Protección de las personas que denuncian irregularidades

La tercera esfera de actividad guarda relación con la protección de los funcionarios que consideran que fueron objeto de represalias por haber denunciado casos de falta grave o por haber colaborado en una auditoría o una investigación. En el desempeño de la función relacionada con la protección de las personas que denuncian irregularidades, el Funcionario Encargado de las Cuestiones de Ética facilitará el ejercicio de la facultad que todo funcionario tiene de referir los casos de desacato de las normas éticas sin temor a sufrir represalias.

El Funcionario Encargado de las Cuestiones de Ética no sustituirá empero a ninguno de los mecanismos de que dispone el personal para denunciar los casos de falta grave o resolver las reclamaciones. En los párrafos 17 a 20 de la Directiva de la Oficina sobre la ética en la Oficina se indican algunos de estos mecanismos. Esto equivale a decir que el Funcionario Encargado de las Cuestiones de Ética no actuará como depositario de las denuncias de casos de falta grave.

Conforme al Procedimiento de la Oficina :"La ética en la Oficina: la protección de los funcionarios que denuncian irregularidades", (IGDS Número. 186), el Funcionario Encargado de las Cuestiones de Ética hará un examen preliminar de las quejas presentadas por funcionarios sobre las supuestas represalias de que hayan sido objeto por haber denunciado casos de falta grave o por haber colaborado en una auditoría o una investigación.

Este examen preliminar puede conducir en última instancia a someter el asunto al Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD) con miras a una eventual medida disciplinaria. Podría pensarse que el resultado de la acción protectora del Funcionario Encargado de las Cuestiones de Ética es relativamente modesto, pero esa conclusión es, sin duda, incorrecta; en efecto, la posibilidad de someter el asunto al HRD con miras a una eventual medida disciplinaria es algo más que un simple "traslado" de expediente y ejerce, por tanto, cierto efecto.

Lo que se busca es deparar una protección adecuada no sólo al funcionario que haya alegado represalias sino también al funcionario que haya sido acusado, garantizándose al mismo tiempo la equidad y transparencia del procedimiento en todas sus fases, el respeto estricto de las normas de justicia natural y las debidas garantías reglamentarias.