Informe definitivo - Informe núm. 259, Noviembre 1988

1. 100. El Comité examinó este caso en su reunión de mayo de
2. 1988, en que
   • presentó un informe provisional al Consejo de Administración
   • (véase 256.
   • informe, párrafos 383 a 400). Desde entonces, el Gobierno ha
   • enviado
   • comunicaciones de fecha 25 de mayo, 30 de mayo, 3 de junio,
3. 2 de agosto y 13
   • de septiembre de 1988.
4. 101. Por otra parte, el Comité ha sido informado de que el
   • Director General,
   • acompañado por el Sr. Gernigon, jefe del Servicio de Libertad
   • Sindical, visitó
   • Côte d'Ivoire del 27 al 29 de julio de 1988 para examinar con las
   • autoridades
   • gubernamentales las cuestiones planteadas en el presente
   • caso.
5. 102. Côte d'Ivoire ha ratificado el Convenio sobre la libertad
   • sindical y la
   • protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
   • Convenio sobre el
   • derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
6. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 103. La FISE alegaba que se habían suspendido las labores
2. del congreso del
3. Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de
4. Côte d'Ivoire
5. (SYNESCI) y que varias personas que nunca habían pagado
6. cuotas sindicales
7. habían constituido ilegalmente una Mesa del sindicato. Alegaba
8. asimismo que
9. ísta había ocupado la sede del sindicato con ayuda de la
10. policía nacional y
11. que se habían congelado las cuentas bancarias del sindicato
12. por orden del
13. Ministro de Educación Nacional en beneficio de la Mesa
14. ilegítima.
15. 104. La organización también alegaba que tres dirigentes del
16. SYNESCI, entre
17. los cuales el Sr. Laurent Akoun, secretario general, habían sido
18. detenidos y
19. condenados a penas de cuatro a seis meses de cárcel por
20. "malversación de
21. fondos públicos". Por otra parte, la FISE declaraba que otros 13
22. sindicalistas
23. estaban detenidos en el campamento militar de Seguíla, que 18
24. se hallaban
25. suspendidos de sueldo y seis estaban suspendidos de empleo.
26. 105. Habida cuenta de las informaciones de que disponía en
27. su reunión de
28. mayo de 1988, el Comité presentó al Consejo de Administración
29. las conclusiones
30. provisionales siguientes:
31. - Dada la gravedad de los numerosos alegatos formulados en
32. el presente
33. caso, el Comité quisiera creer que el Gobierno hará todo lo
34. posible para
35. asegurar que en Côte d'Ivoire se garantice el respeto a los
36. derechos
37. sindicales del personal docente.
38. - El Comité pide que el Sindicato Nacional de Profesores de
39. Enseñanza
40. Secundaria de Côte d'Ivoire (SYNESCI), que ha recusado a la
41. ejecutiva
42. ilegítima que pretende representar a los profesores de
43. enseñanza secundaria,
44. vea su caso sustanciado en breve plazo ante los tribunales y
45. pide al Gobierno
46. que le informe sobre el resultado del mismo.
47. - El Comité pide al Gobierno que le facilite copias del juicio de
48. diciembre
49. de 1987 en el que se sentenció a penas de cárcel a varios
50. dirigentes del
51. SYNESCI por apropiación indebida de fondos públicos, y le
52. insta a que ponga en
53. libertad o le informe sobre los cargos que pesan sobre los 13
54. dirigentes
55. sindicales que, al parecer, se hallan detenidos sin acusación o
56. juicio en el
57. campamento militar de Seguíla desde el 31 de octubre de 1987,
58. así como de su
59. situación actual.
60. - En cuanto a los actos de discriminación antisindical llevados
61. a cabo por
62. las autoridades contra activistas del SYNESCI durante los seis
63. últimos meses,
64. el Comité pide al Gobierno que le informe sobre la situación
65. actual de los
66. profesores que se hallan suspendidos de empleo o trasladados
67. o suspendidos de
68. sueldo a causa de sus actividades o funciones sindicales.
69. B. Respuesta del Gobierno
70. 106. En su comunicación de fecha 25 de mayo de 1988, el
71. Gobierno señala que
72. en vísperas de su congreso el SYNESCI se enfrentaba con
73. dificultades internas.
74. La desmovilización de los militantes era casi general, salvo un
75. núcleo, él
76. también profundamente dividido. Los afiliados habían dejado
77. prácticamente de
78. pagar voluntariamente sus cuotas. La ineficacia de la junta
79. directiva nacional
80. era evidente y su administración se consideraba desastrosa. La
81. finalidad del
82. congreso era clara: se trataba para la dirección en ejercicio de
83. conservar sus
84. puestos por todos los medios posibles y, para la inmensa
85. mayoría de los
86. profesores de segunda enseñanza, de conseguir un cambio de
87. dirección para
88. reactivar el SYNESCI. Dos grupos se enfrentaron desde el
89. primer día del
90. congreso, y el grupo que apoyaba a la Mesa saliente se retiró
91. de la sala. El
92. otro grupo elegió una Mesa y la reunión continuó sus labores.
93. Se instó a la
94. antigua dirección a que presentara un balance de su
95. administración durante el
96. mandato que se le había confiado. Ante la negativa de esta
97. última, se votó
98. contra ella una moción de censura. Se constituyeron cuatro
99. comisiones y las
100. labores se llevaron a feliz término. El Sr. Djanwet Kouakou fue
101. elegido
102. secretario general por mayoría absoluta. El 24 de julio, el nuevo
103. secretario
104. general tomó posesión de los locales del SYNESCI en presencia
105. de un ujier de
106. justicia.
107. 107. El 4 de agosto de 1987, el nuevo secretario general
108. presentó al Fiscal
109. de la República de Abidján una queja contra los señores
110. Laurent Akoun, Traorí
111. Yaya y Adoukou, miembros de la Mesa saliente del SYNESCI,
112. por abuso de
113. confianza y ocultación de bienes en metálico (14 700 000
114. francos CFA) y de
115. material perteneciente al sindicato. En el expediente abierto
116. como
117. consecuencia de esta queja se establece que durante la
118. reunión del congreso el
119. Sr. Laurent Akoun se llevó material técnico. Por otra parte, entre
120. el 21 y el
121. 23 de julio de 1987, se retiró la cantidad de 14 700 000 francos
122. CFA de tres
123. bancos diferentes por medio de cheques firmados por el
124. secretario general
125. saliente y refrendados por el tesorero y el tesorero adjunto
126. salientes.
127. 108. Interrogados sobre estos hechos, los acusados
128. reconocieron su
129. materialidad, pero aclararon que las cantidades retiradas de los
130. bancos se
131. utilizaron para el pago de los salarios del personal de la oficina
132. del Sr.
133. Akoun y sufragar diversos gastos correspondientes a la
134. celebración del
135. congreso y el funcionamiento del sindicato. En lo que se refiere
136. al material,
137. íste se habría ocultado para restituirlo luego a quien
138. correspondiera después
139. de la celebración del congreso que proyectaban convocar. El
140. 19 de septiembre
141. de 1987, el Sr. Laurent Akoun declaró ante el juez de
142. instrucción que estaba
143. dispuesto y podía presentar a la justicia el material técnico del
144. SYNESCI y
145. los bienes en metálico, tras un descuento de los gastos, que
146. ascendían a 3 850
147. 000 francos CFA (unos 7 700 francos franceses)
148. correspondientes al
149. funcionamiento del sindicato. Los otros dos acusados
150. expresaron su conformidad
151. con las nuevas declaraciones del Sr. Laurent Akoun. Por este
152. motivo, el 1 de
153. octubre de 1987, los abogados de los acusados entregaron al
154. juez de
155. instrucción los fondos y el material técnico de oficina que
156. habían ocultado
157. sus clientes.
158. 109. El Sr. Laurent Akoun fue detenido el 5 de septiembre de
159. 1987 y las
160. otras dos personas el 11 del mismo mes, y los acusados fueron
161. presentados al
162. tribunal de primera instancia de Abidján por abuso de confianza
163. y ocultación
164. de bienes. Ante el tribunal de primera instancia de Abidján y el
165. tribunal de
166. apelaciones al que recurrieron al mismo tiempo que el ministerio
167. público, los
168. acusados sostuvieron que la restitución anulaba las
169. acusaciones formuladas
170. contra ellos y que el congreso se había suspendido el 21 de
171. julio de 1987 como
172. consecuencia de desórdenes, de manera que el Sr. Djanwet
173. Kouakou no había sido
174. elegido normalmente, luego no estaba calificado para
175. representar el SYNESCI.
176. 110. El tribunal de primera instancia de Abidján y el tribunal de
177. apelaciones de la misma ciudad estimaron que el contencioso
178. electoral alegado
179. por los acusados sólo era imaginario por falta de pruebas y que
180. la restitución
181. forzosa de los interesados sólo constituía un arrepentimiento
182. activo que no
183. subsanaba la intención fraudulenta y podía considerarse a lo
184. máximo como
185. circunstancias atenuantes. Por este motivo, ambas
186. jurisdicciones condenaron a
187. los señores Akoun y Traore Yaya a seis meses de cárcel sin
188. sobreseimiento y a
189. 100 000 francos CFA de multa, así como al Sr. Adoukou Vanga
190. a cuatro meses de
191. cárcel sin sobreseimiento y a 50 000 francos CFA de multa.
192. 111. Por su parte, el Sr. Laurent Akoun y sus partidarios
193. interpusieron un
194. recurso judicial el 21 de septiembre de 1987 ante el tribunal de
195. trabajo que,
196. por ser claramente incompetente, desestimó su petición por
197. decisión de 5 de
198. noviembre de 1987. Los interesados interpusieron entonces un
199. recurso ante el
200. tribunal de primera instancia de Abidján para que se anularan las
201. elecciones
202. de julio de 1987. Este tribunal estimó, por sentencia dictada el 6
203. de abril de
204. 1988 (de la que el Gobierno presenta una copia), que la
205. apertura del congreso
206. había privado a todos los órganos dirigentes del sindicato de su
207. mandato y que
208. el Sr. Akoun no podía actuar como secretario general del
209. SYNESCI ya que había
210. perdido esta calidad y sólo podía recuperarla por medio de su
211. reelección en el
212. congreso. Por consiguiente, su petición se declaró inadmisible.
213. 112. Por otra parte, el Gobierno declara que tras la detención
214. del Sr. Akoun
215. sus partidarios realizaron una amplia campaña de
216. desinformación y de
217. intoxicación. Por ejemplo, se repartieron octavillas sediciosas,
218. difamatorias,
219. tendenciosas e injuriosas muy violentas respecto de ciertas
220. personalidades
221. políticas, de la justicia y de la administración de la enseñanza y,
222. sobre
223. todo, del Presidente de la República.
224. 113. A pesar de la extrema gravedad de estos hechos y de
225. estas prácticas
226. contrarias a los estatutos de la administración pública de Côte
227. d'Ivoire, sus
228. autores, funcionarios del Estado, habiendo sido interrogados y
229. habiendo
230. reconocido su actuación, sólo han sido objeto de medidas de
231. cambio de destino
232. a otros puestos en Côte d'Ivoire. Para algunos de ellos se ha
233. derogado la
234. suspensión de sus obligaciones militares y, como todo
235. ciudadano del país, han
236. sido movilizados para cumplirlas por el período que les
237. corresponde
238. legalmente, en especial en el campamento de Seguíla.
239. Finalmente, los que han
240. comparecido ante los tribunales por solidaridad con sus
241. compañeros y han
242. abandonado sus puestos, han sido naturalmente privados de los
243. salarios
244. correspondientes al tiempo de trabajo no realizado, y a otros,
245. que se han
246. negado a aceptar su nuevo destino, también se les ha
247. suspendido legítimamente
248. su remuneración.
249. 114. En lo que se refiere al congreso del SYNESCI, el
250. Gobierno estima que el
251. cambio en la dirección del sindicato no es obra suya. Según
252. este último, es el
253. resultado de la división de los militantes y de su oposición
254. demostrada antes
255. y durante el congreso al que asistieron todos para cambiar una
256. dirección
257. nacional ineficaz en el plano sindical, inútilmente régida y con
258. orientaciones
259. poco claras. Este es el motivo por el cual el Sr. Akoun modificó,
260. antes del
261. congreso, el artículo 24, que pasó a ser artículo 26 del
262. reglamento, y sobre
263. todo el artículo 3, nuevo éste, que modificaba las modalidades
264. de escrutinio
265. para la elección del secretario general. Sólo 82 personas
266. habrían tenido el
267. derecho legal de elegir el secretario general, tratándose de 82
268. partidarios
269. seguros puesto que todos eran responsables de subsecciones
270. establecidas por la
271. Mesa en ejercicio. Por otra parte, aprovechando la
272. desmovilización general y
273. la negativa de casi todos los profesores a pagar sus cuotas
274. sindicales (sólo
275. 150 de los 7 000 afiliados lo habían hecho), el Sr. Akoun se
276. opuso por cálculo
277. a la voluntad de subsanar la situación, aunque fuera en último
278. momento, de
279. todos los que habían decidido expulsarlos a él y su equipo de la
280. dirección del
281. sindicato. Siendo profesores con plenitud de derechos,
282. descontentos por el
283. funcionamiento de su organización sindical, amargados ante la
284. imposibilidad de
285. expresarse en su propio congreso y tras haber agotado todos
286. los medios de
287. diálogo pacífico pero estéril desde hace varios años, la mayoría
288. terminó
289. imponiendo la ley del número.
290. 115. El Gobierno añade que, por su calidad y su número, los
291. congresistas
292. consideraron que no les concernía una suspensión sine die del
293. XV congreso por
294. una minoría a la que sólo interesaba mantener la situación
295. actual. En este
296. asunto, el Gobierno se ha limitado a evitar desórdenes. El resto,
297. a saber, la
298. legalidad o ilegalidad de las labores del congreso, corresponde
299. a la justicia,
300. en un país que respeta la separación de los poderes, y, de
301. hecho, los
302. tribunales examinaron un recurso de anulación de las actas del
303. XV congreso. De
304. haber actuado de otra manera el Gobierno, no sólo se habría
305. invocado una
306. injerencia inadmisible del mismo sino que el poder ejecutivo se
307. habría
308. concretamente sustituido al poder judicial. Por esta razón,
309. cuando la Mesa
310. elegida pidió audiencia al Jefe del Estado, éste la recibió como
311. hizo siempre
312. para la antigua dirección.
313. 116. En lo que se refiere al procedimiento penal incoado
314. contra los antiguos
315. dirigentes del SYNESCI, el Gobierno declara que no revistió ni el
316. carácter de
317. un proceso de intención ni el de un proceso político. Es un
318. asunto de derecho
319. común, considerado como tal, en el respeto escrupuloso de los
320. textos en vigor,
321. con la asistencia constante de tres representantes de los
322. colegios de abogados
323. de Parés y de Abidján; la queja fue presentada por el Sr.
324. Djanwet Kouakou,
325. nuevo secretario general, que tiene tanto más derecho a
326. defender los intereses
327. del SYNESCI cuanto que ninguna decisión de justicia ha
328. anulado su elección. De
329. hecho, todo ciudadano tiene el derecho de denunciar una
330. práctica delictuosa, y
331. el Fiscal de la República de admitirla. Sea lo que fuere, y para
332. terminar
333. sobre este punto, el Gobierno declara que las sentencias
334. dictadas no son obra
335. suya y que no puede dar órdenes a un representante del
336. ministerio público ni
337. influir de ninguna manera en el fallo de un tribunal.
338. 117. Finalmente, el Gobierno estima que las decisiones
339. administrativas en
340. materia de servicio militar obligatorio, cambios de destino y
341. suspensión de
342. los salarios son irrisorias en comparación con las faltas
343. cometidas, que están
344. todas vinculadas con violaciones evidentes de los estatutos de
345. la
346. administración pública. En efecto, el artículo 14 de los estatutos
347. dispone que
348. el funcionario es libre respecto de sus opiniones filosóficas,
349. políticas y
350. religiosas. Sin embargo, la expresión de estas opiniones no
351. puede poner en
352. tela de juicio los principios plasmados en la Constitución del
353. Estado. Sólo
354. pueden expresarse estas opiniones fuera de las horas de
355. servicio y con la
356. reserva que corresponde al cargo que desempeña el
357. interesado. Sólo pueden ser
358. objeto de una difusión por escrito previa autorización del ministro
359. competente. Las ofensas y ultrajes contra el mismo Jefe del
360. Estado, los
361. atentados contra su vida pública y privada, los insultos contra la
362. autoridad
363. pública, se sancionan con arreglo a los artículos 174 y 243 y
364. siguientes del
365. Código Penal; sin embargo, estos delitos no se han invocado
366. contra las
367. personas de que se trata.
368. 118. Según el Gobierno, las disposiciones pertinentes de los
369. Convenios núms.
370. 87, 98 y 151 no han sido objeto de ninguna violación por su
371. parte,
372. contrariamente a los alegatos de los querellantes.
373. 119. En su comunicación de 3 de junio de 1988, el Gobierno
374. aclara que los
375. tres dirigentes del SYNESCI condenados por abuso de
376. confianza y ocultación de
377. bienes han cumplido su sentencia. Al ser puestos en libertad
378. han sido
379. trasladados al campamento de Seguíla para cumplir su servicio
380. militar
381. obligatorio. Por consiguiente, con arreglo al Gobierno, su
382. presencia en
383. Seguíla no está de ningún modo vinculada con el ejercicio legal
384. de sus
385. actividades sindicales sino con actos reprensibles cometidos en
386. violación del
387. artículo 14 de los estatutos generales de la administración
388. pública de Côte
389. d'Ivoire.
390. 120. En una comunicación de 2 de agosto de 1988 dirigida a
391. la OIT, después
392. del regreso de la misión realizada por el Director General, el
393. Gobierno
394. subraya que los incidentes que se produjeron durante el último
395. congreso del
396. SYNESCI fueron el resultado de un conflicto interno entre las
397. diversas
398. tendencias sindicales de la organización. Estas tendencias
399. tuvieron la
400. posibilidad de expresarse dentro de la organización y el
401. Gobierno no intervino
402. de ningún modo en este asunto interno del SYNESCI.
403. Unicamente debió
404. intervenir el poder judicial en el marco de un proceso civil y de
405. un proceso
406. penal a petición de ambas tendencias. Así, la justicia ante la
407. que recurrieron
408. los interesados se pronunció, por una parte, sobre la validez de
409. las
410. elecciones que se celebraron durante dicho congreso y, por
411. otra parte, sobre
412. las acusaciones penales formuladas contra los tres (3) antiguos
413. dirigentes del
414. SYNESCI.
415. 121. Respecto de la situación de las personas que habían
416. sido movilizadas
417. para hacer el servicio militar en los campamentos militares, el
418. Gobierno
419. declara que estas personas han reanudado sus actividades
420. civiles de enseñanza,
421. durante el período de servicio militar que les corresponde
422. legalmente. Además,
423. actualmente se está estudiando la adopción de medidas para
424. que los profesores
425. afectados cobren íntegramente los salarios que habían dejado
426. de percibir. El
427. Gobierno asegura, por último, al Comité de Libertad Sindical que
428. las personas
429. interesadas nunca han sido excluidas de la vida de Côte
430. d'Ivoire, dado que su
431. situación ha sido objeto de contactos directos con miembros del
432. Gobierno.
433. 122. En una comunicación posterior de fecha 13 de
434. septiembre de 1988, el
435. Gobierno hace saber que este asunto ha llegado a una
436. conclusión en relación al
437. Sr. Akoun y sus colegas, quienes en el plano administrativo se
438. encuentran
439. nuevamente en la situación que tenían antes de que se
440. produjeran los
441. incidentes que dieron origen al presente caso ante el Comité.
442. Sus salarios han
443. sido pagados a partir del mes de julio de 1988. Los salarios
444. debidos hasta la
445. fecha de suspensión también les serán pagados. El Gobierno
446. añade que solamente
447. los resultados del XV congreso del SYNESCI quedan invariables
448. ya que se trata
449. de un problema netamente sindical en el cual el Gobierno no
450. debe interferir.

C. Conclusiones del Comité

1. 123. El Comité observa que, en el presente caso, la
   • organización querellante
   • ha formulado alegatos sobre la injerencia del Gobierno en los
   • asuntos internos
   • del Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
   • de Côte d'Ivoire
   • (SYNESCI), sobre la condena a penas de cárcel de tres
   • dirigentes de esta
   • organización, sobre el internamiento en campamentos militares
   • de otros
   • sindicalistas y sobre la adopción de medidas discriminatorias,
   • tales como
   • traslados o suspensiones de salarios, contra miembros del
   • personal docente.
2. 124. En lo referente a la primera cuestión, el Comité observa
   • que este
   • asunto tiene su origen en los conflictos que se produjeron entre
   • tendencias
   • opuestas durante el congreso del SYNESCI. Después de que la
   • Mesa saliente
   • abandonase sus funciones, el congreso eligió una nueva
   • dirección sindical que
   • tomó posesión de los locales y de los bienes de la organización.
   • Estas
   • elecciones fueron impugnadas por la antigua dirección ante la
   • justicia, pero
   • ísta desestimó la demanda de los querellantes.
3. 125. El Comité siempre ha considerado que no le incumbe
   • pronunciarse sobre
   • conflictos internos de una organización sindical, salvo en el
   • caso de una
   • intervención del Gobierno que pudiera afectar el ejercicio de los
   • derechos
   • sindicales y el normal funcionamiento de una organización.
   • (Véase, por
   • ejemplo, 217.o informe, caso núm. 1086 (Grecia), párr. 93.) En
   • tales casos de
   • conflictos internos, el Comité también ha señalado que la
   • intervención de la
   • justicia permitiría aclarar la situación desde el punto de vista
   • legal a los
   • fines de una normalización de la gestión y representación de la
   • organización
   • afectada. El Gobierno debería reconocer a los directivos que
   • resultasen ser
   • los representantes legítimos de la organización. (Véase, por
   • ejemplo, 172.
   • informe, caso núm. 865 (Ecuador), párr. 75.)
4. 126. En este caso, el Comité observa que el grupo favorable a
   • la antigua
   • dirección sindical abandonó voluntariamente las labores del
   • congreso y, así,
   • no participó en las elecciones de los organismos dirigentes de la
   • organización. En los alegatos no se indica en ningún momento
   • que las
   • autoridades públicas hubiesen intervenido en el procedimiento
   • electoral.
   • Además, la justicia ante la que recurrió la antigua dirección no
   • ha dado curso
   • a esta demanda. Por consiguiente, el Comité considera que este
   • aspecto del
   • caso no requiere un examen más detenido.
5. 127. En lo que se refiere a la condena a penas de cárcel de
   • tres antiguos
   • dirigentes del SYNESCI, el Comité toma nota de que los
   • procedimientos
   • judiciales que condujeron a estas sentencias fueron
   • emprendidos a raíz de una
   • queja presentada por el nuevo secretario general de la
   • organización por abuso
   • de confianza y ocultación de bienes. Además, el Comité no
   • puede sino observar
   • que de las informaciones facilitadas por el Gobierno, y
   • especialmente del
   • texto del juicio, se desprende que los interesados disfrutaron de
   • un
   • procedimiento judicial regular y, en particular, del derecho a un
   • defensor y
   • del derecho a recurrir ante los tribunales de apelación.
6. 128. En lo tocante a los internamientos de profesores en
   • campamentos
   • militares - incluidos los tres dirigentes condenados después de
   • haber cumplido
   • su pena -, el Comité toma nota de las explicaciones del
   • Gobierno según las
   • cuales se ha derogado la suspensión de las obligaciones
   • militares de los
   • interesados y han sido enviados a campamentos para cumplir el
   • período de
   • servicio militar que les corresponde legalmente. Estas medidas
   • han sido
   • adoptadas, según el Gobierno, después de la campaña
   • difamatoria e injuriosa
   • que dichas personas habían llevado a cabo contra diversas
   • personalidades y,
   • especialmente, contra el Presidente de la República.
7. 129. A este respecto, el Comité debe recordar que el derecho
   • a expresar
   • públicamente sus opiniones constituye uno de los elementos
   • fundamentales de
   • los derechos sindicales. Sin embargo, el hecho de ejercer una
   • actividad
   • sindical o de desempeñar un mandato judicial no supone
   • ninguna inmunidad
   • frente al derecho penal ordinario y el Comité considera, en
   • particular, que al
   • tomar posición públicamente, los dirigentes sindicales no
   • deberían sobrepasar
   • los límites admisibles de la polémica y tendrían que abstenerse
   • de utilizar un
   • lenguaje incorrecto. (Véase, a este respecto, 218. informe,
   • caso núm. 1102
   • (Panamá), párr. 159.) En el presente caso, el Comité considera,
   • no obstante,
   • que las medidas de suspensión de la prórroga militar adoptadas
   • por las
   • autoridades contra los sindicalistas constituían sanciones que
   • se impusieron
   • sin que, según parece, se emprendiesen procedimientos
   • judiciales o
   • disciplinarios ordinarios. Si bien toma nota de que los
   • interesados ya han
   • abandonado los campamentos militares y han reanudado sus
   • actividades docentes,
   • el Comité debe recordar, no obstante, al Gobierno la importancia
   • que concede
   • al hecho de que los sindicalistas, a semejanza de las demás
   • personas,
   • disfruten de procedimientos que presenten todas las garantías
   • de independencia
   • y de imparcialidad cuando se les acusa de delitos de derecho
   • común o de
   • carácter político.
8. 130. El Comité toma nota de las informaciones más recientes
   • transmitidas por
   • el Gobierno, según las cuales el Sr. Akoun y sus colegas se
   • encuentran
   • nuevamente en la situación que tenían antes de los incidentes
   • que dieron lugar
   • al inicio de este caso ante el Comité, y, en particular, de que sus
   • salarios
   • han sido pagados a partir del mes de julio de 1988, y de que les
   • serán pagados
   • también los salarios debidos hasta la suspensión.
9. 131. Por último, el Comité toma nota de que la situación de los
   • profesores
   • que se hallaban suspendidos de sueldo ha sido examinada a fin
   • de que puedan
   • recibir sus salarios, y expresa, así, la firme esperanza de que se
   • restablecerán plenamente los derechos de los profesores
   • afectados.