Protección social inclusiva de las personas con discapacidad

Los regímenes de protección social deberían cubrir los costes adicionales relacionados con la discapacidad y ofrecer incentivos a las personas con discapacidad para que ingresen y permanezcan en el mercado laboral.

La estructura de los regímenes de protección social puede suponer un obstáculo para el empleo de personas con discapacidad. En muchos países en los que se ofrecen prestaciones por discapacidad, los criterios de elegibilidad para acceder a ellas se asocian a la incapacidad para trabajar, limitándose a la percepción de las prestaciones y poniendo una traba a la búsqueda activa de empleo.

Aunque un empleo les podría reportar mayores ingresos, puede que aun así las personas con discapacidad eligieran percibir las prestaciones por el riesgo que supone mantener un puesto que no brinda el apoyo adecuado o que no es suficientemente flexible respecto de sus necesidades. Además, el trabajo a menudo supone un coste adicional para las personas con discapacidad, un coste que incide en su disposición para trabajar si no están protegidas por regímenes de protección social.

Por ello, los regímenes de protección social –tanto los convencionales como los destinados a personas con discapacidad– pueden desempeñar una función fundamental, ya que pueden sentar las bases para que muchas personas con discapacidad accedan a un puesto y lo conserven. Estos sistemas pueden promover significativamente la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral y en la sociedad en general si se garantiza la seguridad en sus ingresos, se satisfacen sus necesidades relacionadas con la discapacidad y los costes adicionales, y se les brinda un acceso adecuado a los servicios de atención sanitaria.

La OIT respalda la reforma de políticas que promuevan una combinación adecuada y flexible de seguridad en los ingresos y apoyo a la discapacidad, todo ello en pro del empoderamiento de las personas con discapacidad.