Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République centrafricaine (Ratification: 2000)

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Artículo 3, a), del Convenio. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de la adopción del Código del Trabajo de 2009, que prohíbe el reclutamiento forzoso obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, los niños siguen vinculados con distintos grupos armados y milicias de autodefensa locales. De hecho, sigue habiendo niños alistados en el ejército y luchando en los distintos grupos armados. La Comisión tomó nota de que la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana no ha cesado de agravarse a largo de 2013 con la multiplicación de grupos armados y el cambio de alianzas entre ellos: numerosos grupos armados que han propiciado el surgimiento de la coalición Séléka o que están más o menos vinculados a la antigua coalición Séléka; por otra parte, las milicias antibalaka, una milicia de defensa local aparecida durante el segundo semestre del año para responder a los ataques sistemáticos perpetrados por la antigua coalición Séléka contra la población civil. Las milicias antibalaka al igual que la coalición Séléka se han dedicado sistemáticamente a reclutar y utilizar niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que la situación de la seguridad en la República Centroafricana sigue estando entre las preocupaciones principales del Gobierno. El Gobierno señala que, en el marco del documento de estrategia de Recuperación y Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (2017-2021) (RCPCA), y su principal epígrafe titulado «Mantener la paz, la seguridad y la reconciliación», el Gobierno ha puesto en marcha el proceso de desarme, desmovilización, reinserción y repatriación, así como la reforma del sector de la seguridad, con miras a pacificar el país. El Gobierno señala que esta situación de seguridad permitirá la reorganización de la administración en el conjunto del territorio, así como la restauración de la autoridad del Estado con miras a llevar a cabo investigaciones judiciales y enjuiciar a los autores de reclutamiento forzoso de niños.

Además, la Comisión toma nota de que, según informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, sobre la suerte que corren los niños en épocas de conflicto armado en la República Centroafricana, de 12 de febrero de 2016 (informe del Secretario General), se firmó en Brazzaville, el 23 de julio de 2014 un acuerdo de cesación de las hostilidades, que condujo al restablecimiento gradual de la calma en Bangui, y fijó las reglas básicas para la conclusión del proceso de transición: entre otras la celebración de elecciones, el proceso de desarme, la desmovilización y reintegración, y la reconciliación nacional (documento S/2016/133, párrafo 12). El Secretario General señala además que el Foro de Bangui sobre la reconciliación nacional, celebrado en mayo de 2015, y las consultas populares en todo el país que lo precedieron, culminaron en la firma de un acuerdo sobre los principios del desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación, y la integración de los elementos armados en las fuerzas militares centroafricanas. El 5 de mayo de 2015, diez grupos armados, incluidas facciones de la antigua Séléka y grupos antibalaka, firmaron un acuerdo para detener y prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y otras violaciones graves cometidas contra los niños (párrafo 14). La Comisión toma nota además de que, según la descripción del programa de país propuesta por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y sometida al Consejo de Administración del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 10 de agosto de 2017, la República Centroafricana sale paulatinamente de la inestabilidad institucional y sociopolítica con la promulgación de una nueva Constitución, en marzo de 2016, y la organización de elecciones presidenciales democráticas y transparentes a principios de 2016 y de elecciones legislativas en abril de 2016. No obstante, los grupos armados siguen controlando los recursos naturales del país, lo cual amenaza la cohesión social y el acceso a los servicios básicos (documento E/ICEF/2017/P/L.27, párrafo 1).

La Comisión toma nota, sin embargo, de que, según el informe del Secretario General, un estudio auspiciado por el UNICEF de 2014 calculó que entre 6 000 y 10 000 niños estaban vinculados a grupos armados, un aumento atribuido al recrudecimiento de la actividad de los grupos armados antibalaka desde 2013, (documento S/2016/133, párrafo 17). Según el informe del Secretario General, los niños no sólo sufrieron abusos al ser usados en los combates y como esclavos sexuales, sino que también fueron obligados a realizar diversas funciones de apoyo, incluso como informantes. A partir de 2014, los niños se han utilizado cada vez más para cometer violaciones contra los civiles. El Secretario General señala que, en 2015, 39 niños (28 niños y 11 niñas) habían sido reclutados, la mayoría (21 niños) por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), y también por facciones de la antigua Séléka, como la Unión para la Paz en Centroáfrica (UPC) (13 niños). Sin embargo, durante el estallido de violencia que tuvo lugar el 26 de septiembre, se vieron cientos de niños ocupando puestos de control o erigiendo barricadas en Bangui (párrafo 22). Además, según el informe de la Experta Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, de 28 de julio de 2017 (informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana), la Oficina de la Coordinación de asuntos humanitarios considera que quedarían aún entre 4 000 y 5 000 niños alistados (documento A/HRC/36/64, párrafo 69).

A pesar de los avances realizados en lo que concierne la estabilidad del país, la Comisión expresa su profunda preocupación por la situación actual, por cuanto la práctica del reclutamiento lleva aparejada otras violaciones de los derechos de los niños, tales como el rapto, el asesinato y la violencia sexual. La Comisión reitera nuevamente que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados está considerado como una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas de carácter inmediato y eficaz para garantizar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con toda urgencia. Al tiempo que reconoce la complejidad de la situación que prevalece en el terreno y la presencia de un conflicto y de grupos armados en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por parte de los grupos armados del país. Además, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y se persiga eficazmente a las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados. La Comisión le ruega que comunique informaciones sobre el número de investigaciones realizadas, procedimientos incoados y condenas pronunciadas en aplicación de lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Artículo 7, 2). Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados b) y c). Ayuda directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y garantizarles el acceso a la educación y la formación profesional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno ha adoptado medidas, en cooperación con el UNICEF, para prever una ayuda directa e idónea para sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social. No obstante, la Comisión observó que el aumento de la inseguridad había provocado que los niños volvieran a alistarse, y que la inseguridad había limitado la ayuda humanitaria en una gran parte del país. No obstante, la Comisión tomó nota de que el Gobierno de transición procedió a la revisión de la estrategia nacional de desarme, desmovilización y reintegración y que la ONU trabajaba en estrecha colaboración con las autoridades de transición sobre esta cuestión, con el objetivo de dedicar a este asunto las disposiciones pertinentes en la estrategia nacional en relación con el desarme, la desmovilización y la reintegración de los niños.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General, de enero de 2014 a diciembre de 2015, el equipo de tareas de supervisión y presentación de informes retiró a 5 541 niños (4 274 niños y 1 267 niñas), de los grupos armados. Pese a todo, el equipo de tareas pudo documentar que un total de 715 niños, entre ellos 114 niñas, habían sido nuevamente reclutados y utilizados (documento S/2016/133, párrafo 17). Según el informe del Secretario General, desde diciembre de 2013 y a lo largo de 2014, el equipo de tareas verificó 464 casos de nuevos reclutamientos, incluidos 446 niños por las milicias antibalaka (360 niños y 86 niñas) y 18 niños por la antigua Séléka. Además, se identificó y verificó la presencia de 2 807 niños (2 161 niños y 646 niñas) entre los grupos armados incluidas las milicias antibalaka (2 347 niños), diferentes facciones de la antigua Séléka (446 niños), el LRA (13 niños) y un niño fue separado de Révolution et justice (párrafo 20). Por otra parte, según la descripción del programa de país propuesta por el UNICEF y sometida al Consejo de Administración del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, el 10 de agosto de 2017, de los 9 449 niños que fueron liberados de los grupos armados entre enero de 2014 y marzo de 2017 (el 30 por ciento de los cuales son niñas), sólo 4 954 se han beneficiado de programas de reinserción (documento E/ICEF/2017/P/L.27, párrafo 8).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las acciones prioritarias del Gobierno van encaminadas a luchar contra los flagelos sociales que atentan contra los derechos humanos. Con este fin, se ha puesto en práctica un conjunto de acciones, como la protección de los derechos de la mujer y el niño, el desarrollo de acciones humanitarias y el crecimiento económico por una paz duradera. La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General sobre la situación en la República Centroafricana, de 2 de junio de 2017, el UNICEF ha prestado su apoyo para la reintegración de 420 niños liberados de los grupos armados, y 239 niños (de los cuales 55 niñas) han sido separados de los grupos antibalaka (documento S/2017/473, párrafo 36). Además, en el marco de los esfuerzos destinados a poner fin a la presencia de niños entre los grupos armados, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), desplegada en septiembre de 2014 para reemplazar la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana, bajo dirección africana, organizó una campaña de una semana en febrero de 2017, en colaboración con los interlocutores locales, para sensibilizar a los grupos armados, los miembros de la comunidad y las autoridades de cinco localidades sobre la repercusión de los conflictos armados en los niños. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y de la dificultad de la situación en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para prever una ayuda directa y adecuada a fin de sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social de modo que se garantice su desmovilización de forma duradera y definitiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.