Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Liban (Ratification: 1977)

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Artículos 3, 1) y 6 del Convenio. Todas las medidas apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores, a la luz de los conocimientos disponibles y de las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes. 1. Cristalino del ojo. La Comisión toma nota de que en el cuadro 2 del decreto núm. 11802, sobre la organización de la prevención, la seguridad y la higiene profesional, se establece que el límite de dosis para el cristalino del ojo es de 150 mSv por año. En relación con el párrafo 32 de su Observación General de 2015 sobre la aplicación del Convenio núm. 115, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que las dosis máximas para el cristalino del ojo se fijen en 20 mSv por año, promediado en un período definido de cinco años, sin que pueda excederse del valor de 50 mSv en el curso de un año.

2. Protección de las trabajadoras embarazadas y en período de lactancia. En relación con el párrafo 33 de su Observación General de 2015 sobre la aplicación del Convenio núm. 115, la Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas para establecer la dosis máxima admisible para las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.

Artículos 6, 1), 7, 1) y 2), y 8. Límites de dosis para las personas de entre 16 y 18 años de edad. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que indique si se había revisado el decreto núm. 700 de 1999 con miras a establecer límites para los trabajadores menores de 18 años que realizan trabajos relacionados con radiaciones ionizantes y a prohibir la contratación de trabajadores menores de 16 años en esos trabajos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en respuesta, que el decreto núm. 700 ha sido derogado y sustituido por el decreto núm. 8987 de 2012. El decreto núm. 8987 establece que está totalmente prohibido contratar a trabajadores menores de 18 años de edad en actividades en las que estén expuestos a sustancias carcinógenas, radiaciones o sustancias que puedan causar infertilidad o defectos de nacimiento (artículo 1 y anexo 1). También toma nota de que el artículo 21 del decreto núm. 11802 establece límites generales de dosis para los trabajadores mayores de 18 años de edad en los términos del cuadro 2 del anexo del decreto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el anexo 2 del decreto núm. 8987, que lista las actividades laborales que pueden perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los trabajadores menores de 16 años de edad y las que están permitidas para los trabajadores de 16 años o más, incluye a los trabajadores expuestos a las radiaciones atómicas o ionizantes, a condición de que se ofrezca a estos trabajadores una protección completa de su salud física, mental y moral y que estos menores reciban una educación especial o una formación profesional adecuada, con excepción de los trabajos totalmente prohibidos en virtud del anexo 1. En referencia a su Observación General de 2015 sobre la aplicación del Convenio núm. 115, la Comisión recuerda que, en cuanto a la exposición en el trabajo de los aprendices de 16 a 18 años de edad, en el marco de su formación para un empleo que implique una exposición a radiaciones y para la exposición de los estudiantes de 16 a 18 años de edad que utilicen fuentes de radiaciones en el curso de sus estudios, los límites de dosis son los siguientes: a) una dosis efectiva de 6 mSv por año; b) una dosis equivalente para el cristalino del ojo, de 20 mSv por año, y c) una dosis equivalente para las extremidades (manos y pies) o para la piel, de 150 mSv por año. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias, incluso en el marco de la reforma de la legislación laboral en curso, para garantizar que se fijen niveles de dosis específicos para los trabajadores de entre 16 y 18 años de edad ocupados en trabajos bajo radiaciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.