a 30. Evidentemente, esta ley fue aprobada para hacer aún más difícil la sindicación en las empresas pequeñas y medianas. Por último, instó al Gobierno a que tenga debidamente en cuenta lo que se ha dicho en la Comisión, y tome medidas para que se realicen los cambios necesarios en la Constitución y en la legislación para remediar todas las violaciones de la libertad sindical que se han señalado.

El miembro trabajador de España agradeció al Ministro por su presencia y por las explicaciones brindadas. Manifestó que del informe de la Comisión de Expertos surge que se elaboraron proyectos de ley que contienen ciertas mejoras en relación con la conformidad de la legislación de Ecuador con el Convenio núm. 87, pero que sin embargo el Gobierno no hace referencia en su memoria a estos proyectos. Manifestó que el Gobierno hizo referencia a otros proyectos, pero que luego decidió dejarlos de lado y adoptar un proyecto que empeora la situación. Señaló que esta actitud es un insulto a la inteligencia y que se ha dado un enorme paso hacia atrás. Indicó, por último, que consideraba que podía pedirse un párrafo especial en este caso.

El miembro trabajador de Colombia manifestó sus profundas preocupaciones en torno a la grave situación que en materia de libertad sindical enfrentan los trabajadores de Ecuador. Pese a los esfuerzos realizados por el Ministro del Ecuador, lo único que queda claro es que todo sigue bastante oscuro y que la legislación del país en mención no está en conformidad con los Convenios de la OIT sobre la materia. No obstante, vale la pena que la OIT suministre la asistencia técnica necesaria para evitar que en el futuro inmediato se esté en igual o en peores condiciones que las actuales. No es justo que se afirme aquí que la legislación de Ecuador se ajusta al Convenio pero al mismo tiempo se habla de proyectos de ley, lo cual obliga a pensar sobre la inexistencia de una política coherente sobre el caso que nos ocupa por parte del Gobierno. Indicó que compartía lo expresado por el portavoz de los trabajadores en el sentido de retomar el caso nuevamente el próximo año.

El miembro trabajador de Francia declaró que el discurso del delegado gubernamental de Ecuador no lo convenció en absoluto y que continúa persuadido de que el Convenio núm. 87 debe ser plenamente aplicado en Ecuador. Subrayó que la palabra "paro" existe en la Constitución ecuatoriana y estima que el tono de desprecio utilizado por el Ministro de Trabajo constituye una afrenta a esta Comisión. Consideró que la declaración del Ministro demuestra que las violaciones al Convenio núm. 87 son bien reales y que parecen agravarse. Una causa puede encontrarse en la lógica de las privatizaciones que prevalecen en Ecuador. Por último, se mostró tentado a solicitar la inscripción de un párrafo especial sobre este caso, pero manifestó estar de acuerdo para alinearse con lo expresado por el portavoz de los trabajadores que han expresado el deseo de que este caso sea discutido nuevamente el año próximo si no se constata progreso alguno.

El representante gubernamental agradeció la intervención de los oradores durante la discusión. Indicó que algunos oradores se habían referido a la disposición constitucional sobre la prohibición del derecho de huelga. Señaló que debe leerse detenidamente la Constitución y observar que no se habla de huelga sino de paralización de actividades. No hay una conculcación del derecho de huelga. Manifestó que en Ecuador existe la división de poderes, y que el Gobierno ejerce el poder ejecutivo. En este sentido, el poder ejecutivo ha solicitado en mayo de 1998 al Congreso que se traten los proyectos de ley mencionados para poner en conformidad la legislación con los convenios en materia de libertad sindical. Subrayó que ésa era la obligación del poder ejecutivo, y no la de legislar. Refiriéndose a los proyectos de ley elaborados durante la misión de asistencia técnica de 1997, indicó que los mismos no han sido realizados teniendo en cuenta la realidad jurídica vigente en Ecuador. Por último, indicó que el Gobierno de Ecuador quiere cumplir con todo lo que la OIT plantea en bien de los trabajadores y que no existen problemas en la relación obrero-patronal.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

El Gobierno ha comunicado las informaciones siguientes:

En relación a los comentarios de la Comisión de Expertos relativos a la ampliación del número mínimo de trabajadores para constituir organizaciones laborales (artículo 439 del Código del Trabajo), las reformas no han menoscabado las garantías previstas en este Convenio puesto que el derecho de sindicación tiene vigencia efectiva en el país. Al respecto, se informa que, según datos proporcionados por el Departamento de Organizaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, desde el 21 de noviembre de 1991 hasta el 15 de mayo de 1993 se han registrado un total de 87 organizaciones laborales en el país. De ellas 45 son sindicatos, 15 son comités de empresa, 24 son asociaciones y 3 federaciones.

En cuanto a la decisión por parte del Ministerio de Trabajo en caso de desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga (artículo sin número, añadido después del artículo 503 del Código del Trabajo), la norma en cuestión está en vigencia desde la promulgación de la Ley núm. 133 que reformó el Código del Trabajo el 21 de noviembre de 1991. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha presentado un solo caso en el cual las autoridades de trabajo hayan debido hacer uso de la facultad excepcional de servicios mínimos esenciales en caso de huelga declarada en instituciones que prestan servicios de interés público.

En lo que respecta a la tramitación de los proyectos de reformas del Código del Trabajo que fueron preparados por una misión de la OIT en diciembre de 1989, el Gobierno informa que ha reiterado la petición al actual Presidente del Congreso Nacional para que se tramiten en forma inmediata los proyectos de ley que armonizarían totalmente la legislación ecuatoriana con los convenios internacionales ratificados por el país, destacando el compromiso asumido por el Gobierno ante esta Comisión en junio del año pasado. Esta petición ha sido acompañada por el envío de una carpeta conteniendo antecedentes e información completa respecto a este asunto. Asimismo, se ha hecho llegar al Presidente de la Comisión Legislativa Permanente de lo Laboral y Social, una carpeta conteniendo la documentación relativa a las reformas propuestas. La respuesta del Presidente del Congreso Nacional expresa que ha dispuesto a la secretaría que se inicien los trámites correspondientes para que el Plenario de las Comisiones conozca los aludidos proyectos. Finalmente, el Gobierno reitera su decisión de armonizar plenamente la legislación nacional con los compromisos internacionales asumidos.

Además un representante gubernamental, el Ministro de Trabajo y de Recursos Humanos, precisó que su Gobierno estaba en el poder desde agosto de 1992, y que desde entonces se había consagrado al examen de las cuestiones objeto de los comentarios de la Comisión de Expertos. A este efecto, el asunto ha sido llevado ante el Parlamento por comunicación del 27 de abril de 1993 a fin de que los proyectos de ley de 1990 relativos a los Convenios núms. 87, 98, 105 y 111 sean examinados por aquél. Por otro lado, el Gobierno ha llamado la atención del Parlamento sobre la urgencia de aprobar los proyectos precitados. En lo que concierne a los mismos señaló que se ha hecho todo aquello que estaba en su poder para persuadir a las mayoría de los miembros del Parlamento a pronunciarse en favor de la adopción de las reformas propuestas, pero el resultado final es incierto por el hecho de que el Gobierno no dispone de la mayoría en un congreso heterogéneo compuesto de 17 partidos políticos. En lo que se refiere a la cuestión del cambio por 30 del número mínimo de trabajadores necesario para constituir una asociación sindical, subrayó que otros países del Pacto Andino tenían igualmente la exigencia legal de un número mínimo de trabajadores para la constitución de sindicatos (Perú, Bolivia, Venezuela, 20, y Colombia, 25) y por otra parte, que este Convenio no especifica el número mínimo a este fin. En todo caso, la constitución de sindicatos se ha proseguido normalmente desde la reforma legislativa de 1991, un total de 87 sindicatos han sido legalmente constituidos entre noviembre de 1991 y el 15 de mayo de 1993. La Comisión de Expertos considera no obstante que el número mínimo de 30 trabajadores, que sería admisible en el caso de sindicatos de industria, debería ser bajado en el caso de sindicatos de empresa, lo que el Gobierno estima problemático y no ha estudiado esta sugerencia pues no sería fácil determinar cuáles sindicatos son de industria y cuáles de empresa. A propósito de los servicios mínimos en caso de huelga, el Gobierno recordó que la reforma legislativa de 1991 había establecido un procedimiento en la materia y que este procedimiento es el que ha sido objeto de los comentarios mencionados, y no el mínimo de 20 por ciento de trabajadores requeridos para esos servicios. Precisó que el procedimiento precitado consiste en la obligación que tienen las partes interesadas de llegar a un acuerdo, en las 48 horas siguientes a la notificación de la huelga al empleador, sobre las modalidades del servicio mínimo en los servicios considerados como esenciales y, a falta de acuerdo, en la fijación de dichas modalidades por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, órgano tripartito, ya que el Presidente es el Director o el Subdirector de Trabajo. El Gobierno no ve como los órganos de control de la OIT pueden hacer objeciones al establecimiento de este procedimiento desde que ella reconoce inclusive el derecho de prohibir o limitar la huelga en los servicios públicos esenciales. En la práctica, la facultad en cuestión no ha sido ejercida desde la entrada en vigor de la reforma del Código del Trabajo, donde se establecen las modalidades del servicio mínimo por la intermediación de las Autoridades. Reiteró la determinación de su Gobierno de encontrar soluciones a los problemas señalados por la Comisión de Expertos.

Los miembros trabajadores señalaron lo largo del tiempo durante el cual el caso había sido examinado y la similitud de la declaración del Gobierno efectuada en 1992 y expresaron dudas acerca de la intención del Gobierno de hacer los cambios necesarios. Respecto al número mínimo de trabajadores para la formación de sindicatos, declararon que no era área del Gobierno tratar y evitar la multiplicidad de sindicatos. En el aspecto de los servicios mínimos en el caso de huelga, la legislación pertinente al órgano independiente que determina tales servicios deberá ser examinada por la Comisión de Expertos. Expresaron su decepción al ver que no se efectuaban acciones positivas en vista de todas las discrepancias existentes entre la legislación nacional y el Convenio. Pidieron que la OIT les comunicara los textos de los proyectos de ley mencionados por el Gobierno.

Los miembros empleadores señalaron que el Convenio no contempla criterios sobre el número mínimo de trabajadores para la formación de sindicatos o comités de empresa, y que el principio debería ser la libertad sindical. En lo concerniente a las huelgas estimaron que los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la relación entre los párrafos 1 y 2 del artículo 8 del Convenio, necesitaban ser más matizados. Apreciaron el reconocimiento de la Comisión de Expertos de la posibilidad de restringir o prohibir las huelgas en los servicios esenciales, los cuales en su opinión, deberían ser determinados por los actores sociales o por un foro apropiado del país. Estuvieron de acuerdo con los miembros trabajadores de que existían en varios aspectos discrepancias y manifestaron que esperaban una memoria detallada del Gobierno para examen de la Comisión de Expertos.

El miembro trabajador de Francia se interrogó sobre el objetivo de determinar un número mínimo de trabajadores para la formación de sindicatos. Consideró que el requisito del porcentaje mínimo de servicios esenciales atenta contra el derecho de huelga, y expresó dudas acerca de la intención del Gobierno de hacer cambios.

El miembro trabajador de Grecia recordó que las modificaciones al Código del Trabajo por la ley núm. 133 fue considerado por los miembros trabajadores de Ecuador, en la Comisión de 1992, como un paso atrás. Reclamó precisiones sobre la reforma concerniente a los cinco puntos mencionados por la Comisión de Expertos.

El miembro trabajador de Colombia puntualizó el peligro de dejar la definición de servicios esenciales sin precisar en la legislación y por consiguiente a discreción del Gobierno. Expresó su deseo de una mayor información sobre el contenido preciso del proyecto de legislación.

El representante gubernamental dio algunas precisiones suplementarias concernientes a los puntos mencionados por los expertos. Subrayó el derecho de los trabajadores del sector público a organizarse y afiliarse a los sindicatos de su elección, así como el de negociar libremente. Su Gobierno no ha hecho más que limitar ciertas aspiraciones exageradas que hubieran tenido por consecuencia reducir los recursos de las entidades del Estado de tal manera que ellas no estarían más en condiciones de cumplir sus funciones de servicios públicos. Sin embargo, no se ha dado jamás el caso de interferencias en el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y a negociar colectivamente. Otro aspecto trata de penas de prisión para los autores de paros y huelgas ilegales, es decir, aquellas en que los servicios públicos son parados totalmente. En cuanto a la exigencia de ser ecuatoriano para ser miembro del comité directivo de un comité de empresa, Señaló que esta exigencia tradicional en Ecuador puede ser derogada desde que una situación de reciprocidad exista en otro país. Por lo que concierne a la disolución de los comités de empresa, sólo los casos de los comités donde el número de miembros sea de menos de 25 por ciento del total de los trabajadores están concernidos por el artículo 461 del Código del Trabajo. En los otros casos, sólo una decisión judicial puede disolver un sindicato. El orador precisó que su Gobierno no ha tenido aún que disolver ningún comité de empresa por vía administrativa y que las reformas propuestas tratan este tema. Tratándose de sindicatos que cuentan con menos de 30 miembros, pero con más de 15 como lo exigía la legislación anterior, éstos pueden continuar ejerciendo sus actividades, porque la nueva ley no es retroactiva. En lo que concierne a la prohibición hecha a los sindicatos de intervenir en las actividades de los partidos políticos o de expresar posiciones sobre el plano religioso, esta prohibición está destinada a garantizar la libertad de opinión política como la libertad religiosa, es decir que los trabajadores no están obligados a compartir una opinión política o una creencia por estar afiliados a un sindicato donde ejercen sus actividades. Por otro lado, nada prohíbe a los sindicatos expresarse sobre puntos de política en general. Reafirmó el compromiso de su Gobierno para resolver los problemas en suspenso y subrayó que él mismo trabaja para que los proyectos de ley, que han sido elaborados con la ayuda de una misión de expertos de la OIT sean aprobadas por el Parlamento. Por ello, su Gobierno espera poder contar con el apoyo de los trabajadores ecuatorianos. Subrayó que todas las informaciones pertinentes y los textos de reformas propuestas desde 1990 han sido comunicadas a la OIT.

El miembro trabajador del Ecuador indicó que los proyectos de ley para dar curso a las observaciones de la Comisión de Expertos "reposaban" en el Congreso y que las organizaciones sindicales apoyarían todo proyecto que beneficie a los trabajadores. Añadió que se había introducido un recurso por inconstitucionalidad de la ley núm. 133. Por último, pidió que se tomaran medidas para evitar trabas a la constitución de sindicatos imputables a ciertos funcionarios y la parcialidad de éstos en los conflictos colectivos.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

El Gobierno ha comunicado las siguientes informaciones:

En relación con los comentarios de la Comisión, el Gobierno destaca que las reformas al Código del Trabajo aprobadas mediante ley núm. 133, fueron resultado de un largo proceso de discusión y debate nacional. Esta ley moderniza el Código de Trabajo de 1938 y responde a las necesidades que exige la realidad económica y comercial actual, pero sin perder de vista la intangibilidad de las garantías laborales contenidas en convenios internacionales.

La ley núm. 133 representa importantes avances en la protección a los intereses de los trabajadores. La ley prevé la inclusión de dos nuevos causales de huelga con el propósito de imprimir mayor seriedad a la relación laboral y proteger el derecho de petición preservando los derechos de los trabajadores frente a la posibilidad del desmantelamiento de su fuente de trabajo (artículo 63, numerales 6 y 7). Se incluye también el incremento de las multas impuestas generalmente a los empleadores por incumplimiento de la ley en favor de los trabajadores.

En la elaboración del Proyecto de Reformas se consideraron los puntos de vista expresados en reuniones previas tanto por los representantes de las cámaras de la producción como de los trabajadores organizados.

En el seno del Congreso Nacional le correspondió a la Comisión de lo Laboral y Social dar el trámite constitucional ordinario tanto al Proyecto de Reformas presentado por el Ejecutivo cuanto a los que ante dicho órgano presentaron el Frente Unitario de los Trabajadores, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas y dos diputados.

Las reformas pretenden constituirse en un instrumento de equilibrio y justicia en las relaciones laborales en cuanto rectifican procedimientos viciosos, dan agilidad y seguridad al ejercicio del derecho de petición y reclamación y mejoran el grado de protección individual a los trabajadores.

Ampliación del número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de organizaciones sindicales (artículos 53 y 55 de la ley núm. 133).

El Gobierno considera que el ejercicio del derecho de sindicalización no ha sido vulnerado por los artículos 53 y 55 de la ley núm. 133 que amplían el número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de organizaciones sindicales. En efecto, el artículo 8 primer párrafo del Convenio núm. 87, señala que al ejercer los derechos de sindicalización los trabajadores deben respetar las leyes. El instrumento internacional ha dejado, pues, en manos de cada país la determinación del número de acuerdo con la realidad nacional. Con base precisamente en la realidad económica, productiva y social del Ecuador, se hacía necesario revisar el requisito de número para la constitución de organizaciones de trabajadores pues la norma que regía hasta antes de las reformas, había sido adoptado en 1938 cuando el desarrollo industrial y laboral de principios de siglo era totalmente incipiente. Actualmente, el país marcha inmerso en un proceso regional y subregional de integración económica, industrial y arancelaria. Hasta el 30 de abril de 1992 se han constituido 41 organizaciones de trabajadores al amparo de la ley núm. 133. Asimismo es importante destacar que el legislador ha puesto especial cuidado en proteger los derechos adquiridos y la personería jurídica de las organizaciones constituidas con anterioridad a la vigencia de la citada ley incluyendo para tal efecto una disposición transitoria.

Decisión del Ministerio de Trabajo sobre prestación de servicios mínimos en caso de huelga (artículo 69 de la ley núm. 133).

El legislador ha considerado que es una obligación fundamental del Gobierno velar por la prestación de servicios mínimos esenciales en aquellos casos de huelgas en instituciones que prestan servicios de interés social o público. No se trata por tanto de una norma de aplicación general, sino de una disposición de excepción aplicable a las entidades que prestan servicios de interés social o público y dentro de este campo específico, es a su vez una disposición de excepción cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre dicho aspecto. Como antecedente, conviene señalar que desde 1991 el país ha sufrido en forma dramática los efectos de una grave epidemia de cólera que tornaba indispensable la prestación de servicios hospitalarios y de salud especialmente en zonas rurales pobres con deficiencias sanitarias. En estas condiciones se efectuaron sin embargo huelgas de trabajadores de la salud a nivel regional y nacional que paralizaron totalmente la prestación de atención médica ocasionando con ello no sólo pérdidas de vidas humanas afectadas por el cólera que no recibieron atención médica oportuna, sino también poniendo en gravísimo riesgo y emergencia a poblaciones privadas de este servicio público esencial. No cabe duda que la preservación del derecho a la vida y la salud de los ciudadanos es una obligación fundamental en cualquier sociedad y con mayor razón en aquellas que como la nuestra se debaten en los límites de la pobreza. Frente a esta realidad, el Gobierno debe necesariamente adoptar las medidas adecuadas para que, sin afectar los derechos a la reclamación y la huelga, se preserve una garantía mínima de atención en aquellos casos en que transcurrido el plazo de ley, las partes no se pusieren de acuerdo respecto a la prestación de servicios esenciales.

Proyectos de reformas de la legislación del trabajo.

Dentro del contexto del compromiso asumido por el Gobierno con la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio de Trabajo cumplió varias gestiones ante el Congreso Nacional a fin de que, entre las reformas laborales que se analizaban en su seno, se incluyese el tratamiento de los proyectos de reformas e interpretaciones legales respecto a disposiciones objeto de observación por parte de esa Comisión. Con Oficio núm. DM-900116 de 18 de abril de 1991, el Ministro de Trabajo solicitó al Presidente del Congreso que existiendo un compromiso e interés del Gobierno por regularizar la aplicación de los convenios internacionales de trabajo que había ratificado el país, dispusiera que se dé el trámite constitucional a los proyectos de ley que desde el 22 de mayo de 1990 reposaban en ese órgano legislativo. Posteriormente, con Oficio núm. AIT-91102 de 19 de julio del mismo año el Ministerio de Trabajo, dirigió similar pedido al Presidente de la Comisión de lo Laboral y Social del Congreso que tramitaba entonces el estudio de las reformas al Código Laboral. Finalmente, el propio titular de trabajo se dirigió nuevamente al vicepresidente de la citada Comisión instándole a impulsar el tratamiento y aprobación de las reformas legales planteadas el 22 de mayo de 1990, mediante Oficio núm. AIT-91117 de 12 de agosto de 1991. En estas circunstancias el Gobierno reitera su intención de persistir ante las autoridades competentes del Congreso Nacional a fin de que se tramiten y aprueben los proyectos cuya resolución quedó pendiente ante dicho organismo legislativo.

El Gobierno anexó a su memoria fotocopia de las comunicaciones a las que se ha hecho referencia.

Además, un representante gubernamental, el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, suministró indicaciones sobre los esfuerzos desplegados por su Gobierno para revisar la legislación del trabajo. Recordó que, en noviembre de 1989, a pedido del Presidente Dr. Rodrigo Borja, la OIT había realizado una misión consultiva en el Ecuador para examinar, entre otras, las cuestiones relativas a la aplicación de este Convenio. Luego de dicha misión, se habían presentado al Congreso proyectos legislativos que tenían en cuenta las sugerencias de la misión de la OIT. Desgraciadamente dichos proyectos no han sido todavía adoptados. Mencionó una comunicación enviada en abril de 1991 al Presidente del Congreso, otra comunicación de julio de 1991 al Presidente de la Comisión legislativa laboral, y lamentó que - pese a tratarse de personalidades con activa militancia sindical - no se hayan podido aprobar los proyectos legislativos, dejando en supenso la aplicación de ciertas cuestiones indicadas por la Comisión de Expertos. Invitó a los miembros trabajadores de su país a apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por adoptar antes del final de la presente legislatura (agosto de 1992) los proyectos legislativos. En cuanto a los puntos que plantea la Comisión de Expertos en su observación sobre los problemas de aplicación de la ley núm. 133 reformatoria del Código del Trabajo - de 1991 - en relación con el Convenio núm. 87, se refirió a los antecedentes de dicha reforma. La reforma había intervenido después de un amplio proceso de consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, consultas que nunca habían tenido lugar en la historia democrática constitucional del Ecuador. La ley reformatoria de 1991 implicaba imporantísimas conquistas para los trabajadores, y lamentaba que la observación de la Comisión de Expertos haya retenido solamente dos puntos. Sostuvo que la ley reformatoria de 1991 no violaba las disposiciones del Convenio núm. 87. Este Convenio no establecía un número mínimo necesario para la constitución de organizaciones de trabajadores, cuyo criterio sugerido oscilaría entre 20 y 30 trabajadores. Los cambios en las condiciones económicas y sociales en su país habían obligado a modificar las disposiciones del Código de Trabajo de 1938, elevando el número mínimo de trabajadores de 15 a 30. Recordó lo expresado en el Plenario de la Conferencia por el Presidente de la República de Zambia de no legislar en contra de los empresarios, así como también el ofrecimiento del Director General de la OIT de brindar asistencia técnica a los países que deseaban flexibilizar la legislación del trabajo para adecuarla a nuevas condiciones económicas y sociales. Su Gobierno había introducido elementos de flexibilidad en la legislación laboral, y se debían examinar los resultados alcanzados por la aplicación práctica de la ley reformatoria de 1991: en seis meses de vigencia, se había aprobado el registro de 41 organizaciones de trabajadores y habían disminuido los conflictos de trabajo. En cuanto a la intervención del Ministerio de Trabajo, en caso de desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos que deben mantenarse en caso de huelga en los servicios considerados como esenciales - a que se refería la Comisión de Expertos en su observación - el orador expresó que se habían producido huelgas en servicios esenciales, en particular en hospitales, que habían provocado la desesperación de la población indigente. La reglamentación de la huelga debía ser considerada como un beneficio social, tanto por los gobiernos como por los sindicatos. En todo caso, la ley reformatoria de 1991 había ampliado el número de casos en los que podía declararse la huelga. Finalmente puso énfasis en la necesidad de revisar la legislación del trabajo para hacer frente a la principal preocupación del Gobierno: la falta de empleo y la extensión del subempleo. La falta de empleo era la prioridad del Gobierno, y se debían tomar medidas para fomentar la creación de empresas.

Los miembros trabajadores expresaron su profunda decepción observando que el Gobierno no había aprovechado la adopción de la nueva ley núm. 133, reformatoria del Código del Trabajo, para poner la legislación en conformidad con el Convenio y dar curso a los comentarios que la Comisión de Expertos formula desde hace numerosos años, y ello tanto más cuanto que este caso ha sido discutido numerosas veces. Ha habido dos misiones de la OIT en Ecuador (1986 y 1989) en las que el Gobierno había asumido compromisos, y en 1988 y 1989 se habían incluido párrafos especiales en el informe de la presente Comisión a la Conferencia. A pesar de esto, no han podido observarse cambios. La nueva ley núm. 133 ha sido objeto de un solo comentario positivo por parte de los expertos (aumento del número de casos en los que la huelga puede declararse), pero plantea problemas nuevos. Además no ha cambiado nada en lo relativo a las graves violaciones que los expertos plantean desde hace numerosos años. La ley núm. 133 parece formar parte de una táctica del Gobierno consistente en modificar algunos artículos del Código de Trabajo, evitar cambios fundamentales y, al mismo tiempo, pretender que se está satisfaciendo a la presente Comisión. Por otra parte, el Gobierno ha informado que los cambios fundamentales propuestos por la Comisión de Expertos habían sido sometidos al Congreso Nacional sólo por un diputado. Parecería que la suerte del sindicalismo ha pasado a ser responsabilidad de un solo diputado y hay que lamentar el tener que constatar esta dejación de responsabilidad. Siguen persistiendo pues los problemas relativos a la aplicación del Convenio: prohibición a los funcionarios públicos de constituir sindicatos, injerencia intolerable del Gobierno en la gestión interna y en la existencia mísma del movimiento sindical, la negativa percepción del Gobierno sobre la libertad sindical y el papel dinámico del sindicalismo en la economía y en el desarrollo del país, y el aumento del número mínimo de trabajadores necesarios para constituir un sindicato. El Convenio no menciona ningún número concreto, pero está claro que al aumentar el número mínimo necesario, disminuyen las posibilidades reales de los trabajadores de crear organizaciones para defender mejor sus intereses. Los miembros trabajadores insistieron con firmeza en que el Gobierno fuera más activo para poner término en breve plazo a los problemas que vienen siendo señalados desde hace tiempo y para que aplicara plenamente en la práctica las normas y las disposiciones del Convenio.

Los miembros empleadores se refirieron a tres puntos de la nueva ley núm. 133 planteados por la Comisión de Expertos. En lo concerniente al aumento de los casos en que puede decla rarse la huelga, no quisieron hacer mayores comentarios, dado que este punto no había sido criticado por los expertos. En cuanto a las otras dos cuestiones (aumento del número mínimo necesario de trabajadores para constituir sindicatos y decisión del Ministerio de Trabajo sobre los servicios mínimos que deben mantenerse cuando no haya acuerdo entre las partes), los expertos han estimado que pueden plantear problemas. Aparentemente, los expertos no están seguros al respecto y los miembros empleadores expresaron la misma incertidumbre. En un gran número de países se exige un número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato; según los miembros empleadores, no es necesario fijar una cifra mínima. Dado que el Convenio no dice nada el respecto, la práctica constituye la mejor orientación cuando existe libertad. Los expertos han considerado que el número mínimo fijado por la legislación ecuatoriana (el número ha aumentado de 15 a 30) plantea dudas. Los miembros empleadores no desearon continuar la discusión sobre este punto, ya que se trataba simplemente de una cuestión a resolver en la práctica. En cuanto a los problemas que podría plantear la decisión del Ministerio de Trabajo en caso de desacuerdo entre las partes sobre los servicios mínimos a mantener en caso de huelga, los miembros empleadores estimaron que era necesaria la existencia de servicios de urgencia cuando se declara la huelga. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre la determinación de tales servicios, debe tomarse una decisión rápidamente. Según los miembros empleadores, en tal caso la decisión debería corresponder al empleador y esta solución puede defenderse jurídicamente. Indicaron igualmente que cuando menos los servicios médicos eran servicios esenciales que no podían interrumpirse, donde debía pues garantizarse un servicio mínimo. En cuanto a los antiguos cinco puntos sobre los que la presente Comisión ha discutido ya en el pasado, la Comisión de Expertos ha exigido modificaciones. Los miembros empleadores estimaron que estos puntos eran de otro calibre. En lo que respecta a las sanciones por la realización de huelgas, suponen que se trata de huelgas ilegales. Dado que la presente Comisión desconoce cuando una huelga es ilegal en el país, esta cuestión queda en suspenso por el momento. En cuanto a la disolución por vía administrativa del comité de empresa cuando el número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores, estimaron que al no contener el Convenio disposiciones precisas al respecto, se aplicaba el principio general de que la libertad debe entenderse lo más ampliamente posible y por tanto esta cuestión debería resolverse por la práctica. Los otros puntos, en particular la prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos, el requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa y las limitaciones a las actividades de los sindicatos en asuntos políticos y religiosos, constituyen injerencias injustificables en la libertad sindical. En lo concerniente a los cuatro proyectos de reformas legales presentados por un diputado del Congreso Nacional y mencionados en el informe de la Comisión de Expertos, los miembros empleadores solicitaron al representante gubernamental que facilitara informaciones sobre el contenido de las reformas legales propuestas, así como que indicara las posibilidades que tenían de convertirse en ley y sus intenciones al respecto.

El miembro trabajador de los Estados Unidos, en nombre de los miembros trabajadores, lamentó que se tratara de problemas pendientes desde hacía mucho tiempo y estimó que reclamaban una acción inmediata. Los miembros trabajadores estaban muy preocupados por la falta de información del representante gubernamental sobre los resultados de la misión de contactos directos de 1986. Seis años después de esta misión, la situación sigue sin cambiar. La exasperación de los trabajadores les llevó finalmente a insistir y obtener un largo párrafo especial en el informe de la presente Comisión. Los miembros trabajadores solicitaron al representante gubernamental que indicara a la presente Comisión a qué recomendaciones de la misión de contactos directos se había dado seguimiento para emprender las evidentes y necesarias reformes y a cuáles no, señalando las razones.

El miembro trabajador de Ecuador deploró que las reformas al Código del Trabajo introducidas por la ley núm. 133 de 1991 significaran un retroceso de cincuenta años: en el ámbito de la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga y que el Gobierno no hubiera hecho ninguna gestion para conseguir la adopción en el Parlamento de los proyectos redactados con la asistencia técnica de la OIT, en relación con cuatro de los puntos señalados por la Comisión de Expertos desde hacía numerosos años. En cuanto a la constitución de sindicatos, y concretamente al aumento del número mínimo de trabajadores (de 15 a 30), en virtud de la ley núm. 133, el Gobierno ha justificado esta disposición ante la prensa diciendo que era para incrementar el empleo y que si se impiden los sindicatos en empresas de menos de treinta trabajadores habrá más industrias. Se trata de una violación del Convenio, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas de Ecuador no tienen el mencionado mínimo legal que, por otra parte, puede perderse fácilmente a través del despido de afiliados, ya que, para ello basta el pago de una indemnización. Asimismo, la constitución desindicatos se ve obstaculizada por el Ministerio de Trabajo que en muchos casos devuelve los estatutos sindicales sin registrarlos - a veces repetidas veces - por razones insignificantes de forma como la falta de una palabra o de un punto y coma, violando así la legislación. En cuanto a la prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos, el Presidente de la República ha declarado a la prensa que el sindicalismo en el sector público es el camino más corto para la disolución del Estado. Este pensamiento ha delineado la política del Gobierno en materia de sindicalismo. Los servidores públicos tampoco pueden negociar colectivamente y concluir convenciones colectivas. Asimismo, el artículo 73 de la ley de las fuerzas armadas prohíbe las organizaciones sindicales de los empleados civiles de las empresas adscritas a las fuerzas armadas. Criticó asimismo la regulación de los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios esenciales, en la forma prevista por la ley núm. 133. Se trata de una gama de actividades públicas y privadas que no corresponden a servicios esenciales. Los servicios mínimos debe mantenerse con no menos del 20 por ciento de los trabajadores y en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el número de trabajadores que deben garantizar el servicio mínimo. El Ministerio de Trabajo decide al respecto, incluso en el sector público, donde el Estado es juez y parte; si los trabajadores no aceptan el servicio mínimo decidido por el Ministerio pueden ser despedidos y procederse a la contratación de nuevos trabajadores e incluso están sejetos a responsabilidad civil. Criticó las disposiciones de la ley núm. 133 relativas a la necesidad de constituir un comité central único que represente el 50 por ciento de los trabajadores de una fábrica o empresa o industria del sector público, para poder negociar colectivamente. En efecto, dicho comité sustituye a los sindicatos y desaparece una vez firmada la convención, haciendo imposible el seguimiento de la misma; además, el porcentaje del 50 por ciento del nivel de negociación puede resultar muy difícil de alcanzar. Concluyó señalando que el presente caso venía siendo discutido desde hacía muchos años. Respaldaba las observaciones de la Comisión de Expertos y esperaba que ésta examinase los puntos a los que se había referido el mismo.

El miembro empleador de Ecuador declaró que la intervención del miembro trabajador de Ecuador presentaba un panorama tremendista sobredimensionado y caricaturizador que no correspondía en absoluto al país y que deploraba que las organizaciones sindicales no hubieran querido participar en la primera fase de los trabajos previos a las reformas del Código del Trabajo y hubieran tenido en la fase posterior una participación insatisfactoria. Lamentó asimismo que las cuestiones tratadas se sacaran o interpretasen fuera de contexto y que se omitiera toda mención a las conquistas laborales consagradas en la ley núm. 133: aumento de las indemnizaciones por despido intempestivo; posibilidad de que los sindicatos intervengan como parte en los juicios tributarios donde el Estado introduce una demanda contra una empresa; posibilidad de ejercer el derecho de huelga durante la negociación colectiva; creación de un consejo de salarios minimos de carácter tripartito; supresión del desahucio en los contratos por termino indefinido, etc. En cuanto al derecho de sindicación en el sector público, la norma limitativa existe pero sólo teóricamente - y ello explica las declaraciones que hizo el Presidente de la República - ya que la mayoría de servidores públicos de Ecuador tiene ese derecho desde la reforma del articulo 125 de la Constitución en 1978. Existen sindicatos en los municipios, en el sector del petróleo, de la electricidad, etc., y por eso la ley núm. 133 ha regulado los servicios mínimos a mantener en caso de huelga, ya que en tales servicios esenciales la comunidad tiene un interés más respetable que el que deseen hacer valer los dirigentes sindicales - aunque el de éstos también lo sea - y el país no debe por ello estar a la merced de éstos. El aumento del número mínimo necesario de trabajadores para constituir un sindicato contiene una referencia implícita a la informalidad, en un contexto donde las empresas tienen muchas cortapisas. Ha habido que escoger entre una legislación rígida y una legalidad flexible, sensata y prudente, donde se concilien todos los factores en presencia. Por último, indicó que los servicios mínimos en caso de huelga responden a exigencias de equidad en las relaciones laborales y en el ejercicio de los derechos de todas las partes, y que las organizaciones sindicales habían suscrito muchas veces cláusulas en materia de servicios mínimos.

El miembro trabajador de Francia señaló que las declaraciones del miembro empleador de Ecuador casi hacían pensar que la situación era satisfactoria y olvidar las graves críticas formuladas por la Comición de Expertos. Estas declaraciones no contienen elementos que permitan que desaparezca la nece sidad de modificar las disposiciones relativas a la prohibición de que los funcionarios constituyan sindicatos y a las demás limitaciones a la libertad sindical. Asimismo, el hecho de que un representante de los empleadores intente hacer creer a la presente Comisión que en Ecuador, donde existen tantas limitaciones en la legislación, sea posible dejar el país a la merced de los dirigentes sindicales, sobrepasa los límites de lo razonable. Considerando que debían exigirse las modificaciones solicitadas por la Comisión de Expertos, expresó la firme esperanza de que el Gobierno haría lo necesario para modificar la legislación en el sentido indicado por los expertos y de que los empleadores ecuatorianos respetarían no sólo la legislación sino también a los trabajadores de este país.

El miembro trabajador de Ecuador declaró que las organizaciones sindicales habían presentado por escrito al Gobierno sus propuestas sobre las reformas al Código del Trabajo y que el Gobierno no las había acogido. Dadas las divergencías entre los miembros de la presente Comisión pidió que se enviara una misión de la OIT a Ecuador.

El miembro trabajador de Colombia deploró que el miembro empleador de Ecuador condiderara la economía informal como la panacea de Latinoamérica y justificara el debilitamiento del movimiento sindical. Los problemas que plantea el modelo capitalista salvaje deberíen ser abordados de manera conjunta en América Latina. Dado que no se ha dado respuesta a los puntos planteados por el miembro trabajador de Ecuador, la Comisión de Expertos debería examinarlos el año próximo.

El miembro trabajador de Pakistán señaló que el derecho de constiuir organizaciones, reconocido en el Convenio se aplicaba tanto a los trabajadores como a los empleadores. Hizo en llamamiento a los empleadores para que expresaran su preocupación sobre este caso e incluso si el mismo se refería solamente al derecho de organización sindical de los trabajadores, ya que las facultades del Gobierno para disolver tales organizaciones podrían aplicarse a ellos también. Desde su punto de vista, las organizaciones sindicales ponen siempre el interés general por encima del propio. Expresó la esperanza de que en un futuro próximo la legislación nacional de Ecuador sería puesta en total conformidad con las exigencias del Convenio.

El miembro trabajador del Reino Unido, en nombre de los miembros trabajadores, expresó dudas en cuanto a las seguridades dadas por el representante gubernamental en el sentido de que su Gobierno no deseaba restringir el derecho de organización sindical de los trabajadores. Si bien se garantizan ciertos derechos a los trabajadores de empresas pública en el sector del petróleo o de la electricidad, se priva todavía a los servidores públicos en la administración del Estado de su derecho de organización sindical. Se declaró particularmente preocupado de que los funcionarios públicos en Ecuador vean rehusado su decho de asociación de conformidad con la ley. El Convenio reconoce claramente su derecho de organización sindical. Hizo referencia a innumerables ejemplos de sindicatos de funcionarios públicos en todo el mundo. Si los sindicatos de funcionarios no hubieran existido, un gran número de eminentes dirigentes sindicales no hubieran tomado parte en esta Comisión. Reconocieron que el derecho de huelga en el curso de los últimos años ha sido cuestionado por ciertos miembros empleadores que adujeron como pretexto que no formaba parte integral del Convenio. La Comisión de Expertos ha confirmado ese derecho. Urgieron a la Comisión a que volviera a examinar este caso el año próximo si el representante gubernamental no daba aclaraciones sobre las preocupaciones expresadas y no ofrecía garantias de que la legislación sería puesta en conformidad con el Convenio. Si el año próximo no se registrara ningún progreso, los miembros trabajadores solicitarían que este caso fuera tratado en un párrafo especial del informe de la Comisión.

El representante gubernamental del Ecuador lamentó la actitud mental de algunos miembros trabajadores y, en particular, la del miembro trabajador del Ecuador, que tergiversando las cosas impide todo avance, actitud ésta que además tiene repercusiones sobre la política interna del país. Un ejemplo de tergiversación es decir que la ley núm. 133 supone un retroceso de 50 años ya que con ello se pretende negar todas las conquistas laborales consagradas en dicha ley. Recordó a este respecto que las organizaciones sindicales se negaron al principio a participar en el proceso de reformas al Código y que a pesar de ello él se reunió con los dirigentes sindicales - entreellos el miembro trabajador del Ecuador - consiguiéndose llegar a un acuerdo que resolvió ocho o diez cuestiones fundamentales. Además hay que señalar que en el actual régimen se han constituido 400 nuevas organizaciones sindicales. El repre sentante gubernamental declaró que estaba dispuesto a defender con los partidos que lo deseasen los proyectos de reforma preparados con la asistencia de la OIT y a continuación leyó dichos proyectos a la Comisión. Indicó también que el diputado que introdujo dichos proyectos en el Parlamento lo hizo a pedido del Gobierno. Por último, señaló que las organizaciones sindicales realizaban una actividad noble luchando por mayores beneficios pero no debían perder de vista las exigencias necesarias para la eficiencia de las empresas públicas y privadas.

Los miembros empleadores, haciendo observar que la última intervención del Gobierno ante la presente Comisión remontaba a tres años, estimaron que el diálogo era necesario. No obstante, la discusión ha sobrepasado las cuestiones que figuran en el informe de la Comisión de Expertos y por ello no hay que ir al detalle. El informe de los expertos y las informaciones del Ministro de Trabajo muestran modificaciones legales positivas, pero sigue siendo necesario proceder a otros cambios. Los miembros empleadores expresaron la esperanza de que el Gobierno estaría en condiciones de facilitar próximamente a la presente Comisión y a la Comisión de Expertos una memoria detallada a este respecto y pidieron que las conclusiones de la Comisión se centraran en las cuestiones sobre las que observaban que existía un amplio acuerdo entre los trabajadores y los empleadores.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

El representante gubernamental se refirió al hecho que, de conformidad con las tradiciones democráticas del Ecuador, se había procedido a la elección de un nuevo Gobierno a comienzos del año 1988, el cual asumió sus funciones en agosto de 1988. El nuevo Gobierno había estudiado las observaciones formuladas en años anteriores por los órganos de control de la OIT, y es su deseo satisfacer todos aquellos pedidos razonablemente compatibles con el interés nacional. De acuerdo con ello, se habían enviado al Congreso tres decretos legislativos que procuraban atender asuntos que preocupaban a la OIT. El presidente de la República también había aprobado un acuerdo ejecutivo con igual propósito.

Uno de los acuerdos legislativos consistía en una interpretación del decreto legislativo núm. 105 de 7 de junio de 1967, relativo a los paros colectivos no laborales. Este nuevo acuerdo legislativo, con absoluta claridad, establecía que el acto de 1967 no se refería, en modo alguno, a los conflictos colectivos del trabajo y que no obstaculizaba el derecho de huelga o la libertad sindical, que estaban garantizados por la Constitución del Ecuador.

Refiriéndose a los otros comentarios de la Comisión de Expertos, el orador afirmó que en Ecuador los servidores públicos tenían derecho a constituir sindicatos y a elegir libremente sus representantes. Sus asociaciones no se llamaban "sindicatos", pero existían asociaciones de servidores públicos.

Consideraba que era lógico que la comisión directiva de un "comité de empresa" sea integrada por ecuatorianos. También parecía lógico que dichos comités sean disueltos cuando el número de sus miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores, dado que en tales circunstancias una minoría carecería de representación del conjunto de los trabajadores. Se estaban realizando consultas para establecer una posición definitiva sobre estos puntos.

Las propuestas presentadas por la misión de contactos directos de 1985 debían ser sopesadas con prudencia. Era difícil criticar las disposiciones legislativas que inhibían a los sindicatos de actividades de carácter religioso o político. Estas disposiciones tenían un profundo sentido histórico y orgánico en el Ecuador. Estas disposiciones habían surgido de intensas luchas políticas y religiosas las cuales habían ensangrentado al país durante muchos años; el Gobierno no deseaba que una situación igual volviera a producirse en el futuro. Los sindicalistas podían expresar libremente sus creencias religiosas y políticas, así como intervenir en la política en el marco de sus partidos políticos. Sin embargo, era necesario que la religión y la política quedaran al margen de los asuntos sindicales. El Gobierno tenía la esperanza de que la presente Comisión y la Comisión de Expertos respetarían las sensibilidades nacionales en relación con este asunto.

Refiriéndose a los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la falta de protección legislativa contra los actos de discriminación en el momento de la contratación, su Gobierno no había comprendido el significado de esta observación. El orador se refirió a diversas disposiciones del Código del Trabajo que tenían como finalidad proteger a los trabajadores en distintos contextos. Rogó a los expertos que indiquen con precisión los cambios que se pedía realizar en esta materia.

Refiriéndose a los comentarios que había comunicado la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) a la Comisión de Expertos, declaró que dichos comentarios se habían enviado con fecha 22 de enero de 1988, y no tenían nada que ver con el actual Gobierno. Dichos comentarios debían ser considerados, por el informe de la Comisión de Expertos, como extemporáneos. Si la CEDOC estimaba que dichos comentarios todavía eran oportunos debería indicar cuáles eran los casos que deseaba denunciar.

Refiriéndose a la cuestión de que se delegara ilegalmente en funcionarios subalternos la tarea de dictar decisiones sobre negativas de registro, indicó que dada la complejidad de la administración pública, cierta delegación de responsabilidades debía existir. La Constitución disponía que diversos ministerios debían tratar distintas materias. El Código del Trabajo expresamente autorizaba al Ministerio del Trabajo a tratar una amplia gama de asuntos tales como las cuestiones de seguridad e higiene del trabajo, remuneraciones mínimas, servicios sociales y organización del trabajo. Por consiguiente, no era en nada ilegal que una dirección del Ministerio del Trabajo tratara de asuntos relativos a la organización laboral.

El miembro trabajador del Reino Unido agradeció al representante gubernamental su detallada declaración sobre la situación de la legislación y las modificaciones legales que se estaban efectuando. Declaró sin embargo que hubiese sido más útil que dichas informaciones se transmitieran a la Comisión de Expertos.

Desde 1985, la Comisión de Expertos había señalado que no existían indicaciones de que el Gobierno se disponía a dar curso a las propuestas formuladas al Gobierno por la misión de contactos directos. El representante gubernamental había solicitado el consejo de la presente Comisión. Todas las sugerencias necesarias estaban incluidas en el informe de la misión, el cual había sido convenido con el Ministerio del Trabajo del país La presente Comisión desea que el Gobierno le indique si tiene la intención de emprender, con carácter de urgente dichas modificaciones. El orador observó que el representante gubernamental había dicho que estaba permitido a los servidores públicos asociarse y elegir libremente sus representantes. Sin embargo, eso no constituía el derecho a formar o asociarse en un sindicato de su elección en total libertad. Solicitaba al Gobierno que diera seguridades, y que suministrara las pruebas a la Comisión de Expertos, de que a los servidores públicos se les acordase la libertad de afiliarse a los sindicatos de su propia elección, y que de ningún modo, en esta materia, serían tratados de modo distinto a los restantes trabajadores.

Los miembros trabajadores afirmaron que la misión de contactos directos de 1985 había tenido lugar debido a los problemas que se habían observado en años anteriores en relación con las libertades sindicales, tal como aparecen en el Convenio núm. 87. Los miembros trabajadores habían esperado que luego de la misión de contactos directos se observarían los cambios adecuados en la legislación, por ejemplo, respecto del derecho de sindicación de los servidores públicos y la disolución por vía administrativa de sindicatos. La presente Comisión había aguardado durante dos años, después de la misión de contactos directos, para observar lo que sucedía. Hasta 1987 nada había sucedido, y el informe de la presente Comisión de ese año había contenido un largo párrafo especial sobre los Convenios núm. 87 y núm. 105. Los miembros trabajadores habían tenido la esperanza de que se observaría algún cambio concreto, especialmente luego de las largas discusiones en la presente Comisión que interesaron al Viceministro del Trabajo. Todavía hoy, la presente Comisión se encontraba frente a exactamente la misma situación. Se había escuchado un discurso que incluía promesas vagas, pero aún no se había hecho nada. Los miembros trabajadores consideraron que esta falta de progreso durante muchos años sugería que la presente Comisión se encontraba ante un caso de no observancia continua. Esto se debía lamentar pero realmente se deseaba escuchar del Gobierno respuestas más positivas. Tenían la esperanza de que la discusión permitiría que surgieran propuestas más concretas del representante gubernamental.

Los miembros empleadores convinieron en que no había progreso en este caso, y quizás había ocurrido un movimiento en la dirección opuesta. Observaron que la Comisión de Expertos había tratado problemas en seis asuntos. El representante gubernamental no se había referido a ninguno de ellos, y tampoco había indicado que algún cambio se realizaría en relación con los mismos. La misión de contactos directos de 1985 había sugerido soluciones legislativas adecuadas. Parecía ahora que no se las había considerado de modo realista. La presente Comisión se encontraba ahora en la misma situación que en 1987 y en 1988. El Gobierno no muestra ninguna voluntad real de corregir algunas de las deficiencias que se habían identificado. El Gobierno se había expresado en términos de incursión a su soberanía nacional. Pero cuando había ratificado los Convenios de la OIT había asumido la obligación de cumplir con las obligaciones del Convenio. Nada se había hecho en ese sentido.

El miembro gubernamental de Venezuela sentía que era importante que se tuviera en cuenta el contexto democrático del país. El país tenía una larga tradición democrática, y era indudable que existía una atmósfera de libertad. Algunos de los casos que había debido tratar la presente Comisión eran bastante más serios que el presente. El orador comprendía la impaciencia de la presente Comisión debido al atraso en llevar a cabo las recomendaciones de la misión de contactos directos. Sin embargo, era necesario tener presente que había un nuevo Gobierno en el Ecuador, y era importante tratar de mantener el diálogo con dicho Gobierno.

Los miembros trabajadores plantearon cinco preguntas específicas al representante gubernamental: 1) el proyecto de legislación existía en forma escrita?, 2) dónde se habían presentado dichos proyectos?, 3) se habían enviado dichos textos a la OIT para que los expertos los examinen?, 4) los proyectos de legislación respondían a las propuestas formuladas por la misión de contactos directos para poner en plena conformidad la legislación con el Convenio? y 5) los proyectos de legislación respondían a los comentarios específicos que se habían realizado durante varios años y que la Comisión de Expertos había repetido en su informe de este año?

Se trataba de preguntas específicas y si el Gobierno estaba en condiciones de aportar respuestas precisas sería posible continuar con el diálogo.

El representante gubernamental indicó que el Presidente de la República había presentado los proyectos de decretos a los órganos legislativos competentes - es decir, al Congreso - para su adopción legal. El acuerdo ejecutivo se había enviado, con recomendación del Presidente de la República, al ministro encargado de su adopción. Aseguró que comunicaría inmediatamente los textos pertinentes, los cuales serían puestos a disposición de la secretaria de la Oficina.

Los miembros trabajadores observaron que lo anterior consistía en una respuesta parcial a sus preguntas. El representante gubernamental no había precisado ahora si los textos correspondían a los acordados con la misión de contactos directos. Dado que existía una promesa formal de enviar los documentos a la Secretaría para que la Comisión de Expertos los examine, tenían la intención de ser pacientes un año más. Estimaron que las observaciones de la presente Comisión se debían incluir en un párrafo especial, pero no debí haber ninguna referencia a la no observancia continua de la aplicación del Convenio.

Los miembros trabajadores propusieron que las conclusiones se mencionaran en un párrafo especial.

Los miembros empleadores expresaron algunas dudas sobre el uso de un párrafo especial debido a que se había dado un paso pequeño en buena fe para resolver la situación.

Los miembros trabajadores indicaron que los párrafos especiales no eran usados para condenar a los gobiernos, sino para demostrar que la Comisión había discutido sobre un asunto importante. Además, desde 1987 había habido un párrafo especial sobre este caso. Se podía haber ido más allá en esta ocasión, pero los miembros trabajadores intentaban no hacerlo debido a que alguna esperanza existía de que los proyectos de legislación incluirían respuestas satisfactorias. Lo anterior se debía reflejar en las conclusiones.

Los miembros empleadores convinieron con la propuesta de los miembros trabajadores sujeta a la reformulación expresada.

El miembro gubernamental de Venezuela expresó su preocupación de que en el presente informe de la Comisión, numerosos casos, mucho más serios, de violaciones no e mencionaran en un párrafo especial. Los lectores podrían concluir en el sentido de que la Comisión aplicó un doble criterio para tratar los casos que se han presentado.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Un representante gubernamental deseó recordar que una nueva administración asumiría el poder el próximo 10 de agosto de 1988 y que esto tenía trascendencia porque sería a este nuevo gobierno al que le tocará tomar decisiones sobre los asuntos que se están tratando en esta Comisión. Declaró que en Ecuador hay plena libertad de organización sindical garantizada por la propia constitución y por la leyes laborales, siguiendo las disposiciones prescritas por el Convenio. Todo esto ha sido informado a la OIT desde hace muchos años; destacó que el Código de Trabajo fue adoptado diez años antes de la aprobación del presente Convenio, y ya contenía los ideales preconizados en el mismo. Expresó que en su país las disposiciones del Convenio núm. 87 tienen una aplicación activa e intensa en la vida práctica; no es una mera ficción jurídica sino un instrumento cotidiano. Declaró que el Gobierno ha estimulado el diálogo entre los interlocutores laborales, ha fomentado la contratación colectiva como el instrumento idóneo para regular las relaciones de trabajo y agilizar la fijación salarial, ya que confía en la eficacia y utilidad del sindicalismo. En los últimos ocho meses se registraron 157 organizaciones laborales, lo que demuestra que el periodo constitucional del actual Gobierno (1984 a 1988) ha sido una etapa de concordia laboral, pese a que se ha querido presentar una imagen diferente si se atiende a los llamados "paros" generales que carecían de plataformas reivindicatorias laborales y que el Gobierno se vio en la obligación de controlar con prudencia para evitar el vandalismo y asegurar la protección de los ciudadanos. El representante gubernamental señaló que la situación podía mejorarse y el Gobierno ha estado dispuesto a atender las observaciones hechas por la Comisión de Expertos en relación al Convenio, sin que esto implique comprometer la independencia o la soberanía nacional o los intereses supremos del pueblo, como la paz pública, el orden interior o la seguridad exterior. Observaciones razonables son plenamente atendibles. El representante gubernamental enumeró las observaciones hechas por la Comisión de Expertos y señaló que aunque la Comisión se refiere a la respuesta del Gobierno respecto a los primeros cuatro puntos de la observación no indica si ésta es suficiente o no, por lo que el Ejecutivo no ha podido ejercer su derecho de iniciativa ante el Congreso, lo que ha impedido que estos cuatro puntos de la observación hayan sido solucionados definitivamente. Ahora el actual Gobierno se encuentra ante la situación de que estos asuntos están en manos del Gobierno recién elegido que ejercerá el poder en las próximas semanas. Finalmente, en cuanto a la observación relativa a la necesidad de disposiciones que garanticen protección contra actos de discriminación antisindical en el momento de la contratación, su Gobierno cree necesario que la Comisión de Expertos clarifique su posición en cuanto a lo que realmente solicitan. En opinión de su Gobierno, la legislación vigente es más que suficiente y efectiva, ya que si en el contrato de trabajo existe alguna cláusula contraria a la libertad sindical, la misma carecería de valor alguno, y si los actos antisindicales llegaran a situaciones extremas, el asunto caería dentro del terreno penal por ser violatorio de los derechos constitucionales. El representante gubernamental aseguró que su país cumple plenamente con todas la disposiciones del Convenio y que el Gobierno ha tenido en cuenta las observaciones de la Comisión de Expertos con la intención de llevarlas a la práctica dentro de las posibilidades y modalidades del orden jurídico interior.

Los miembros trabajadores observaron muchas contradicciones en las declaraciones del representante gubernamental: el Gobierno reconoce que se necesitan cambios, sin embargo declaró que todo estaba en orden; la Comisión de Expertos no había explicado claramente lo que el Gobierno necesitaba hacer; sin embargo, el representante gubernamental ha hecho cita de la lista de discrepancias formuladas en la observación. En breve, no se ha hecho nada. En 1980 y 1985 han tenido lugar contactos directos que dieron como resultado recomendaciones, pero desafortunadamente no se ha realizado ningún progreso. Declararon que aunque es verdad que existe libertad sindical en el Ecuador, los mismos sindicatos han señalado la necesidad de cambios legislativos. El Gobierno interviene en los asuntos sindicales y esto no se permite en virtud de este Convenio; se les niega el derecho a sindicarse a los servidores públicos; el requisito de nacionalidad se aplica a los líderes sindicales; los comités de empresa pueden ser disueltos por vía administrativa cuando su número de miembros es inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores, y los paros colectivos del trabajo pueden ser sancionados con penas de prisión. El argumento del Gobierno de que todas estas medidas son necesarias en interés del orden, la seguridad y la protección de la población, no es aceptable. En los años siguientes a la última misión de contactos directos, el Gobierno no ha tomado ninguna medida para asegurar la conformidad del Convenio. Ahora que una nueva administración comenzará, la Comisión corre el riesgo de enfrentarse el año próximo a la misma falta de progreso.

El miembro trabajador de Ecuador declaró que apoyaba completamente las declaraciones de los miembros trabajadores. Asimismo, expresó que las declaraciones del Gobierno están llenas de contradicciones, lo que no contribuye a encontrar solución a los fallos en la puesta en práctica del Convenio. La declaración del Gobierno es general y contradictoria y no hace mención alguna de los avances logrados en relación a las observaciones de la Comisión de Expertos. No es justificación decir que no se pudieron hacer mejoras legislativas ya que el Gobierno va a terminar y que corresponderá al nuevo Gobierno hacerlas. Las condiciones de los trabajadores no sólo no han mejorado sino que se han deteriorado. Existe libertad de sindicación, pero hay prohibiciones expresas al derecho de sindicación, de contratación colectiva y de huelga para los servidores públicos. La situación se ha agudizado también por la crisis económica actual, lo que se refleja en más de dos millones de desempleados o subempleados, lo que ha producido la creación en ciertas empresas de empresas paralelas que aprovechan de esa situación de desempleo contratando a trabajadores con salarios más bajos que los estipulados en las negociaciones colectivas. Los trabajadores ecuatorianos han perdido la fe en el Gobierno. El miembro trabajador del Ecuador señaló que en 1987 el Gobierno propuso al Congreso ciertas modificaciones al Código de Trabajo, que limitan el derecho al ejercicio de las huelgas de solidaridad, y relativas al trabajo temporal, que violaban disposiciones expresas sobre las disposiciones relativas a la igualdad de trato de las distintas formas de trabajo. Afortunadamente el Congreso rechazó ambas enmiendas. El miembro trabajador se refirió también al salario mínimo vital que en 1984 equivalía a 96 dólares de los Estados Unidos y que hoy en día es equivalente a 30 dólares de los Estados Unidos para una familia tipo de cinco personas. Declaró que no es verdad lo declarado por el representante gubernamental de que en el país existe una absoluta y completa libertad sindical; citó el reclamo de los trabajadores a través de las tres centrales sindicales, que constituyen el Frente Unitario de Trabajadores, catalogado como acciones ilegales y políticas por el Gobierno; las peticiones de los trabajadores buscan reivindicaciones salariales, solución a los conflictos colectivos del trabajo, congelamiento de los precios de los productos alimenticios, créditos y asistencia técnica a pequeños agricultores, mejoramiento del sistema del seguro social, no al aumento del precio del transporte y el no pago de la deuda externa, por lo que llamaron a una huelga nacional el 10 de junio de este año, que tuvo como resultado el arresto de seis trabajadores, entre ellos José Chávez, Presidente de la CEOSL a la cual pertenece el orador. Finalmente expresó que los problemas sociales del Ecuador deben ser resueltos con prioridad frente al problema de la deuda externa y aunque no tienen muchas esperanzas en el nuevo Gobierno que tomará posesión el 10 de agosto de 1988, dada la dura crisis económica, los trabajadores tienen la esperanza de que se respetarán los derechos humanos.

Los miembros empleadores, fueron de la opinión de que era claro que no hubo ningún progreso en este caso. El Gobierno ha indicado en su memoria que está dispuesto a hacer cambios en tres de la seis áreas que presentan problemas (el derecho de sindicación de los servidores públicos, la elegibilidad de los extranjeros a las comisiones ejecutivas sindicales, y la disolución de los comités de empresa), pero el representante gubernamental no ha hecho mención de que ningún proyecto de ley o decreto haya sido sometido a la autoridad competente para corregir estas dificultades. La misión de contactos directos preparó en 1985 un proyecto legislativo relativo a todos estos puntos. El caso se encuentra en el mismo lugar que el año pasado, sin ninguna indicación real por parte del Gobierno de que se corregirán estas deficiencias.

El representante gubernamental expresó que no había podido reconocer a su propio país en todo lo que aquí se ha dicho. Admitió que en su país los salarios eran bajos y los ingresos pequeños, pero el salario promedio es de hecho tres veces mayor que el salario mínimo. Actualmente el Congreso está debatiendo un aumento del salario mínimo, y el paro laboral mencionado por el miembro trabajador del Ecuador fue convocado como medida preventiva en caso de que el aumento del salario mínimo no se produzca. El paro fue provocado por un aumento en las tarifas del transporte, las cuales son muy bajas. Hizo referencia a las condiciones económicas generales en el país, las cuales estimó no son las peores en la región. El representante gubernamental negó que el Gobierno haya cometido crímenes económicos contra los trabajadores, cuya situación económica no es buena pero relativamente estable. Los trabajadores tienen libertad de asociación y libertad de expresión. Como ejemplo, se refirió a una información periodística escrita por un líder sindical que hacía referencia a la "estupidez del Ministro del Trabajo", el relación con las demandas hechas por los trabajadores del transporte. En su país se cumple exhaustivamente con el texto del Convenio, incluso si los cambios recomendados por la misión de contactos directos no han sido hechos. Notó que la Central Ecuatoriana de Organizaciones clasistas había hecho comentarios en relación con ese Convenio. Declaró que su Gobierno tenía una clara idea de lo que se precisaba hacer. El Gobierno está abierto a realizar enmiendas en su legislación, pero no puede hacer eso todos los días. Debido a la oposición no se han podido llevar a cabo los cambios requeridos. Admitió que hay ciertas contradicciones en la situación.

Los miembros trabajadores declararon que en vista de la importancia de este Convenio y del largo tiempo durante el cual se ha discutido este problema, la situación deplorable justificaba que este caso fuera mencionado en un párrafo especial del informe de la presente Comisión. Los miembros empleadores estuvieron de acuerdo con esta proposición, dada la importancia de los temas tratados y la evidente falta de progreso.

Caso individual (CAS) - Discusión: 1987, Publicación: 73ª reunión CIT (1987)

El Gobierno ha comunicado las informaciones siguientes:

Desde el 12 de mayo de 1987, un nuevo Ministro orienta la política laboral en este país. El sopesará la conveniencia de impulsar, con la oportunidad que sea del caso, las reformas legales que le han sido propuestas. Por ello, se solicita un prudente compás de espera.

El Gobierno informa que el Tribunal de Garantías Constitucionales, con oportunidad de un recurso interpuesto por representantes de los trabajadores contra la vigencia del decreto-ley 105, de 7 de junio de 1967, confirmó la vigencia del mismo, por no contravenir precepto constitucional alguno. Subida en grado esta resolución al Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso Nacional, el Parlamento confirmó el dictamen del Tribunal.

Esta situación reafirma y confirma la posición que el Gobierno ha venido manteniendo con referencia al prenombrado decreto-ley, en el sentido de que en nada atenta contra el derecho de sindicación, contra la libertad sindical o contra el espíritu o la letra del Convenio núm. 87.

Primacía de la Constitución sobre las demás leyes. Esta concepción jerarquizada del orden jurídico está expuesta por la Constitución. Los principios orientadores del derecho laboral están incorporados a la Constitución. El derecho de asociación sindical está garantizado por la Constitución; es un precepto constitucional. El derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro está garantizado por la Constitución; es un precepto constitucional.

El derecho de huelga, garantizado por la Constitución y protegido eficazmente por las leyes, es la suspensión del trabajo, declarada por los trabajadores en ciertas circunstancias específicamente determinadas por las normas positivas, dentro del proceso de un conflicto colectivo entre el empleador y sus trabajadores, del que conocen las autoridades competentes en la materia; que faculta a los huelguistas a permanecer en los lugares de trabajo, vigilados por la Policía; que garantiza el orden y protegidos por ella de la incursión de agitadores o rompehuelgas; que el castigo a los protagonistas de la huelga declarada ilícita no es otro que la pérdida de la estabilidad en sus empleos, y que el "paro" - en materia laboral - es la suspensión del trabajo acordada por el empleador, en ciertas circunstancias precisas y también dentro de un proceso sometido a la jurisdicción de autoridades del Trabajo. El "paro" al que se refiere el decreto-ley núm. 105 de la Asamblea Nacional es otra cosa: el decreto-ley núm. 105 no tiene carácter laboral.

El decreto-ley núm. 105 se refiere a la paralización criminal de las actividades de toda una colectividad - nacional o local -, con fines disociativos. Se remite a fechorías que caen en la esfera de los delitos contra la seguridad interior del Estado o contra la seguridad pública. Se emparenta con los capítulos del Código Penal pertinentes a la tipificación de tales infracciones y especialmente con los artículos 129, 130, 135, 136, 153, 155, 158, 159, 218 y 221 de dicho cuerpo legal.

El Gobierno solicita que se le admita finalmente la insistente alegación que viene haciendo respecto a que el decreto-ley núm. 105. aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, no atenta en ningún sentido contra la huelga legal, ampliamente protegida por la Constitución y las leyes, ni menoscaba en forma alguna la aplicación del Convenio.

El bien jurídico protegido por el decreto-ley núm. 105 es la paz pública y la seguridad interior del Estado; el sujeto activo de los delitos puede ser cualquier habitante del territorio de la República, sea nacional o extranjero; el sujeto pasivo es la sociedad civil en general y puede ser aun el Estado mismo en su organización política.

Cuando el decreto-ley utiliza la palabra "paro", no lo hace en el sentido que a la misma otorga el Código laboral; no se trata de "la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores coligados".

En este caso, la palabra "paro" es usada con el significado de "paralización", de arbitraria imposición, mediante actitud rebelde contra las autoridades legítimas. de que se suspenda completamente la vida de relación en una localidad, en una comarca o en la nación entera, propiciándose una situación parcial o total de anarquía en la colectividad afectada y alterando la paz de los habitantes.

Las prescripciones contenidas en nuestro Código Penal, en protección de la seguridad interior del Estado y de la paz pública, no son extrañas a las legislaciones de otros pueblos. Todas las naciones civilizadas del orbe, de una u otra manera, contemplan medidas destinadas a defender la subsistencia del ente estatal y a resguardar a la sociedad de la anarquía. "Los primeros y máximos delitos - decía Beccaria -, puesto que son los más dañosos, son los llamados de lesa majestad... todo delito, aunque sea privado, ofende a la sociedad; pero no todo delito intenta su destrucción inmediata".

Además, un representante gubernamental citó integramente la observación formulada por la Comisión de Expertos relativa al presente Convenio que figura en su informe de 1987. Acto seguido, se refirió a las informaciones comunicadas por escrito por su Gobierno dando, además, lectura a algunas disposiciones constitucionales y del Código de trabajo relativas al derecho de sindicación y al derecho de huelga.

Los miembros trabajadores afirmaron que la legislación nacional no está en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. Dos misiones de contactos directos tuvieron lugar en 1980 y 1985; con ocasión de los contactos directos de 1985, se prepararon algunas modificaciones a la legislación y es indispensable que se adopten esas modificaciones. No es necesario que se lleve a cabo una nueva misión de contactos directos ya que esto no haría más que postergar la cuestión. El representante gubernamental debería suministrar informaciones acerca del curso que se ha dado a las modificaciones que han sido previstas para la legislación.

Los miembros empleadores recordaron que el informe de la Comisión de Expertos había puesto de relieve cierto número de infracciones, de importancia variable, a los Convenios núms. 87 y98. Con ocasión de la misión de contactos directos de 1985, se elaboraron proyectos destinados a poner la legislación en conformidad con los convenios. Seria deseable que el representante gubernamental indique si las modificaciones legislativas previstas han sido adoptadas, y si no es el caso, que indique si puede esperarse que sean adoptadas en un futuro próximo. Es difícil de concebir la utilidad de la nueva misión de contactos directos solicitada por el Gobierno, ya que las modificaciones necesarias para la legislación ya fueron preparadas cuando se llevó a cabo la misión de contactos directos de 1985.

El miembro trabajador de Ecuador manifestó su completo desacuerdo con las informaciones comunicadas por escrito por el Gobierno, así como también con la declaración del representante gubernamental. La orientación de la política en materia de trabajo es competencia del Presidente de la República por intermedio de la Oficina de Coordinación del Trabajo instituida por él, y no del Ministro de Trabajo. La sola designación de un nuevo Ministro no puede modificar la situación ni conducir a la adopción de una legislación que aplique los Convenios núms. 87 y 98 cuyas disposiciones no son respetadas. Ciertamente, la Constitución y el Código del Trabajo consagran los principios de base del derecho del trabajo, pero en la práctica, no se respetan esos principios. Es así que los empleados públicos no tienen derecho de crear sindicatos, mientras que la Constitución garantiza ese mismo derecho. No tienen tampoco de declararse en huelga aunque este derecho está igualmente previsto en la Constitución. La Ley sobre el servicio civil y la carrera administrativa es contraria a la Constitución y es necesario que el Gobierno tome medidas para modificarla ya que es ése el fondo del problema. Además, en la práctica, cuando los trabajadores presentan sus reivindicaciones, o dan un preaviso de huelga, los empleadores responden despidiendo a los trabajadores, muchas veces masivamente. En otros casos, se despide a los responsables sindicales. A pesar de que los tribunales de arbitraje y conciliación pueden exigir la reintegración de los obreros despedidos por haber participado en las huelgas, nadie es reintegrado a su puesto. La prohibición hecha a los sindicatos de intervenir en las actividades de los partidos políticos o religiosos, constituye igualmente una violación de los Convenios núms. 87 y 98. Es también violatorio de estos Convenios la atribución exclusiva del derecho de negociación hecha a los comités de empresa. Y es más grave aún la clasificación de los funcionarios en dos categorías, unos amparados por el Código del Trabajo y otros por la Ley sobre el servicio civil y la carrera administrativa.

En lo que se refiere al Decreto-ley núm. 105, de 7 de junio de 1967, el Gobierno declaró que éste tiene por objeto castigar actos criminales tendentes a paralizar las actividades de una colectividad nacional o local. Esto es falso; los paros de trabajo a los cuales se ha aplicado el Decreto núm. 105 son huelgas profesionales las cuales habían sido declaradas por las cuatro centrales sindicales. No se trata pues de delitos contra la seguridad interior del Estado. Sin embargo, el Decreto-ley núm. 105 debe considerarse como derogado por la Constitución de 1979 y no debería ser aplicado.

Otro representante gubernamental, Vice-Ministro del Trabajo de Ecuador, declaró que la Oficina de Coordinación del Trabajo que depende del Presidente de la República no está encargada de orientar la política del país en materia de trabajo, sino que tiene a cargo la coordinación de todo lo que se refiere a las negociaciones colectivas en el sector público. La Constitución garantiza el derecho de asociación, y a los funcionarios públicos el derecho de huelga desde 1979, luego de la adopción de las enmiendas hechas al Código del Trabajo, lo que pudo ser observado en la última misión de contactos directos. En lo relativo a las disposiciones legales sobre las condiciones previas para el derecho de asociación de los trabajadores del sector público, éstas han sido suspendidas por el Tribunal de Garantías Constitucionales desde hace un cierto tiempo. En cuanto al Decreto-ley núm. 105 de 1967. su vigencia fue confirmada en enero de 1987 por el mencionado Tribunal. El Gobierno de Ecuador tomó nota con interés de los comentarios de la Comisión de Expertos. Es por esto que ha solicitado que una nueva misión de contactos directos vaya a su país. para que pueda darse cuenta de la situación. Esta misión podrá constatar la existencia de sindicatos y tomar contacto con los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales y con los representantes del Parlamento. No es el momento propicio para adoptar conclusiones que critiquen al Ecuador. Un funcionario de la OIT se encuentra actualmente en el Ecuador con el fin de realizar un estudio acerca de todas las dificultades que se presentan en la aplicación de las diferentes normas relativas a los funcionarios. Esto es una prueba de la voluntad del Gobierno de garantizar el pleno ejercicio de los derechos, no sólo de los trabajadores del sector público, sino de todos los trabajadores. El Decreto-ley núm. 105 no sanciona ni a los trabajadores, ni a sus dirigentes, ya que en Ecuador se les garantiza el derecho de huelga; este Decreto tiene como objetivo el castigar los actos criminales que tienden a paralizar las actividades, cualquiera que sean los autores, que atenten contra el orden interno y la seguridad del Estado.

El miembro trabajador de Reino Unido recordó que la Comisión de Expertos había lamentado constatar que el Gobierno no había suministrado informaciones sobre las medidas que debería tomar para dar satisfacción a lo propuesto por la misión de contactos directos. Las informaciones comunicadas por escrito por el Gobierno no contienen ninguna novedad. En lo que se refiere a la solicitud del Gobierno de que se lleven a cabo nuevos contactos directos, no se ve bien para qué servirían, ya que la Comisión de Expertos estableció claramente las modificaciones necesarias para la legislación. Por el contrario, debería rogarse al representante gubernamental que precise de manera clara si la legislación va a ser modificada para asegurar la aplicación de los convenios.

El Vice-Ministro del Trabajo declaró que su Gobierno estima que ciertos puntos no fueron solucionados por la última misión de contactos directos y que es por esto, y a pesar del excelente trabajo de la misión, que han solicitado una nueva misión para completar la tarea que ha sido emprendida. Además, después de la última misión, se han tomado algunas decisiones por ciertos órganos que no dependen del Poder Ejecutivo; como por ejemplo, el fallo arriba mencionado del tribunal de Garantías Constitucionales.

Los miembros trabajadores insistieron en que la misión de contactos directos de 1985 había elaborado con precisión los cambios que debían aportarse a la legislación para asegurar su conformidad con los Convenios núms. 87 y 98. Una nueva misión no tiene objeto sino que atrasaría de uno a dos años la adopción de los cambios necesarios. En esas condiciones y dado que éste es un antiguo problema, proponen la adopción de un párrafo especial expresando la preocupación de la Comisión y solicitando al Gobierno que dé curso a las proposiciones de modificación que fueron preparadas durante la última misión de contactos directos y así adaptar la legislación a las exigencias de los Convenios considerados.

Los miembros empleadores, después de haber recordado que ninguna nueva información había sido suministrada acerca de las modificaciones de la legislación en el sentido de los proyectos que fueron preparados con ocasión de la misión de contactos directos, estimaron que la nueva solicitud de contactos directos no era muy convincente. Dada la importancia de la cuestión, que ha sido objeto de discusión en la Comisión desde hace muchos años, apoyaron la proposición de los miembros trabajadores de incluir en el informe de la Comisión un párrafo especial sobre este problema, con la esperanza de que el Gobierno tendrá a bien tomar las medidas propuestas desde hace mucho tiempo.

El Vice-Ministro del Trabajo declaró reservarse el derecho de emitir reservas cuando haya estudiado el texto y los términos de las conclusiones.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de que mediante el referéndum llevado a cabo el 28 de septiembre de 2008 se aprobó una nueva Constitución, que entró en vigor el 20 de octubre de 2008.

Artículo 2 del Convenio. A este respecto, la Comisión observa que el artículo 326, inciso 9, establece que «para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización». La Comisión recuerda que la imposición de un sistema de unicidad sindical en cada organización o institución pública es incompatible con las exigencias del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si esta disposición impide la constitución de varias organizaciones por dependencia o institución del Estado o da únicamente derechos preferentes de negociación colectiva a la organización más representativa, y si cuando una organización pasa a ser la más representativa puede ejercer tales derechos en lugar de la organización que deja de ser mayoritaria.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 28 de agosto de 2007 relativos al desalojo por parte de la policía de los trabajadores que participaban en una huelga en el sector bananero el 11 de febrero de 2006. Según el Gobierno, la policía procedió al desalojo de los trabajadores para evitar desmanes en las instalaciones y el enfrentamiento entre los trabajadores y los dueños de la hacienda. Por otra parte, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado sus observaciones respecto de los demás comentarios de la CSI relativos a la represión por parte de la policía y el ejército de una manifestación convocada por las centrales sindicales en 2006, provocando heridos graves y detenciones, así como sobre las alegadas amenazas y actos de intimidación a dirigentes de la CTE y de la CEDOCUT. La Comisión recuerda a este respecto que arrestar o detener a dirigentes sindicales y a sindicalistas, aun cuando sea durante períodos breves, por ejercer actividades sindicales legítimas, constituye una violación grave de los principios de la libertad sindical y subraya que cuando se han producido ataques a la integridad física o moral, la realización de una investigación judicial independiente debería efectuarse sin dilación, ya que constituye un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos. Por último, la Comisión toma nota de los comentarios de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (FETRAPEC) de 24 de agosto de 2009 y de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 26 de agosto de 2009 que se refieren a cuestiones legislativas puestas de relieve por la Comisión, y en particular a ciertas disposiciones de la nueva Constitución del Ecuador (en particular al artículo 326, inciso 16, que dispone que en las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública y que aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo). La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Por otra parte, la Comisión toma nota de los comentarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de 30 de agosto de 2009 en los que señala que la nueva Constitución del Ecuador incluye ciertas modificaciones que afectan negativamente las relaciones entre trabajadores y empleadores y manifiesta que si bien la elaboración de los nuevos textos constitucionales estuvo colmada de intervenciones de representantes de diversos sectores, no hubo participación genuina y efectiva, ni la construcción de textos constitucionales bajo el aporte equilibrado de los principales actores de la relación laboral, lo cual impidió analizar y diagnosticar objetivamente los temas a regular a nivel constitucional. La OIE objeta en particular el artículo 326, inciso 8, que se refiere a que el Estado promoverá el funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección y señala que dicha disposición representa una forma de intervención del Estado en la vida interna de las organizaciones de trabajadores y de empleadores contraria al Convenio.

Nueva Constitución del Ecuador

La Comisión toma nota de que el 28 de septiembre de 2008 se aprobó una nueva Constitución, la cual entró en vigencia el 20 de octubre de 2008. La Comisión observa que algunas de sus disposiciones presentan problemas de conformidad con el Convenio:

–           El artículo 326, inciso 8, que dispone que «el Estado estimulará la creación de organizaciones de trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección.» A este respecto, la Comisión subraya que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio la decisión sobre la alternabilidad de los miembros de las directivas debe corresponder a las organizaciones de trabajadores y de empleadores y a sus miembros únicamente. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se derogue o modifique esta disposición de manera que se permita el derecho de reelección de los directivos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

–           El artículo 326, inciso 12, que establece que los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. La Comisión recuerda que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo y a una huelga sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede ser limitada e incluso, prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o sea los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se derogue o modifique esta disposición de manera que se garantice que el arbitraje obligatorio sólo sea posible en los casos indicados.

–           El artículo 326, inciso 15, que prohíbe la paralización de servicios públicos de educación, seguridad social, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública y correos y dispone que la ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. A este respecto, la Comisión recuerda que el derecho de huelga sólo puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población). La Comisión recuerda asimismo que con el fin de evitar daños irreversibles o que no guarden proporción alguna con los intereses profesionales de las partes en el conflicto, así como de no causar daños a terceros, es decir, los usuarios o los consumidores que sufren las consecuencias económica de los conflictos colectivos, las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en los servicios que son de utilidad pública. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 326, inciso 15, a fin de que el ejercicio del derecho de huelga sea posible en dichos servicios, pudiendo preverse el establecimiento de servicios mínimos.

Cuestiones legislativas pendientes

La Comisión recuerda que desde hace numerosos años pide al Gobierno que tome medidas para derogar o modificar:

–           los artículos 450, 459 y 466 del Código del Trabajo que establecen la necesidad de contar con 30 trabajadores para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa;

–           el artículo 26, inciso g), de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público que prohíbe la paralización, a cualquier título de los servicios públicos que no pueden considerarse esenciales en el sentido estricto del término (educación, seguridad social, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles y transportación pública) y la consecuente destitución del servidor público que no respete la prohibición;

–           el artículo 522 segundo párrafo del Código del Trabajo relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro de Trabajo a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga;

–           el artículo 505 del Código del Trabajo que deniega implícitamente el derecho de huelga a las federaciones y confederaciones;

–           el decreto núm. 105 de 7 de junio de 1967 que establece la imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales, y

–           el artículo 466, inciso 4) del Código del Trabajo que establece el requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que en la Asamblea Nacional se realizará un estudio pormenorizado para la elaboración de un proyecto de ley de reforma del Código del Trabajo y que se comunicará a dicha instancia las observaciones de la Comisión. A este respecto, la Comisión espera poder constatar progresos a nivel legislativo en un futuro próximo y pide al Gobierno que informe en su próxima memoria sobre toda evolución al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que, en el marco del proceso de reforma del Código del Trabajo que se prevé iniciar, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión ha tomado conocimiento de dos proyectos de ley en trámite ante la Asamblea Nacional: Ley Orgánica del Servicio Público y Ley Orgánica de las Empresas Públicas. La Comisión expresa la esperanza de que el texto de las futuras leyes reconocerá plenamente los derechos consagrados en el Convenio: derecho de sindicación de los funcionarios y empleados públicos y derecho de huelga de los funcionarios que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado.

Por otra parte, la Comisión pide una vez más al Gobierno que informe sobre el número de asociaciones que se han constituido para la promoción y defensa de los intereses de los servidores públicos, los sectores cubiertos y el número aproximado de afiliados.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y observa que la misma no contiene informaciones concretas respecto de las cuestiones legislativas que se examinan. La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) que se refieren a las cuestiones que están siendo examinadas por la Comisión, en particular en lo que respecta al ejercicio del derecho de huelga, así como a la represión por parte de la policía y el ejército de una manifestación convocada por las centrales sindicales y de una huelga en el sector bananero el 11 de febrero de 2006. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto, así como sobre los comentarios presentados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) [actualmente CSI] de los cuales había tomado nota en su observación anterior.

Cuestiones pendientes

La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus observaciones se refieren a las siguientes cuestiones:

–           la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código del Trabajo);

–           la necesidad de modificar el artículo 60, g), de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que prohíbe formar sindicatos a fin de garantizar a los servidores públicos el derecho de constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos. La Comisión toma nota, con interés, de la supresión de dicha prohibición en virtud de la adopción de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. La Comisión pide al Gobierno que le informe sobre el número de asociaciones que se han constituido para la promoción y defensa de los intereses de los servidores públicos, los sectores cubiertos y el número aproximado de afiliados en virtud de la reciente adopción de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público que modifica el artículo 60, g) de la Ley de Servicio Civil;

–           la necesidad de modificar el artículo 35 inciso 10 de la Constitución Política que prohíbe la paralización, a cualquier título, en servicios públicos que no pueden considerarse esenciales en el sentido estricto del término (educación, seguridad social, procesamiento, transporte y distribución de combustibles y transportación pública). Asimismo, la Comisión observa que el artículo 26, inciso 9) de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público recientemente aprobada establece la misma prohibición;

–           la necesidad de modificar el artículo 522 segundo párrafo del Código del Trabajo relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro de Trabajo a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga;

–           la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código del Trabajo);

–           la imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales (decreto núm. 105 de 7 de junio de 1967), y

–           el requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical (artículo 466.4 del Código del Trabajo).

Observando que formula comentarios sobre estas disposiciones desde hace numerosos años, la Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno tomará, en un futuro próximo, las medidas necesarias para poner la legislación en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de toda evolución al respecto.

Proyecto de reforma constitucional

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministro de Trabajo y Empleo anunció que presentará al Presidente un proyecto de normas a incluirse en la sección «del Trabajo» de la nueva Constitución Política de la República para que la analice y eventualmente la someta a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente. El Gobierno acompaña el proyecto en cuestión, cuyo artículo 32, apartado 11 mantiene la prohibición prevista en la Constitución vigente que viene siendo objetada por la Comisión, relativa al ejercicio del derecho de huelga en servicios públicos no esenciales. La Comisión reitera sus consideraciones anteriores. La Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de la evolución del proyecto de la nueva Constitución Política y expresa la esperanza de que el mismo estará en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.

Proyecto de reforma del Código del Trabajo

La Comisión ha sido informada de la existencia de un proyecto de reforma del Código del Trabajo elaborado con la asistencia de la OIT. La Comisión entiende que su trámite se encuentra suspendido en virtud del proceso de reforma constitucional. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que la mantenga informada de la evolución legislativa de este proyecto.

Por último la Comisión recuerda al Gobierno que en el marco de las actuales reformas legislativas y constitucionales puede beneficiarse de la asistencia técnica de la OIT, a efectos de asegurar la conformidad de las mismas con el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), de 10 de agosto de 2006, que se refieren esencialmente a cuestiones pendientes de carácter legislativo que ya están siendo examinadas. Asimismo, la CIOSL señala que los trabajadores de empresas tercerizadoras o con contratos de corta duración no gozan de las garantías previstas en el Convenio, así como dificultades para ejercer el derecho de sindicación en el sector de la floricultura y el arresto de dirigentes sindicales bananeros. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL. 

Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que, siguiendo el ciclo regular de memorias, comunique para su próxima reunión de noviembre-diciembre de 2007, sus observaciones sobre el conjunto de las cuestiones legislativas y de aplicación práctica del Convenio mencionadas en su observación anterior de 2005 (véase observación de 2005, 76.^a reunión).

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación Internacional de Organizaciones Libres (CIOSL) de fecha 6 de junio de 2005 sobre la aplicación del Convenio, que se refieren en su mayoría a cuestiones ya puestas de relieve por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria envíe sus observaciones en relación con los comentarios de la CIOSL alegando que los trabajadores temporarios no gozan de las garantías consagradas en el Convenio.

La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus observaciones se refieren a las siguientes cuestiones:

—    la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código del Trabajo);

—    la necesidad de modificar los artículos 59, f), 60, g), de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y 45, inciso 10 de la Constitución Política, a fin de garantizar a los servidores públicos el derecho de constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos y recurrir a la huelga;

—    la necesidad de modificar el artículo 522.2 del Código del Trabajo relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro de Trabajo a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga;

—    la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código del Trabajo);

—    la imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales (decreto núm. 105 de 7 de junio de 1967), y

—    el requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical (artículo 466.4 del Código del Trabajo).

La Comisión lamenta que en relación con todos estos comentarios el Gobierno en su memoria se limite a realizar declaraciones de carácter general, indicando que lo dispuesto en el artículo 450 del Código del Trabajo relativo al número mínimo de trabajadores necesarios para constituir una asociación no menoscaba el derecho de sindicalización en el país, y que los requisitos que exige la ley para la formación de sindicatos son imprescindibles a fin de evitar una serie de conflictos que originan impugnaciones  y recursos  de amparo ante el Tribunal Constitucional del país. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar las disposiciones legislativas comentadas — que en algunos casos se refieren a graves violaciones del Convenio, como por ejemplo la imposibilidad de que los servidores públicos gocen del derecho de constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos — y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si prevé efectuar una reforma a la legislación puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, para asegurarse que la misma esté en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.

En lo que respecta a los trabajadores docentes públicos, la Comisión formula sus comentarios en la observación relativa al Convenio núm. 98.

Por último, en relación con los comentarios de la CIOSL sobre la aplicación del Convenio que habían sido presentados el 19 de julio de 2004, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya comunicado sus observaciones sobre la alegada sustitución de los trabajadores en huelga en la empresa Petroecuador, así como la represión policial violenta y el arresto de 70 personas durante una marcha de los trabajadores docentes el 10 de diciembre de 2003. A este respecto, la Comisión recuerda que la contratación de trabajadores para romper una huelga en un sector, al que no cabría considerarse como un servicio esencial en el sentido estricto del término infringe los principios de la libertad sindical. Asimismo, la Comisión subraya que las autoridades sólo deberían recurrir a la fuerza pública cuando se produce un movimiento de huelga, si la situación entraña cierta gravedad o si se halla realmente amenazado el orden público.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) por comunicación de 19 de julio de 2004 sobre la aplicación del Convenio, así como de la respuesta del Gobierno a los mismos.

Al tiempo que observa que la mayor parte de las cuestiones puestas de relieve por la CIOSL fueron examinadas el año pasado en el marco del ciclo regular de memorias, la Comisión examinará estos comentarios, la respuesta del Gobierno a los mismos y sus observaciones sobre las otras cuestiones puestas de relieve por la Comisión [véase observación 2003, 74.ª reunión] cuando reciba la correspondiente memoria del Gobierno para el año 2005.

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

La Comisión recuerda que desde hace varios años sus observaciones se refieren a las siguientes cuestiones:

1. La necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). La Comisión lamenta observar que el Gobierno informa que no se ha considerado en el marco tripartito rebajar el número de trabajadores para formar un sindicato o comité de empresa. La Comisión, al tiempo que recuerda que este número mínimo puede ser aceptado para constituir sindicatos de industria, pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para reducir el número mínimo necesario de trabajadores para constituir sindicatos o comités de empresa.

2. La necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos gocen del derecho de sindicación y la negativa de registro del Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANSNAVE) que afiliaba a trabajadores civiles de las fuerzas armadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que los trabajadores civiles de las fuerzas armadas pueden organizarse y asociarse (en su observación anterior la Comisión tomó nota de que el Gobierno informó que gozan del derecho de asociación en virtud de lo previsto en al artículo 35 de la Constitución Política) y que en relación con el registro del sindicato TRANSNAVE no se ha encontrado registro de la petición, por lo que el Gobierno solicita a la organización sindical que presente su solicitud de registro o copia de la que había presentado anteriormente.

3. La necesidad de modificar los artículos 59, f), 60, g) de la ley de servicio civil y carrera administrativa, y 45, inciso 10 de la Constitución Política, a fin de garantizar a los servidores públicos el derecho de constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos y recurrir a la huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no se ha avanzado aún en ninguna reforma de la mencionada ley sobre estos temas. La Comisión recuerda que de acuerdo al artículo 2 del Convenio todos los trabajadores, con la sola posible excepción de las fuerzas armadas y de la policía deberían gozar del derecho de sindicación, independientemente de una posible restricción del derecho de huelga para algunas categorías de trabajadores (funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir aquellos cuya interrupción podría poner en el peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que se modifiquen las disposiciones de la ley de servicio civil y carrera administrativa y de la Constitución Política mencionadas y que le informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto.

4. La necesidad de modificar el artículo 522.2 del Código de Trabajo, relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro de Trabajo a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se ha preparado una propuesta de reforma legislativa al respecto y que se informará a la Comisión una vez que haya resultados concretos. La Comisión recuerda que a falta de acuerdo entre las partes la determinación de los servicios mínimos debería corresponder a un organismo independiente que goce de la confianza de las partes. La Comisión expresa la esperanza de que la reforma mencionada estará en conformidad con los principios del Convenio y pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda evolución de la reforma a este respecto.

5. La denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo). La Comisión observa que el Gobierno no ha enviado sus observaciones en relación con esta cuestión. A este respecto, la Comisión recuerda que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio las federaciones y confederaciones deben gozar del derecho de organizar su administración y sus actividades y de formular sus programas de acción. La Comisión pide al Gobierno que modifique el artículo 505 del Código de Trabajo en el sentido indicado.

6. La imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales (decreto núm. 105 de 7 de junio de 1967). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que junto a la propuesta de reforma legislativa citada se pretende modificar o derogar el decreto núm. 105. La Comisión expresa la esperanza de que la reforma legislativa modificará dicho decreto y pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda evolución de la reforma a este respecto.

7. El requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical (artículo 466.4 del Código de Trabajo). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que también ha sido considerado este punto en una eventual reforma laboral. La Comisión expresa la esperanza de que al efectuarse la reforma legislativa mencionada se tendrá en cuenta que de conformidad con el artículo 3 del Convenio«los trabajadores deben poder elegir libremente a sus representantes; por tanto, la legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como dirigente sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida» [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, 1994, párrafo 118]. La Comisión pide al Gobierno que le informe en su próxima memoria sobre toda evolución de la reforma mencionada a este respecto.

Por último, observando que el Gobierno informa que existe una propuesta de reforma de la legislación, la Comisión le sugiere que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, a efectos de asegurarse de que dicha reforma estará en plena conformidad con las disposiciones del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores se refirió a los puntos siguientes:

1. La necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que no existe voluntad por parte de los interlocutores sociales de modificar estas disposiciones. La Comisión lamenta observar que se refiere a este requisito legal desde hace muchos años y reitera que aunque este número mínimo sería admisible en los sindicatos de industria, puede tener por efecto coartar la creación de organizaciones en las empresas, especialmente en las pequeñas, cuya proporción parece ser importante en el país. La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que, en un futuro muy próximo, el Gobierno adopte las medidas pertinentes para reducir el número mínimo necesario de trabajadores para constituir comités de empresa.

2. La necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos gocen del derecho de sindicación y la negativa de registro del Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANSNAVE). A este respecto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual en la ley de personal de las fuerzas armadas no existe ninguna prohibición expresa al derecho de asociación del personal civil de las fuerzas armadas y que en consecuencia, el artículo 35 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de asociación es de plena aplicación. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que si bien no hay oposición alguna para la inscripción del sindicato de trabajadores de TRANSNAVE, los mismos trabajadores no tienen la intención de sindicalizarse, razón por la cual no se procede al registro del Sindicato. La Comisión observa, sin embargo, que en el examen del caso núm. 1664, el Gobierno había señalado que los trabajadores de TRANSNAVE estaban regidos por la ley de personal de las fuerzas armadas, y que de acuerdo a la misma no podían constituir un sindicato (véase 286.º informe del Comité de Libertad Sindical, párrafo 283). En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que aclare si el personal civil de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos gozan del derecho de sindicación y que la mantenga informada de las medidas tomadas por los trabajadores de TRANSNAVE con vistas al registro del sindicato.

3. La necesidad de modificar los artículos 59, f), 60, g) de la ley de servicio civil y carrera administrativa, y 45, inciso 10 de la Constitución Política, a fin de garantizar a los servidores públicos el derecho de constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos y recurrir a la huelga. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que está evaluando la posibilidad de modificar dichos artículos de modo de reconocer el derecho de asociación de los servidores públicos y las consecuencias de tal modificación no sólo para los trabajadores implicados sino también para el resto de la sociedad, en particular en lo que se refiere al recurso al derecho de huelga. La Comisión recuerda que de acuerdo al artículo 2 del Convenio todos los trabajadores, con la sola posible excepción de las fuerzas armadas y de la policía deberían gozar del derecho de sindicación, independientemente de una posible restricción del derecho de huelga para algunas categorías de trabajadores. En efecto, si bien la Comisión ha reiterado en numerosas oportunidades que el derecho de huelga constituye uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses económicos y sociales, este derecho no puede considerarse como un derecho absoluto, pudiendo ser reglamentado por medio de disposiciones que impongan las modalidades de ejercicio de ese derecho o restricciones a ese ejercicio (véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafos 147 y 151). En este sentido, la Comisión estima que el recurso a la huelga puede verse limitado en el caso de los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Por otra parte, en lo que respecta a los servicios, la Comisión estima que la huelga también puede ser restringida en el caso de los servicios esenciales, es decir aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población (véase, Estudio general, op. cit., párrafos 158 y 159), independientemente de la naturaleza pública o privada de la entidad que los presta. En el caso de los servicios no esenciales pero que son considerados de utilidad pública, tales como la educación o el transporte, en los cuales sin poner en tela de juicio el derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios, se pueden establecer servicios mínimos (véase, Estudio general, op. cit., párrafos 161 y 162). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que se modifiquen las disposiciones enunciadas de manera de ponerlas en conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio.

4. La necesidad de modificar el artículo 522.2 del Código de Trabajo, relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el inciso primero de dicho artículo establece que las partes deberán convenir las modalidades de la prestación de servicios mínimos que deberán mantenerse mientras dure la huelga. No obstante, la Comisión observa que el mismo artículo en su segundo inciso establece que a falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de los servicios mínimos será establecida por el Ministerio de Trabajo. La Comisión considera que en ese caso, la determinación de dichos servicios mínimos debería corresponder a un organismo independiente que goce de la confianza de las partes y no al Ministerio de Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 522.2 del Código de Trabajo de conformidad con las disposiciones del Convenio.

5. La denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo) y la imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales (decreto núm. 105 de 7 de junio de 1967). La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual no ha habido modificaciones legislativas al respecto. La Comisión recuerda que de acuerdo al artículo 3 del Convenio, las organizaciones de trabajadores deben gozar del derecho de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular sus programas de acción. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que dichas disposiciones sean modificadas de modo de ponerlas en conformidad con las disposiciones del Convenio.

6. El requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical (artículo 466.4 del Código de Trabajo). La Comisión toma nota de que según el Gobierno no hay ningún proyecto de modificación de dicha disposición. La Comisión recuerda una vez más que en virtud del artículo 3 del Convenio, «la legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como dirigente sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida» (véase Estudio general, op. cit., párrafo 118) de modo de garantizar que las organizaciones de trabajadores y de empleadores gocen plenamente del derecho de elegir libremente a sus representantes. En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome medidas para que el artículo 466.4 del Código de Trabajo sea modificado.

7. La necesidad de asegurar la posibilidad de impugnar ante el Poder Judicial la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, prevista en el artículo 472 del Código de Trabajo. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual en virtud del artículo 447 del Código de Trabajo «las organizaciones de trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas, sino mediante procedimiento judicial, ante el juez del trabajo» y en consecuencia, la disolución declarada por vía administrativa se suspende hasta tanto la autoridad judicial se haya pronunciado.

Observando una vez más que pese a la asistencia técnica que ya le brindó la Oficina, el Gobierno sigue sin lograr la adecuación de la legislación y la práctica a las exigencias del Convenio en los puntos antes destacados, la Comisión alienta al Gobierno a que progrese en la adaptación de su legislación al Convenio sobre todas las cuestiones mencionadas, y pide al Gobierno que informe al respecto en su próxima memoria. La Comisión reitera que sigue manteniendo su asistencia a disposición del Gobierno a estos efectos.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de que en sus últimos comentarios se refirió al artículo 35.9 de la Constitución Política, a tenor del cual «Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización». La Comisión recuerda que la imposición de un sistema de unicidad sindical en cada organización o institución pública es incompatible con las exigencias del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique si esta disposición impide la constitución de varias organizaciones por dependencia o institución del Estado o da únicamente derechos preferentes de negociación colectiva a la organización más representativa, y si cuando una organización pasa a ser la más representativa puede ejercer tales derechos preferentes en lugar de la organización que deja de ser mayoritaria.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores abordaba los puntos siguientes:

1.  Derecho de los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes (artículo 2).

a)  La Comisión se refirió a la necesidad de modificar el artículo 59, f) de la ley de servicio civil y carrera administrativa, de forma que los servidores públicos, además de poder «asociarse y designar sus directivas», puedan constituir organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos. Tomando nota de que el Gobierno sigue refiriéndose al artículo 35.9 de la Constitución Política, la Comisión recuerda que cuando se trata del derecho de los funcionarios públicos, este artículo se refiere a las leyes que regulan la administración pública. La Comisión pide pues al Gobierno que tenga a bien informarle en su próxima memoria de todo avance legislativo para modificar la ley de servicio civil y carrera administrativa de forma que los servidores públicos puedan constituir organizaciones en el sentido del artículo 10 del Convenio.

b)  La Comisión se refirió asimismo a la necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas y los trabajadores de los transportes marítimos gocen del derecho de sindicación. A este respecto, la Comisión lamenta observar que en su memoria el Gobierno no se refiere a esta cuestión. La Comisión estima que, habida cuenta de que el artículo 9 del Convenio prevéúnicamente excepciones al principio general para la policía y las fuerzas armadas, en caso de duda los trabajadores deberían tener consideración de civiles [véase Estudio general sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, de 1994, párrafo 55]. La Comisión pide por tanto al Gobierno que tome medidas para garantizar que los empleados civiles de las fuerzas armadas y del sector marítimo, gocen del derecho de asociación en conformidad con el artículo 2 del Convenio y le informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión trató también el tema de la negativa de registro del Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRANSNAVE), y a este respecto toma nota de que el Gobierno ha indicado en su memoria que no encontraría oposición para la inscripción de este sindicato. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas oportunas para que se registre al sindicato a la mayor brevedad, e informe al respecto en su próxima memoria.

c)  La Comisión también observa que desde hace años se refiere a la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). Reitera que aunque este número mínimo sería admisible en los sindicatos de industria, puede tener por efecto coartar la creación de organizaciones en las empresas, especialmente en las pequeñas, cuya proporción parece ser importante en el país. La Comisión expresa la firme esperanza de que, en un futuro muy próximo, el Gobierno adopte las medidas pertinentes para reducir el número mínimo necesario de trabajadores para constituir comités de empresa.

d)  En lo que respecta a la denegación administrativa de registro de un sindicato, asociación profesional (artículo 452 del Código de Trabajo) o comité de empresa (artículo 466.2), la Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no envía comentario alguno, y pide a este último que vele por que, en caso de negativa de registro, se prevea que el sindicato, asociación o comité de empresa cuya solicitud fue denegada pueda acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examinen el fondo del asunto y los motivos que fundamentaron la medida impugnada.

2.  Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades, y el de formular sus programas de acción (artículo 3).

a)  La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, se refirió a la necesidad de derogar el artículo 60, g) de la ley de servicio civil y carrera administrativa, que prohíbe a los servidores públicos declarar huelgas. Pidió también al Gobierno que modificase el artículo 45, inciso 10 de la Constitución Política, que prohíbe la paralización a cualquier título de los servicios públicos. La Comisión había señalado a este respecto que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejerzan funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población.

La Comisión toma nota de que, según la última memoria del Gobierno, al no ser los funcionarios de autoridad quienes dan servicio público que pueda ser imprescindible para la vida y la integridad de las personas, no sería lógico limitar la prohibición de la huelga a estas personas. También, según el Gobierno, los sectores de la educación y de los transportes deben ser considerados como servicios esenciales básicos. La Comisión estima no obstante que las disposiciones mencionadas dan definiciones demasiado amplias de los funcionarios que pueden ser excluidos del ejercicio del derecho de huelga y de los servicios esenciales donde se prohíbe la huelga. La Comisión recuerda en particular que los sectores de la educación y de los transportes no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término. Recuerda también que las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en los servicios de utilidad pública no esenciales, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga. A la luz de estas consideraciones, la Comisión expresa la esperanza de que en breve las disposiciones mencionadas se pondrán en conformidad con el artículo 3 del Convenio.

b)  En sus comentarios anteriores, la Comisión también se refirió a la necesidad de modificar el artículo 522.2 del Código de Trabajo, relativo a la determinación de los servicios mínimos por el Ministro a falta de acuerdo de las partes en caso de huelga. Al observar que el Gobierno no se refiere a esta cuestión, la Comisión ruega nuevamente a este último que tome las medidas necesarias para asegurar que las organizaciones de trabajadores puedan participar, si lo desean, en la definición de este servicio de igual modo que los empleadores y las autoridades públicas [véase Estudio general, op. cit., 1994, párrafo 161]. La Comisión espera firmemente que el Gobierno proceda a esta modificación legislativa a la mayor brevedad y le informe de ello en su próxima memoria.

c)  En relación con el decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, sobre paros y huelgas ilegales, en cuya virtud pueden imponerse penas de prisión para los autores de estos actos y los partícipes en ellos, la Comisión toma nota de que según el Gobierno se han iniciado los procedimientos adecuados para proceder a su efectiva derogación. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno culminará este proceso en breve y le pide que le informe al respecto en su próxima memoria.

d)  Respecto a la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo), la Comisión toma nota de que el Gobierno no envía comentario alguno. Recuerda que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de organizar sus actividades y el de formular su programa de acción y que con arreglo al artículo 6 del mismo Convenio, las disposiciones (artículo 3) de dicho artículo se aplican a las federaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. Pide por tanto al Gobierno que tome medidas para modificar su legislación para asegurar que las federaciones y confederaciones puedan recurrir a la huelga sin sanciones.

e)  En cuanto al requisito de ser ecuatoriano para formar parte de una directiva sindical (artículo 466.4 del Código de Trabajo), la Comisión toma nota de que según el Gobierno el reconocimiento de una persona no ecuatoriana como dirigente sindical es completamente viable, ya que, en cualquier caso, el Convenio y la Constitución Política (artículo 13, conforme al cual «Los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley») prevalecen sobre la ley, al tener supremacía y mayor jerarquía normativa que las demás disposiciones legales como el Código de Trabajo. Sin embargo, la Comisión entiende que el artículo 466.4 del Código de Trabajo prevé precisamente una limitación al derecho de los no ecuatorianos a asumir el cargo de dirigentes sindicales (los miembros de la directiva han de ser ecuatorianos), mientras que el artículo 3 del Convenio prevé que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir sus representantes libremente. Recordando que la legislación nacional debería permitir a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como dirigentes sindicales por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida [véase Estudio general, op. cit., 1994, párrafo 118], la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que el artículo 466.4 del Código de Trabajo sea modificado.

3.  Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa (artículo 4).

a)  En sus comentarios anteriores, la Comisión se refería a la necesidad de asegurar la posibilidad de impugnar ante el Poder Judicial la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, que puede surgir en virtud del artículo 472 del Código de Trabajo. La Comisión toma nota de que a tenor del artículo 447 del Código de Trabajo «Las organizaciones de trabajadores no podrán ser suspendidas o disueltas, sino mediante procedimiento judicial, ante el juez del trabajo». La Comisión recuerda a este respecto que el recurso debería poder interponerse ante un órgano judicial independiente e imparcial que tenga competencia para examinar el caso en cuanto al fondo. Por otra parte, la decisión administrativa no debería surtir efecto antes de que se haya pronunciado una decisión final [véase Estudio general, párrafo 185]. La Comisión pide por tanto al Gobierno que indique en su próxima memoria si el juez del trabajo tiene competencia para examinar el caso en cuanto al fondo y si la decisión administrativa no surtirá efecto mientras no se haya resuelto con carácter definitivo.

Observando, en conclusión que, pese a la asistencia técnica que ya le brindó la Oficina, el Gobierno sigue sin lograr la adecuación de la legislación y la práctica a las exigencias del Convenio en los puntos antes destacados, la Comisión alienta al Gobierno a que progrese en la adaptación de su legislación al Convenio sobre todas las cuestiones mencionadas, y pide al Gobierno que informe al respecto en su próxima memoria. La Comisión reitera que sigue manteniendo su asistencia a disposición del Gobierno a estos efectos.

La Comisión envía también una solicitud directa al Gobierno sobre otra cuestión.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

La Comisión recuerda que en su observación anterior había tomado nota de la elaboración de dos proyectos de ley durante el transcurso de una misión de asistencia técnica solicitada por el Gobierno, llevada a cabo en septiembre de 1997, cuyo contenido se reproduce a continuación, junto con las declaraciones del Gobierno sobre diferentes puntos:

-  modificación del inciso f) del artículo 59 de la ley de servicio civil y carrera administrativa de manera que los servidores públicos puedan formar organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos (sobre esta cuestión, en su memoria el Gobierno manifiesta que la Constitución Política reconoce el derecho de sindicación de los servidores públicos en el artículo 35, inciso 9; sin embargo, la Comisión observa que el mismo artículo 35, en el inciso 9 dispone que «las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1 (organismos y dependencias de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial), 2 (organismos electorales), 3 (organismos de control y regulación) y 4 (entidades que integran el régimen seccional autónomo) del artículo 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública»; por lo que no queda actualmente claramente definido el alcance del derecho de sindicación de los servidores públicos);

-  derogación del inciso g) del artículo 60 de la misma ley que prohíbe a los servidores públicos declarar huelgas, apoyar o intervenir en las mismas y formar sindicatos, estableciéndose al mismo tiempo que sólo se prohíbe la huelga a los servidores públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado (en particular, funcionarios de los ministerios, el poder judicial y las fuerzas armadas) o que realicen servicios esenciales en el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población);

-  adición al artículo 452 del Código de Trabajo de una disposición que prevea que, en caso de negativa del registro, el sindicato o asociación profesional en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-  modificación del inciso 11 del artículo 454, de manera que las organizaciones de grado superior disfruten del derecho a expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno en forma pacífica, pero no podrán intervenir en actividades puramente partidistas, políticas o religiosas ajenas a sus funciones de promoción y defensa de los intereses de sus miembros, ni obligar a sus miembros a intervenir en ellas;

-  adición al final del artículo 466, inciso 2, de una disposición que prevea que en, caso de negativa del registro, el comité de empresa en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-  supresión en el artículo 466, inciso 4, del requisito de tener que ser ecuatoriano para poder formar parte de una directiva. En su memoria el Gobierno indica que este artículo del Código de Trabajo deberá devenir inaplicable, en cuanto algún trabajador no ecuatoriano solicite su reconocimiento como dirigente sindical, invocando la aplicación, en forma supletoria, del Convenio núm. 87, o se demande ante juez competente la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho precepto; sin embargo, la Comisión observa que el artículo 13 de la Constitución Política determina que «los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley»; la Comisión estima que el tenor actual de la Constitución Política y de la legislación no garantiza claramente el derecho de los ecuatorianos a acceder a cargos sindicales;

-  modificación del artículo 472 relativo a la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, de manera que las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas o el Ministerio de Trabajo puedan acudir ante las autoridades judiciales para solicitar la disolución del comité. El Gobierno señala que este tipo de disolución no se da en la práctica desde hace 15 años;

-  modificación del artículo 522, párrafo segundo sobre servicios mínimos en caso de huelga, disponiendo que a falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de servicios mínimos será establecida por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo o de la subdirección respectiva, con la consulta de las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector; y

-  derogación del decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, sobre paros y huelgas ilegales, por el que pueden imponerse penas de prisión para los autores de paros colectivos de trabajo y los que participen en ellos.

Además, la Comisión recuerda que desde hace numerosos años se refiere a las siguientes cuestiones:

-  la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o las asambleas para organizar los comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). Aunque el número mínimo de 30 trabajadores sería admisible en los casos de sindicatos de industria, la Comisión considera que el número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, en particular si se tiene en cuenta la importantísima proporción de pequeñas empresas en el país;

-  la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 516 del Código de Trabajo). El Gobierno indica que insiste en su posición de tratar de impedir el uso abusivo de la participación en huelgas de solidaridad, que trajera como consecuencia un largo período de inamovilidad en el puesto, por participar en huelgas;

-  la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo);

-  la necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas y, en particular, los trabajadores de los transportes marítimos de Ecuador gocen del derecho de sindicación al sindicato de su elección, y que el Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRASNAVE) sea registrado a la mayor brevedad (caso núm. 1664, examinado por el Comité de Libertad Sindical). El Gobierno indica que la interrelación de varios artículos constitucionales obligará a revisar la solicitud de registro del sindicato.

La Comisión observa que persiste un elevado número de disposiciones que precisan modificación para lograr una plena conformidad de la legislación con el Convenio. La Comisión pide pues al Gobierno que tome a la mayor brevedad las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda que la Oficina está a su disposición para prestar asistencia técnica y expresa la firme esperanza de que el Gobierno comunicará en su próxima memoria informaciones sobre todo progreso realizado en relación con las cuestiones planteadas.

Por otra parte, la Comisión observa que ciertas nuevas disposiciones de la Constitución Política de 1998 plantean o pueden plantear problemas en relación con la aplicación del Convenio:

-  Artículo 35, inciso 9. «Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización.» La Comisión recuerda que la imposición de un sistema de unicidad sindical en cada organismo o institución pública es incompatible con las exigencias del Convenio. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que indique si el inciso 9 del artículo 35 de la Constitución Política implica que sólo podrá constituirse una sola organización por dependencia o institución del Estado o, si pueden constituirse varias, dando en tal caso derechos preferentes de negociación colectiva a la organización más representativa, y si cuando una organización pasa a ser la más representativa puede ejercer tales derechos preferentes en lugar de la organización que deja ser mayoritaria.

-  Artículo 35, inciso 10, párrafos primero y segundo. «Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes.» El Gobierno manifiesta que en la primera parte del inciso 10 se reconoce y garantiza el derecho de huelga y que el concepto de paralización que establece la Constitución Política se lo interpreta como aquella acción que trae como consecuencia el interrumpir o dejar de prestar el servicio de que se trate, alejándose de lo preceptuado por la ley en general. A este respecto, la Comisión considera que el principio según el cual cabe limitar e incluso prohibir las huelgas en la función pública o en los servicios esenciales ya sean públicos, semipúblicos o privados perdería todo sentido si en la legislación se adoptase una definición demasiado amplia de la función pública o de los servicios públicos esenciales. La Comisión recuerda, como ya lo ha mencionados en sus estudios generales anteriores, que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. La Comisión estima que la prohibición del derecho de huelga en los servicios públicos es demasiado extensa y que en particular los servicios de educación y transportes en general (de personas y productos) no pueden ser considerados servicios esenciales en el sentido estricto del término. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar la disposición constitucional mencionada, de conformidad con los principios de la libertad sindical, y que indique las medidas adoptadas o que prevé adoptar para acordar garantías compensatorias a los trabajadores privados del derecho de huelga.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia de 1998.

La Comisión recuerda que en su observación anterior había tomado nota de la elaboración de dos proyectos de ley durante el transcurso de una misión de asistencia técnica solicitada por el Gobierno, llevada a cabo en septiembre de 1997, cuyo contenido se reproduce a continuación, junto con las declaraciones del Gobierno sobre diferentes puntos:

-- modificación del inciso f) del artículo 59 de la ley de servicio civil y carrera administrativa de manera que los servidores públicos puedan formar organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos (sobre esta cuestión, en su memoria el Gobierno manifiesta que la Constitución Política reconoce el derecho de sindicación de los servidores públicos en el artículo 35, inciso 9; sin embargo, la Comisión observa que el mismo artículo 35, en el inciso 9 dispone que "las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1 (organismos y dependencias de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial), 2 (organismos electorales), 3 (organismos de control y regulación) y 4 (entidades que integran el régimen seccional autónomo) del artículo 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública"; por lo que no queda actualmente claramente definido el alcance del derecho de sindicación de los servidores públicos);

-- derogación del inciso g) del artículo 60 de la misma ley que prohíbe a los servidores públicos declarar huelgas, apoyar o intervenir en las mismas y formar sindicatos, estableciéndose al mismo tiempo que sólo se prohíbe la huelga a los servidores públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado (en particular, funcionarios de los ministerios, el poder judicial y las fuerzas armadas) o que realicen servicios esenciales en el sentido estricto del término (aquéllos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población);

-- adición al artículo 452 del Código de Trabajo de una disposición que prevea que, en caso de negativa del registro, el sindicato o asociación profesional en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-- modificación del inciso 11 del artículo 454, de manera que las organizaciones de grado superior disfruten del derecho a expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno en forma pacífica, pero no podrán intervenir en actividades puramente partidistas, políticas o religiosas ajenas a sus funciones de promoción y defensa de los intereses de sus miembros, ni obligar a sus miembros a intervenir en ellas;

-- adición al final del artículo 466, inciso 2, de una disposición que prevea que en, caso de negativa del registro, el comité de empresa en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-- supresión en el artículo 466, inciso 4, del requisito de tener que ser ecuatoriano para poder formar parte de una directiva. En su memoria el Gobierno indica que este artículo del Código de Trabajo deberá devenir inaplicable, en cuanto algún trabajador no ecuatoriano solicite su reconocimiento como dirigente sindical, invocando la aplicación, en forma supletoria, del Convenio núm. 87, o se demande ante juez competente la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho precepto; sin embargo, la Comisión observa que el artículo 13 de la Constitución Política determina que "los extranjeros gozarán de los mismos derechos que los ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley"; la Comisión estima que el tenor actual de la Constitución Política y de la legislación no garantiza claramente el derecho de los ecuatorianos a acceder a cargos sindicales ;

-- modificación del artículo 472 relativo a la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, de manera que las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas o el Ministerio de Trabajo puedan acudir ante las autoridades judiciales para solicitar la disolución del comité. El Gobierno señala que este tipo de disolución no se da en la práctica desde hace 15 años;

-- modificación del artículo 522, párrafo segundo sobre servicios mínimos en caso de huelga, disponiendo que a falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de servicios mínimos será establecida por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo o de la subdirección respectiva, con la consulta de las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector; y

-- derogación del decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, sobre paros y huelgas ilegales, por el que pueden imponerse penas de prisión para los autores de paros colectivos de trabajo y los que participen en ellos.

Además, la Comisión recuerda que desde hace numerosos años se refiere a las siguientes cuestiones:

-- la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o las asambleas para organizar los comités de empresa (artículos 450, 466 y 459 del Código de Trabajo). Aunque el número mínimo de 30 trabajadores sería admisible en los casos de sindicatos de industria, la Comisión considera que el número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, en particular si se tiene en cuenta la importantísima proporción de pequeñas empresas en el país;

-- la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 516 del Código de Trabajo). El Gobierno indica que insiste en su posición de tratar de impedir el uso abusivo de la participación en huelgas de solidaridad, que trajera como consecuencia un largo período de inamovilidad en el puesto, por participar en huelgas;

-- la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 505 del Código de Trabajo);

-- la necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas y, en particular, los trabajadores de los transportes marítimos de Ecuador gocen del derecho de sindicación al sindicato de su elección, y que el Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRASNAVE) sea registrado a la mayor brevedad (caso núm. 1664, examinado por el Comité de Libertad Sindical). El Gobierno indica que la interrelación de varios artículos constitucionales obligará a revisar la solicitud de registro del sindicato.

La Comisión observa que el Gobierno manifiesta en relación con la totalidad de las cuestiones planteadas que de suma importancia resulta resaltar el contenido del artículo 163 de la Constitución Política, por cuyo texto los tratados y convenios se incorporan ipso jure al derecho positivo nacional, prevaleciendo sobre leyes y otras normas de menor jerarquía y que el Ministerio de Trabajo está elaborando los instructivos necesarios para lograr que cuando se realicen actos meramente administrativos contemplados en la normativa legal nacional, se aplique el criterio ordenado por la Constitución Política y en caso de conflictos se resuelva aplicando los convenios internacionales del trabajo concernidos, por sobre la ley. Asimismo, el Gobierno manifiesta que: 1) se buscan los canales idóneos para lograr que, hasta en tanto no se promulgue una nueva legislación laboral, se deje sin efecto las disposiciones actuales derivadas de las leyes, haciendo prevalecer los convenios; 2) en ningún momento se ha descartado la posibilidad de proponer reformas legislativas y que si el Ministerio de Trabajo lo encontrase necesario, recurrirá a la asistencia técnica de la Oficina para lograr la puesta al día de la legislación laboral ecuatoriana; 3) existe la mejor buena disposición del Ministerio de Trabajo para rescatar lo positivo de la misión de asistencia técnica que visitara Ecuador en 1997; y 4) solicita a la Comisión que le indique lo que podría rescatarse de los acuerdos obtenidos en la misión de 1997, a la luz de la nueva Constitución Política, de 10 de agosto de 1998, para poder darles el seguimiento que proceda. Por último, el Gobierno manifiesta que buscará la forma de solucionar los problemas señalados por la Comisión sobre los que el Gobierno no ha formulado comentarios.

En estas condiciones, la Comisión, aunque toma nota de la buena voluntad manifestada por el Gobierno, observa que persiste un elevado número de disposiciones que precisan modificación para lograr una plena conformidad de la legislación con el Convenio. La Comisión pide pues al Gobierno que tome a la mayor brevedad las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda que la Oficina está a su disposición para prestar asistencia técnica y expresa la firme esperanza de que el Gobierno comunicará en su próxima memoria informaciones sobre todo progreso realizado en relación con las cuestiones planteadas.

Por otra parte, la Comisión observa que ciertas nuevas disposiciones de la Constitución Política de 1998 plantean o pueden plantear problemas en relación con la aplicación del Convenio:

-- Artículo 35, inciso 9. "Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de la relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización." La Comisión recuerda que la imposición de un sistema de unicidad sindical en cada organismo o institución pública es incompatible con las exigencias del Convenio. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que indique si el inciso 9 del artículo 35 de la Constitución Política implica que sólo podrá constituirse una sola organización por dependencia o institución del Estado o, si pueden constituirse varias, dando en tal caso derechos preferentes de negociación colectiva a la organización más representativa, y si cuando una organización pasa a ser la más representativa puede ejercer tales derechos preferentes en lugar de la organización que deja ser mayoritaria.

-- Artículo 35, inciso 10, párrafos primero y segundo. "Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes." El Gobierno manifiesta que en la primera parte del inciso 10 se reconoce y garantiza el derecho de huelga y que el concepto de paralización que establece la Constitución Política se lo interpreta como aquella acción que trae como consecuencia el interrumpir o dejar de prestar el servicio de que se trate, alejándose de lo preceptuado por la ley en general. A este respecto, la Comisión considera que el principio según el cual cabe limitar e incluso prohibir las huelgas en la función pública o en los servicios esenciales ya sean públicos, semipúblicos o privados perdería todo sentido si en la legislación se adoptase una definición demasiado amplia de la función pública o de los servicios públicos esenciales. La Comisión recuerda, como ya lo ha mencionados en sus estudios generales anteriores, que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. La Comisión estima que la prohibición del derecho de huelga en los servicios públicos es demasiado extensa y que en particular los servicios de educación y transportes en general (de personas y productos) no pueden ser considerados servicios esenciales en el sentido estricto del término. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para modificar la disposición constitucional mencionada, de conformidad con los principios de la libertad sindical, y que indique las medidas adoptadas o que prevé adoptar para acordar garantías compensatorias a los trabajadores privados del derecho de huelga.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

La Comisión observa que el Gobierno solicitó la asistencia técnica de la OIT para poner la legislación en conformidad con las disposiciones del Convenio, y que una misión estuvo en el país del 4 al 10 de septiembre de 1997. La Comisión toma nota de que durante el transcurso de la misión se elaboraron dos proyectos de ley, en los que se prevé derogar o modificar ciertas disposiciones legislativas criticadas por la Comisión en sus observaciones y solicitudes directas anteriores.

La Comisión observa que uno de los proyectos prevé:

1) modificar el inciso f) del artículo 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa de manera que los servidores públicos puedan formar organizaciones para el fomento y defensa de sus intereses profesionales y económicos; y

2) derogar el inciso g) del artículo 60 de la misma ley que prohíbe a los servidores públicos declarar huelgas, apoyar o intervenir en las mismas y formar sindicatos, estableciéndose al mismo tiempo que sólo se prohíbe la huelga a los servidores públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado (funcionarios de los ministerios, el Poder Judicial y las fuerzas armadas) o que realicen servicios esenciales en el sentido estricto del término (aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población).

La Comisión observa que el otro proyecto prevé lo siguiente:

-- se añade al artículo 441 del Código de Trabajo que en caso de negativa del registro, el sindicato o asociación profesional en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-- se modifica el inciso 11 del artículo 443 de manera que las organizaciones de grado superior disfruten del derecho a expresar sus opiniones sobre la política económica y social del Gobierno en forma pacífica, pero no podrán intervenir en actividades puramente partidistas, políticas o religiosas ajenas a sus funciones de promoción y defensa de los intereses de sus miembros, ni obligar a sus miembros a intervenir en ellas;

-- se agrega al final del artículo 455 inciso 2 que en caso de negativa del registro, el comité de empresa en cuestión podrá acudir ante las autoridades judiciales competentes, a efectos de que se examine el fondo del asunto, así como los motivos por los cuales se ha tomado la medida;

-- se suprime en el artículo 455 inciso 4 el requisito de tener que ser ecuatoriano para poder formar parte de una directiva;

-- se modifica el artículo 461 relativo a la disolución por vía administrativa de un comité de empresa, de manera que las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas o el Ministerio de Trabajo puedan acudir ante las autoridades judiciales para solicitar la disolución del comité;

-- se modifica el artículo 69 de la ley núm. 133 sobre servicios mínimos en caso de huelga (introducido en el Código de Trabajo a continuación del artículo 503) disponiendo que a falta de acuerdo, la modalidad de la prestación de servicios mínimos será establecida por el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General del Trabajo o de la Subdirección respectiva, con la consulta de las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector; y

-- se deroga el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967 sobre paros y huelgas ilegales, por el que pueden imponerse penas de prisión para los autores de paros colectivos de trabajo y los que participen en ellos.

Además, la Comisión recuerda que desde hace numerosos años se refiere a las siguientes cuestiones:

-- la necesidad de reducir el número mínimo necesario de trabajadores (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o las asambleas para organizar los comités de empresa (artículos 439, 455 y 448 del Código de Trabajo). Aunque el número mínimo de 30 trabajadores sería admisible en los casos de sindicatos de industria, la Comisión considera que el número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, en particular si se tiene en cuenta la importantísima proporción de pequeñas empresas en el país;

-- la necesidad de que los trabajadores civiles de organismos adscritos o dependientes de las fuerzas armadas, y en particular los trabajadores de los transportes marítimos de Ecuador gocen del derecho de sindicación al sindicato de su elección, y que el Sindicato de Trabajadores de Transportes Navieros Ecuatorianos (TRASNAVE) sea registrado a la mayor brevedad (caso núm. 1664 del Comité de Libertad Sindical);

-- la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 65 de la ley núm. 133 (incluido a continuación del artículo 498 del Código de Trabajo)), y

-- la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 491 del Código de Trabajo).

La Comisión observa que el Gobierno manifiesta en su memoria que se ha resuelto la reactivación de los proyectos de reformas legales enviados al Congreso en 1989, y que a tal efecto el Ministro de Trabajo se ha dirigido al Presidente del Congreso mediante oficio núm. 098-AIT-97 de septiembre de 1997.

A este respecto, la Comisión se muestra sorprendida de que el Gobierno no mencione en su memoria los proyectos de ley elaborados durante la misión de asistencia técnica efectuada recientemente por la OIT. En estas condiciones, la Comisión no puede sino insistir en que el Gobierno tome a la mayor brevedad las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno comunicará en su próxima memoria informaciones sobre todo progreso realizado en relación con las cuestiones planteadas desde hace numerosos años.

[Se invita al Gobierno a que proporcione información completa en la 86.a reunión de la Conferencia.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria y recuerda que sus comentarios anteriores se referían a:

- la denegación del derecho de sindicación a trabajadores civiles de las fuerzas armadas (caso núm. 1664 del Comité de Libertad Sindical);

- la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 65 de la ley núm. 133);

- la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 491 del Código de Trabajo); y

- la decisión por parte del Ministerio de Trabajo, cuando haya desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios considerados por el Gobierno como esenciales pero que no lo son necesariamente, incluso cuando el Estado sea parte en el conflicto (nuevo artículo 503 del Código de Trabajo).

De conformidad con los comentarios suministrados en su memoria, la Comisión observa que el Gobierno reitera de manera general los puntos de vista expresados con anterioridad, sin aportar ningún elemento que le permita conocer el interés del Gobierno por darle pleno cumplimiento a las disposiciones del Convenio.

En esas condiciones, la Comisión no puede sino insistir en sus observaciones anteriores y solicitar nuevamente al Gobierno que tome medidas para que la legislación sea modificada, a fin de que los trabajadores civiles de las fuerzas armadas tengan el derecho de constituir, si así lo desearen, sus propias organizaciones; para que los trabajadores que participen en una huelga de solidaridad gocen también de la garantía de estabilidad, prevista en el artículo 496 del Código de Trabajo; para asegurar que no se limite a las federaciones y confederaciones el ejercicio del derecho de huelga; y para que en caso de desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos tratándose de una huelga en servicios que no son esenciales stricto sensu, en la práctica sean fijados en forma consensuada.

La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno le informe de todo progreso realizado sobre las cuestiones planteadas.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada para 1997.]

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con el caso núm. 1767 (297.o informe, párrafos 295 a 305), que se refiere a restricciones al derecho de sindicación a nivel de base y superior en el sector de la enfermería, y recuerda que sus comentarios anteriores se refieren a:

- la prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, g) de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971);

- la ampliación de 15 a 30 del número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de asociaciones sindicales incluidos los comités de empresa (artículos 53 y 55 del Código de Trabajo, nuevos artículos);

- las penas de prisión para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

- el requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

- la disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

- la prohibición de que los sindicatos intervengan en actos de política partidista o religiosa, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código).

Al respecto, la Comisión lamenta comprobar que el Gobierno no haya dado ninguna respuesta a sus comentarios que desde hace numerosos años viene formulando, y que se haya limitado solamente a informar que el Congreso Nacional aún no ha tratado las reformas legales.

En cuanto a la negativa de registro de la Federación de Auxiliares de Enfermería Libres de Ecuador (FAELE), así como de varios sindicatos de trabajadores del mismo sector (por no agrupar a más de 30 sindicatos y porque a esta categoría de trabajadores se les considera como servidores públicos, caso núm. 1767), la Comisión desea recordar al Gobierno que en virtud de los artículos 2 y 5 del Convenio, los trabajadores "sin ninguna distinción" tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas, tanto a nivel de base como de federaciones y confederaciones.

La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los proyectos de reformas legislativas a las que se ha comprometido desde hace tiempo, permita a los servidores públicos constituir sindicatos; se reduzca el número mínimo necesario para la constitución de asociaciones sindicales de base y de nivel superior; se circunscriban las penas de prisión para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos, de conformidad con los principios de la libertad sindical; se modifique el requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa; se permita que la disolución de un comité de empresa sólo sea posible por vía judicial; y se suprima la prohibición a los sindicatos de intervenir en actos de política partidista o religiosa.

La Comisión expresa una vez más la firme esperanza de que todos sus comentarios serán tomados en cuenta en la nueva legislación, y que su tantas veces anunciada aprobación se concrete próximamente.

La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria le informe de toda evolución positiva sobre el particular y confía poder constatar, al fin, que la nueva legislación se ha puesto en conformidad con los principios y disposiciones del Convenio.

Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 1997.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria y recuerda que sus comentarios anteriores se referían a:

- la denegación del derecho de sindicación a trabajadores civiles de las fuerzas armadas (caso núm. 1664 del Comité de Libertad Sindical);

- la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad (artículo 65 de la ley núm. 133);

- la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones (artículo 491 del Código de Trabajo); y

- la decisión por parte del Ministerio de Trabajo, cuando haya desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios considerados por el Gobierno como esenciales pero que no lo son necesariamente, incluso cuando el Estado sea parte en el conflicto (nuevo artículo 503 del Código de Trabajo).

En cuanto al primer punto, la Comisión toma nota de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia declaró que se excluye del campo de aplicación del Código de Trabajo a la empresa TRANSNAVE y a sus trabajadores, por estar bajo el ámbito de las leyes y reglamentos militares, negándoseles en consecuencia el derecho de sindicación.

A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que conforme al artículo 2 del Convenio, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, con la sola posible excepción, contemplada en el artículo 9, de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. La Comisión estima que los trabajadores civiles de TRANSNAVE deben tener derecho de constituir, si así lo desearen, sus propias organizaciones. La Comisión ruega al Gobierno que le mantenga informado de toda medida adoptada para garantizar el derecho de sindicación a esta categoría de trabajadores.

En relación con la privación de la garantía de estabilidad a los trabajadores que participan en una huelga de solidaridad, la Comisión, al tiempo que toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales en 1992 se registraron diez huelgas solidarias, llama su atención sobre el principio según el cual "la conservación del vínculo laboral es una consecuencia jurídica normal del reconocimiento del derecho de huelga... A juicio de la Comisión, la legislación debería brindar a este respecto una protección realmente eficaz, ya que, de no ser así, el derecho de huelga podría perder toda su razón de ser" (véase Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1994, párrafo 139).

Al respecto, la Comisión estima que no debería subsistir la posibilidad de sancionar con el despido a los huelguistas solidarios "cuando la huelga inicial con la que se solidarizan sea, en sí misma, legal" (véase Estudio general, op. cit., párrafo 168).

En relación con la denegación implícita del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones, la Comisión toma debida nota de que, conforme a lo señalado por el Gobierno, desde noviembre de 1975 a la fecha, las confederaciones han efectuado 28 huelgas nacionales, a pesar de que la legislación laboral no ha recogido en forma expresa la garantía del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones. Al respecto, la Comisión solicita al Gobierno que tome medidas para que la legislación sea puesta en conformidad con la práctica y los principios de la libertad sindical.

En cuanto a la decisión por parte del Ministerio de Trabajo, cuando haya desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos a mantener en caso de huelga en los servicios considerados como esenciales por parte del Gobierno, pero que no lo son necesariamente, la Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales desde la vigencia de la nueva ley hasta octubre de 1994, previa consulta con las partes, el Director General del Trabajo ha ejercido dicha facultad excepcional en tres ocasiones, tratándose de conflictos suscitados en empresas alimenticias y de hotelería del sector privado. A este respecto, la Comisión recuerda que siempre ha admitido que la limitación e incluso la prohibición de la huelga puede darse en los servicios esenciales, cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (véase Estudio general, op. cit., párrafo 159), lo que no es el caso en los sectores de la industria alimenticia y la hotelería.

En cuanto a los servicios mínimos que no son considerados como esenciales stricto sensu, tomando en cuenta que el establecimiento de este tipo de servicios limita uno de los medios de presión de que disponen los trabajadores para defender sus intereses económicos y sociales, la Comisión ha estimado que sus organizaciones, si así lo desearen, deberían poder participar al menos en la definición de tales servicios, de la misma manera como lo hacen los empleadores y las autoridades públicas (véase Estudio general, op. cit., párrafo 161).

A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para que la legislación sea modificada de conformidad con el principio antes mencionado.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de los debates que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia en 1993, y recuerda que sus comentarios anteriores se vienen refiriendo a:

-- la prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, g) de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971);

-- la ampliación de 15 a 30 del número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de asociaciones sindicales incluidos los comités de empresa (artículos 53 y 55 del Código de Trabajo, nuevos artículos);

-- las penas de prisión para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

-- el requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

-- la disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

-- la prohibición de que los sindicatos intervengan en actos de política partidista o religiosa, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código).

En relación con los proyectos de reformas legislativas a las que se ha comprometido el Gobierno, la Comisión lamenta tomar nota de que éstas aún no han sido tramitadas por el Congreso Nacional, motivo por el cual el Ministerio de Trabajo se ha dirigido al Presidente del Congreso Nacional, mediante diversos oficios, solicitando su tramitación urgente.

La Comisión expresa la firme esperanza de que en la elaboración de los proyectos de reformas legislativas se hayan tomado en cuenta las propuestas sugeridas durante la misión de contactos directos de 1985 y sus demás comentarios, y espera una vez más que la tantas veces anunciada aprobación se concrete en un futuro próximo.

La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria le informe de toda evolución positiva sobre el particular y confía poder constatar, al fin, que la nueva legislación se ha puesto en conformidad con los principios y disposiciones del Convenio.

Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su última memoria, de los debates que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia en 1992, así como de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 1617 y 1664 (284.o y 286.o informes del Comité, adoptados por el Consejo de Administración en sus 254.a y 255.a reuniones, noviembre de 1992 y febrero de 1993), y formula los siguientes comentarios.

1. Artículo 2 del Convenio: Denegación del derecho de sindicación a trabajadores civiles de las fuerzas armadas.

La Comisión toma nota del caso núm. 1664, que se refiere a la denegación por parte del Gobierno del registro del Sindicato de Trabajadores Navieros Ecuatorianos, TRASNAVE.

La Comisión, al igual que lo hizo el Comité de Libertad Sindical, señala que los miembros de las fuerzas armadas que podrían ser excluidos de la aplicación del artículo 9 del Convenio, deberían ser definidos de manera restrictiva, y estima que los trabajadores civiles de TRASNAVE deben tener el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión ruega al Gobierno le mantenga informado de toda medida adoptada para garantizar el derecho de sindicación a esta categoría de trabajadores.

2. Huelga solidaria. En relación al artículo 65 de la nueva ley núm. 133 (tramitación de la huelga solidaria y privación de la garantía de estabilidad a los que participan en ella) la Comisión toma nota de las observaciones del Gobierno según las cuales:

- el ejercicio del derecho de huelga (aun siendo de carácter solidario) en Ecuador, permite la toma de los locales de trabajo por parte de los huelguistas mientras dure la medida, y que una paralización de esta naturaleza justifica que el legislador establezca con precisión el procedimiento y las limitaciones de tiempo a las que debe sujetarse la toma de estas instalaciones; y

- que la garantía de estabilidad consagrada en el artículo 496 del Código de Trabajo, existe en beneficio de los huelguistas principales, es decir de los trabajadores implicados en un conflicto colectivo.

La Comisión, al igual que lo hizo el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 1617), observa que la nueva reglamentación legal limita el derecho a la huelga solidaria por un lapso de tres días. Asimismo, establece que los huelguistas solidarios no gozarán de la garantía de estabilidad prevista en el artículo 496 del Código de Trabajo. En estas condiciones, lamentando que la legislación limite a tres días las huelgas de solidaridad, y que suprima la garantía de retornar al empleo lo que perjudica el derecho de las organizaciones de formular un programa de acción, la Comisión recuerda que las organizaciones de trabajadores deberían poder recurrir a tales huelgas, siempre y cuando la huelga inicial que sostienen sea de carácter legal. La Comisión pide al Gobierno proporcione información sobre la aplicación práctica de esta disposición, tomando en cuenta que la garantía del retorno al trabajo de los trabajadores que participan en este tipo de huelgas ha sido suprimida.

3. Incidencia del arbitraje obligatorio sobre el derecho de huelga. En relación con el requerimiento hecho por la Comisión en el sentido de que el Gobierno precise si el arbitraje obligatorio (conforme a los artículos 51 a 61 de la ley núm. 133) impide el recurso a la huelga antes o después de la decisión final del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, particularmente las relativas a que, conforme al artículo 490 del Código de Trabajo, los trabajadores sí pueden declarar la huelga mientras está sometido el conflicto a la decisión de dicho Tribunal por cualquiera de las siete causales detalladas en la disposición de referencia; y la relativa a que no puede declararse la huelga mientras dure la fase de mediación laboral obligatoria (artículo 56 de la ley núm. 133) que es previa a la actuación judicial del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, informa el Gobierno, aun en este evento la ley a través del citado artículo hace una salvedad y dispone que en ciertos casos que se enumeran (previstos en el artículo 490 numerales 1, 2, 7), también puede declararse la huelga durante la etapa de "negociaciones" o mediación laboral.

Por cuanto a la información solicitada por la Comisión, relativa a que si a los 20 días establecidos que deben mediar entre la declaración de huelga y la suspensión de labores en las instituciones y empresas que prestan servicios de interés social o público, deben sumarse los 37 días de plazo previstos para la mediación y arbitraje obligatorio, la Comisión toma buena nota de que conforme a lo informado por el Gobierno, los 20 días que median entre la declaración de huelga y la suspensión de labores en las instituciones y empresas que prestan servicios de interés social o público, no se suman los 37 días que debe durar el proceso desde la presentación del pliego de peticiones hasta la expedición del fallo por el Tribunal de Conciliación de primera instancia. El plazo de 20 días establecido en el artículo 503, no suspende la sustanciación del conflicto colectivo y éste continúa su prosecución del mismo modo que la huelga no suspende la tramitación de los conflictos sino que constituye, según su propia naturaleza doctrinaria, la más eficaz herramienta de presión de los trabajadores para encontrar una solución al conflicto de intereses planteado con el conflicto colectivo.

4. Derecho de huelga con respecto a las federaciones y confederaciones. Por cuanto al requerimiento de la Comisión referente a que si las federaciones y confederaciones disfrutan del derecho de huelga, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno; no obstante, tal y como lo ha subrayado el Comité de Libertad Sindical (caso núm. 1617), la legislación vigente no reconoce el derecho de huelga de las federaciones y confederaciones (solamente reconoce al comité de empresa en virtud del artículo 491 del Código de Trabajo) y que hasta la reforma de la ley núm. 133 las organizaciones sindicales podían utilizar legalmente la huelga solidaria para realizar huelgas en ámbitos superiores al de empresa, incluso a nivel provincial o nacional. Dadas las consecuencias, en materia de huelga, de la reforma operada en virtud de la ley núm. 133, la Comisión, al igual que el Comité de Libertad Sindical, pide al Gobierno que tome medidas con miras al reconocimiento legal del derecho de huelga de las federaciones y confederaciones.

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

La Comisión ha tomado nota de los debates que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia en 1992 y de la memoria del Gobierno. También toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en relación con el caso núm. 1617 (284.o informe, párrafos 1004 a 1010).

En sus comentarios anteriores la Comisión ha observado que la nueva ley núm. 133, reformatoria del Código de Trabajo (publicada el 21 de noviembre de 1991 en el Boletín Oficial) introduce las siguientes disposiciones que pueden plantear problemas de aplicación en relación con el Convenio:

- ampliación de 15 a 30 del número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de asociaciones sindicales incluidos los comités de empresa (artículos 53 y 55);

- decisión por parte del Ministerio de Trabajo, cuando haya desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios considerados como esenciales, incluso cuando el Estado sea parte en el conflicto (nuevo artículo 503).

En relación al primer punto, el Gobierno menciona que el artículo 8, primer párrafo del Convenio, señala que al ejercer los derechos de sindicalización los trabajadores deben respetar las leyes y que el instrumento internacional ha dejado en manos de cada país la determinación del número de acuerdo con la realidad. Con base precisamente en la realidad económica productiva y social del Ecuador, el Gobierno considera que era necesario revisar el requisito de número para la constitución de organizaciones de trabajadores, pues, la norma que regía hasta antes de las reformas, había sido adoptada en 1938 cuando el desarrollo industrial y laboral de principios de siglo era totalmente incipiente.

Asimismo, el Gobierno declara que la propia dinámica de las relaciones productivas y del derecho laboral hicieron indispensable e impostergable adecuar las normas laborales relativas al número mínimo de trabajadores necesarios dado que el país se encuentra dentro de un proceso subregional de integración económica, arancelaria e industrial.

En relación a la mención del artículo 8 del Convenio, primer párrafo, hecha por el Gobierno, la Comisión desea señalar que había que tomar también en cuenta el párrafo 2 del mismo que señala "La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente Convenio".

Si bien el número mínimo de 30 trabajadores sería admisible en los casos de sindicatos de industria, tal como ha señalado en sus comentarios anteriores, la Comisión considera que el número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, sobre todo si se toma en cuenta que el país, tiene una importantísima proporción de pequeñas empresas y que la estructura sindical se basa en el sindicato de empresa.

En cuanto a la decisión por parte del Ministerio de Trabajo, en caso de desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga, la Comisión toma nota que conforme a lo informado en la memoria, el legislador ecuatoriano ha considerado que es una obligación fundamental del Gobierno velar por la prestación de servicios mínimos esenciales en aquellos casos de huelgas en instituciones que prestan servicios de interés social o público.

La Comisión toma nota también de lo acontecido en 1991 en el Ecuador, el haber sufrido los efectos de una grave epidemia de cólera que tornaba indispensable la prestación de servicios hospitalarios y de salud, y que en esas condiciones se efectuaron, sin embargo, huelgas de trabajadores de la salud a nivel regional y nacional que paralizaron totalmente la prestación de atención médica, ocasionando con ello no sólo pérdidas de vidas humanas, sino también poniendo en gravísimo riesgo y emergencia a poblaciones privadas de este servicio público esencial.

La Comisión comparte el punto de vista del Gobierno en el sentido de que la preservación del derecho a la vida y la salud de los ciudadanos es una obligación fundamental en cualquier sociedad y con mayor razón en aquellas que se debaten en los límites de la pobreza, y a este respecto siempre ha admitido que la limitación e incluso la prohibición de la huelga puede darse en los servicios esenciales, cuya interrupción pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población, como lo son los servicios hospitalarios.

Sin embargo, la Comisión estima que sería preferible que los servicios mínimos, en los servicios públicos que no son considerados como esenciales en "stricto sensu" en caso de desacuerdo entre las partes, sean fijados por un órgano independiente. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación práctica de esta disposición.

Además, la Comisión lamenta otra vez observar que el nuevo texto legislativo no contenga modificaciones relativas a las siguientes disposiciones sobre las cuales hace numerosos años viene señalando que son incompatibles con las exigencias del Convenio:

- prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, g) de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971);

- penas de prisión para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

- requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

- disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

- prohibición de que los sindicatos intervengan en actos de política partidista o religiosa, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código):

La Comisión toma nota de lo informado por el Gobierno, en cuanto a que cumpliendo con el compromiso asumido ante la Comisión de la Conferencia en junio de 1992, el Ministerio del Trabajo se ha dirigido al Presidente del Congreso Nacional con oficio núm. 92081 del 21 de julio de 1992, solicitando la tramitación urgente de los proyectos de reformas del Código del Trabajo que fueron preparados por una misión de la OIT en diciembre de 1989, para poner fin a las discrepancias existentes con ciertos convenios internacionales del trabajo ratificados por el país, así como de la respuesta suscrita por el Secretario General del Congreso Nacional, señalando que se dará trámite a los proyectos de reforma al Código de Trabajo solicitados por el Ministerio. La Comisión pide al Gobierno que le mantenga informada sobre la tramitación de los proyectos en el Poder Legislativo, y que le envía copias de los textos cuando se aprueben.

La Comisión insta una vez más al Gobierno a que, en breve plazo, tome las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en completa conformidad con el Convenio, y le solicita se sirva comunicar en su próxima memoria informaciones detalladas al respecto.

Además la Comisión envía una solicitud directa al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que proporcione información completa en la 80.a reunión de la Conferencia.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 133 reformatoria al Código de Trabajo publicada el 21 de noviembre de 1991, y pide al Gobierno que en su próxima memoria envíe sus comentarios respecto de las siguientes cuestiones:

1. Huelga solidaria. La Comisión observa que la nueva ley, en lo referido a la huelga solidaria (nuevo artículo 498), si bien reconoce este derecho por un lapso de tres días, establece que los huelguistas solidarios no gozarán de la garantía de estabilidad prevista en el artículo 496 de este Código.

La Comisión pide al Gobierno, que aclare si la ley núm. 133 tiene por resultado, como parece desprenderse de su redacción, otorgar a los trabajadores el derecho de realizar huelgas solidarias, privándoles al mismo tiempo de la garantía general de la estabilidad y para el caso que así sea, se modifique dicha disposición.

2. Incidencia del arbitraje obligatorio sobre el derecho de huelga. La Comisión observa que en virtud de los artículos 56 a 61 de la ley núm. 133, se establece un procedimiento de mediación y arbitraje obligatorio (de una duración acumulada de 37 días). La Comisión ruega al Gobierno que indique si se trata de un arbitraje obligatorio que impide el recurso a la huelga antes o después de la decisión final del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Al mismo tiempo, y con respecto a los 20 días establecidos que deben mediar entre la declaración de huelga y la suspensión de labores en las instituciones y empresas que prestan servicios de interés social o público, la Comisión ruega al Gobierno que informe si a este plazo se suman los 37 días de mediación y arbitraje obligatorios.

3. Derecho de huelga con respecto a las federaciones y confederaciones. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre si las federaciones y confederaciones disfrutan del derecho de huelga.

La Comisión expresa la esperanza de que en su próxima reunión, podrá contar con la respuesta del Gobierno al respecto.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, y en particular de la promulgación de la ley núm. 133 reformatoria al Código de Trabajo, publicada el 21 de noviembre de 1991, en el Boletín Oficial.

La Comisión toma buena nota de que en la nueva redacción del artículo 490 del Código de Trabajo se amplía el número de casos en los que puede declararse la huelga (párrafos 4 a 7), sin embargo, la Comisión observa que la nueva ley introduce las siguientes disposiciones que pueden plantear problemas de aplicación en relación con el Convenio:

- ampliación de 15 a 30 del número mínimo necesario de trabajadores para la constitución de asociaciones sindicales, incluidos los comités de empresa. Aunque el número mínimo de 30 trabajadores sería admisible en los casos de sindicatos de industria, la Comisión considera que el número mínimo debería reducirse en el caso de los sindicatos de empresa, para no obstaculizar la creación de estas organizaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que el país tiene una importantísima proporción de pequeñas empresas y que la estructura sindical se basa en el sindicato de empresa;

- decisión por parte del Ministerio de Trabajo, en caso de desacuerdo entre las partes, sobre los servicios mínimos en caso de huelga en los servicios considerados como esenciales, incluso cuando el Estado sea parte en el conflicto.

Asimismo, la Comisión lamenta observar que dicho texto legislativo no contenga modificaciones relativas a las siguientes disposiciones, sobre las cuales hace numerosos años señala que resultan incompatibles con las exigencias del Convenio:

- prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, g) de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971);

- penas de prisión para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

- requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

- disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

- prohibición de que los sindicatos intervengan en actos de política partidista o religiosa, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código).

La Comisión toma nota de lo informado por el Gobierno, en cuanto a la presentación el 22 de mayo de 1990 ante la Secretaría del Congreso Nacional, por parte de un diputado, de cuatro proyectos de reforma legales y dos de interpretaciones de leyes, cuyo propósito sería armonizar la legislación nacional con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la tramitación de los proyectos en el Poder Legislativo, y que le envíe copias de los textos cuando se aprueben.

La Comisión insta una vez más al Gobierno a que, en breve plazo, tome las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica en completa conformidad con el Convenio, y le solicita se sirva comunicar en su próxima memoria informaciones detalladas al respecto.

Además, la Comisión envía una solicitud directa al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que proporcione información completa en la reunión de la Conferencia.]

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno.

1. Desde hace numeros años, la Comisión se ha venido refiriendo a las siguientes disposiciones de la legislación que eran incompatibles con las exigencias de los Convenios núms. 87 y 98:

- prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, g), de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971), incluso si tienen el derecho de asociarse y designar sus representantes (artículo 9, h), de la ley citada);

- requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

- disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

- prohibición de que los sindicatos intervengan en actos de política partidista o religiosa, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código);

- penas de prisión, para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

- falta de protección contra los actos de discriminación antisindical en el momento de la contratación.

La Comisión recuerda que, a solicitud del Gobierno, se desarrolló en Ecuador una misión consultiva (noviembre - diciembre de 1989), para examinar entre otras las cuestiones relativas a la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98. Según el informe de misión, ésta preparó, en forma conjunta con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, proyectos tendientes a dar satisfacción a todos los puntos planteados por la Comisión de Expertos en materia de libertad sindical, comprometiéndose las autoridades a someter tales textos a las comisiones pertinentes del Congreso Nacional. La Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno tales proyectos deberían ser presentados inmediatamente al Congreso, con el respaldo y recomendación del Poder Ejecutivo.

A este respecto, el Gobierno indica en su última memoria que los proyectos que la mencionada misión preparó en forma conjunta con el Gobierno, fueron entregados formalmente en la Secretaría del Congreso. No obstante, no puede prometer que tales proyectos se transformen en leyes. Asimismo, el Gobierno informa en su memoria que por iniciativa del Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, los especialistas laborales vienen discutiendo la expedición de una nueva ley que ampare la sindicalización general de los empleados públicos.

La Comisión subraya la importancia de los puntos de la legislación que son incompatibles con las exigencias de los Convenios, y ruega al Gobierno que informe sobre la evolución de la tramitación de los proyectos que han sido sometidos al Congreso y sobre la evolución de los trabajos emprendidos para redactar un proyecto relativo a los derechos sindicales de los empleados públicos, y expresa la esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno estará en condiciones de comunicar que ha habido progresos en la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98.

2. Por otra parte, la Comisión había tomado nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio enviados por la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) en 1988. La CEDOC se refería a algunas disposiciones que ya habían sido objetadas por la Comisión y señalaba que para la constitución de organizaciones sindicales de trabajadores sujetos al Código de Trabajo que laboran en el sector público, se exigen requisitos no previstos en la legislación (por ejemplo, la presentación de los contratos de trabajo y los boletines salariales diarios); asimismo, las autoridades hacen reformas y observaciones innecesarias a los estatutos de las organizaciones que desean constituirse; además, según la CEDOC, se delega ilegalmente en funcionarios subalternos la tarea de dictar las decisiones sobre negativa de registro.

El Gobierno señala que los comentarios de la CEDOC se refieren al período del Gobierno anterior y que es por ello prácticamente imposible para el actual Gobierno dar cuenta de detalles íntimos del manejo de la Oficina de Organizaciones Sindicales en dicho período. El Gobierno niega que el registro de las organizaciones sindicales se delegue ilegalmente en funcionarios subalternos.

Teniendo en cuenta las declaraciones del Gobierno, la Comisión invita a la CEDOC a que indique si sus comentarios sobre la aplicación del Convenio formulados en el período del Gobierno anterior se aplican también al período actual, especificando, si así es, casos concretos de violaciones del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

La Comisión ha tomado nota de los debates que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia en 1989, así como de la memoria del Gobierno.

La Comisión ha tomado nota de que, a solicitud del Gobierno, se desarrolló en Ecuador una misión consultiva del 27 de noviembre al 1.o de diciembre de 1989, para examinar las cuestiones relativas a la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98, entre otros. Según el informe de ésta, la misión preparó, en forma conjunta con las autoridades del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, proyectos tendientes a dar satisfacción a todos los puntos planteados por la Comisión de Expertos en materia de libertad sindical, comprometiéndose las autoridades a someter tales textos a las comisiones pertinentes del Congreso Nacional. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno tales proyectos serían presentados inmediatamente al Congreso, con el respaldo y recomendación del Poder Ejecutivo.

La Comisión se había venido refiriendo a las siguientes disposiciones de la legislación que eran incompatibles con las exigencias del Convenio:

- prohibición de que los servidores públicos constituyan sindicatos (artículo 10, párrafo g), de la ley del servicio civil y la carrera administrativa, de 8 de diciembre de 1971), incluso si tienen el derecho de asociarse y designar sus representantes (artículo 9, párrafo h), de la ley citada);

- requisito de ser ecuatoriano para integrar la comisión directiva de un comité de empresa (artículo 455 del Código de Trabajo);

- disolución por vía administrativa de un comité de empresa cuando su número de miembros sea inferior al 25 por ciento del total de los trabajadores (artículo 461 del Código);

- prohibición de que los sindicatos intervengan en actividades religiosas o de partidos políticos, exigiendo la inserción de disposiciones de este tenor en los estatutos de los sindicatos (artículo 443, párrafo 11, del Código);

- penas de prisión, para los autores de paros colectivos del trabajo y los que participen en ellos (previstas por el decreto núm. 105 del 7 de junio de 1967);

- falta de protección contra los actos de discriminación antisindical en el momento de la contratación.

Por otra parte, la Comisión había tomado nota de los comentarios sobre la aplicación del Convenio enviados por la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC) por comunicación de 22 de enero de 1988. La CEDOC se refería a algunas disposiciones que ya habían sido objetadas por la Comisión y señalaba que para la constitución de organizaciones sindicales de trabajadores sujetos al Código de Trabajo que laboran en el sector público, se exigen requisitos no previstos en la legislación (por ejemplo, la presentación de los contratos de trabajo y los boletines salariales diarios); asimismo, las autoridades hacen reformas y observaciones innecesarias a los estatutos de las organizaciones que desean constituirse; además, según la CEDOC, se delega ilegalmente en funcionarios subalternos la tarea de dictar las decisiones sobre negativa de registro. Posteriormente, la CEDOC envió nuevos comentarios por comunicación de 13 de abril de 1989, subrayando que la Disposición General 12, de los Presupuestos Generales del Estado de 1988 y 1989, obstaculizan la negociación colectiva. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado una respuesta detallada sobre estas cuestiones.

La Comisión ruega al Gobierno que informe sobre la evolución de la tramitación de los proyectos que han sido sometidos al Congreso y expresa la esperanza de que en su próxima memoria el Gobierno estará en condiciones de comunicar que ha habido progresos en la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98, y de que enviará una respuesta detallada sobre los comentarios de la CEDOC.