GB.276/4 |
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
Informe y conclusiones de la decimocuarta
Reunión Regional de los Estados Miembros
de la OIT en las Américas
(Lima, 24-27 de agosto de 1999)
Indice
1. La decimocuarta Reunión Regional Americana de la OIT se celebró en Lima, Perú, del 24 al 27 de agosto de 1999.
2. Asistieron a la Reunión 157 delegados y consejeros de 25 países. Entre estos figuraban 75 representantes gubernamentales, en particular 19 ministros, 38 representantes de los empleadores y 44 representantes de los trabajadores. También participaron en la Reunión representantes de organizaciones, intergubernamentales e internacionales.
3. La Conferencia eligió unánimemente como Presidente al Sr. Pedro Flores Polo, Ministro de Trabajo y Promoción Social del Perú, y como Vicepresidentes al Sr. Rafael Alburquerque (Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana), Sra. Nivia Castrellón (Empleadora, Panamá) y el Sr. Federico Ramírez León (Trabajador, Venezuela).
4. Antes de la apertura de la discusión, saludó a los participantes el Sr. Ricardo Márquez Flores, Primer Vicepresidente de la República del Perú, y destacó que era un privilegio representar al Presidente Alberto Fujimori, para expresar el interés del Perú en el seguimiento de las políticas que puedan mejorar la situación laboral y el empleo en su país, en América y el mundo, contribuyendo así al desarrollo social. En la Memoria del Director General, denominada «Trabajo decente y protección para todos: prioridad de las Américas», se destaca, en especial, el control y la administración de los temas económicos por parte de los países latinoamericanos, temas de urgente solución que enfrentamos al inicio de la presente década, y que hoy se han logrado superar: por un lado, controlar el aumento desmedido de la inflación y, por otro, fomentar el crecimiento e inversión económica interna y externa. Sin embargo, como señala la Memoria del Director General, estos logros no han impedido que las tasas de desempleo y subempleo aumenten, lamentablemente, en América Latina. En otras palabras, el avance económico no ha logrado una mejora significativa en la situación del empleo y las remuneraciones de los trabajadores del Perú. Este escenario no es un fenómeno nacional. En épocas globalizadas, existen muchos elementos que influyen en el desarrollo y crecimiento de un país, elementos que han imposibilitado, en estos años, que se obtenga a nivel regional una mejora adecuada en la situación laboral. Añadió que el Perú, en el mismo sentido que en el consenso internacional, considera la eliminación del trabajo infantil como un tema fundamental. Existe consenso internacional respecto a la eliminación de este trabajo infantil, que tomará tiempo a nivel mundial, porque en muchas realidades nacionales existen patrones culturales que convalidan el trabajo infantil y adolescente, sin que en muchos casos el producto de ese trabajo sea significativo en la economía familiar. Hay un acuerdo unánime, al que se suma el Gobierno del Perú, sobre la necesidad de acciones inmediatas para eliminar las peores formas de trabajo infantil, que son aquellas que socavan la educación, la salud y el desarrollo normal del menor.
5. Al dirigirse a la Asamblea, el Director General de la OIT destacó que cuando fue elegido -- por la gran mayoría de votos del Consejo de Administración --, interpretó ese respaldo como un mandato para renovar y modernizar la Organización, a partir de los valores que la inspiran. Señaló que su principal preocupación ha sido escuchar, recoger e interpretar las demandas que plantean a la OIT los líderes gubernamentales, empresariales y sindicales; también comprender qué espera la gente. Precisó que, si bien estas demandas son muchas y de muy diferente signo, pueden ser agrupadas en torno a cuatro grandes esperanzas depositadas en la Organización:
a) En primer lugar, esperan un aporte sustantivo para revertir la sensación de inseguridad que prevalece en este fin de siglo.
b) En segundo lugar, se demanda de la OIT una más activa contribución para vincular lo económico con lo social, de tal manera que se logre una adecuada articulación entre los equilibrios macroeconómicos y macrosociales. Recordó que la promoción simultánea de la eficiencia económica y la eficacia social fue el mensaje central de la Cumbre Social de Copenhague. Enfatizó que una más adecuada articulación de lo económico con lo social demanda de la OIT una estrecha, igualitaria y constructiva relación con organismos financieros y comerciales internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que posibilitaría la conversión de la OIT en el pilar social de la globalización. El trabajo conjunto con los organismos mencionados y un papel más decidido de la OIT en el diálogo multilateral de la globalización, constituye una de las principales demandas de los constituyentes de la OIT. Un primer paso en esa dirección es la invitación que se ha recibido para participar como observador en el «Interim Committee» del Fondo Monetario Internacional y en el Comité de Desarrollo del Banco Mundial. Puntualizó que otro aspecto específico de la vinculación entre lo económico y lo social, y que en el caso de la región cobra una particular importancia, es el de la dimensión social y laboral de los procesos de integración económica. Destacó que resulta satisfactorio observar cómo progresivamente los países y sus instituciones han asumido el compromiso de incorporar un piso laboral a los procesos de integración económica y comercial; dimensión que en gran parte se construye sobre la base de los Convenios de la OIT relativos a los derechos fundamentales en el trabajo.
c) En tercer lugar, se espera de la Organización una visión integrada de los problemas actuales del mundo del trabajo, superando las tradicionales respuestas sectoriales basadas en una visión parcial de la realidad.
d) En cuarto lugar, se espera de la OIT que promueva y, de ser el caso, lidere nuevas causas que galvanicen a las personas y a la comunidad internacional. Hoy la causa primera es la reducción progresiva del trabajo infantil, comenzando por la erradicación urgente de sus peores formas, tal como lo acordó el Convenio núm. 182.
6. Estas demandas de los constituyentes, y de quienes miran hacia la OIT con esperanza, dan lugar a cuatro mandatos:
a) El mandato histórico de lograr que se respeten en su plenitud los derechos fundamentales en el trabajo consagrados en los convenios básicos de la OIT, así como aquellos otros que, sin ser fundamentales, constituyen lo que con razón se ha denominado el resultado del desarrollo de la conciencia social de la humanidad.
b) El mandato político consistente en lograr la creación de la mayor cantidad de empleos de calidad. Se trata, en esencia, de generar mayores oportunidades de trabajo decente que va indisolublemente vinculado a la creación de empresas.
c) El mandato ético de hacer todo lo necesario para ampliar la cobertura de la protección social. En la región, una gran mayoría de la población está al margen de sistema de protección alguno frente a los riesgos del desempleo, de accidentes en el trabajo, de la enfermedad y de la vejez. Es esta desprotección, junto con el aumento del empleo informal, precario y no registrado, una de las principales causas del alto grado de incertidumbre e inseguridad en el que viven tantas familias.
d) El mandato organizativo de contribuir al fortalecimiento de las instituciones sociales, en especial las de empleadores y trabajadores, y de impulsar un diálogo constructivo entre ellas, en el marco de un tripartismo cohesionado y creativo. Recordó sus palabras ante los delegados a la reciente reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo «no hay diálogo social influyente sin organizaciones de trabajadores y de empleadores fuertes. No hay tripartismo eficaz sin ministerios de trabajo fuertes con estructuras modernas de administración del trabajo. Ello es parte de la identidad que tenemos que construir, y personalmente creo que hay una enorme cantidad de iniciativas por delante para reforzar a los actores sociales».
7. Sobre la base de este cuádruple mandato y las demandas sociales en las que se sustenta, el Director General recordó que propuso al Consejo de Administración y a la Conferencia, cuatro objetivos estratégicos y dos temas transversales, como líneas rectoras de la Organización. Ellos han sido aprobados y constituyen el marco para el desarrollo institucional. Señaló que estos objetivos y temas deben ser ahora examinados a la luz de la particular situación de los países de las Américas, a efectos de constituir una agenda regional orientada a la promoción y aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a la creación de mayores oportunidades para que mujeres y hombres consigan empleo e ingresos decentes, a la ampliación de la cobertura y efectividad de la protección social, y al fortalecimiento del tripartismo y del diálogo social. Comentó que en la Memoria presentada, se puede apreciar que de cada objetivo estratégico se derivan programas regionales integrados en los programas internacionales «InFocus» que fueron aprobados por el Consejo de Administración de la OIT en marzo de 1999. Estos constituyen prioridades operativas de la acción de la OIT en los próximos años y, por lo tanto, en ellos se concentrará progresivamente una parte importante de las actividades. Además, subrayó que cada uno de estos objetivos estratégicos y programas focales deben considerar las dimensiones de desarrollo y género. Estas son relevantes para la región en su conjunto, en especial para América Latina y el Caribe, considerando que la mayoría de los países se encuentra en vías de desarrollo, y que las mujeres han tenido un papel primordial en la puesta en marcha de estrategias de sobrevivencia en épocas críticas.
8. Todo lo dicho, recalcó, debe plasmarse en políticas de cooperación técnica que tomen en consideración la diversidad y especificidad de problemas en cada uno de los países y sus constituyentes, y la necesidad de respuestas integradas y no segmentadas sectorialmente. Es por ello que la OIT debe consolidar y desarrollar una fuerte estructura técnica y obtener recursos extrapresupuestarios adicionales a aquellos con los que se cuenta. Añadió que en el campo de la cooperación técnica se debe prestar especial atención a algunas acciones de carácter general de mayor urgencia: primero, la promoción de la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT y su seguimiento. Segundo, el impulso a un diálogo social que lleve a la puesta en marcha de una alianza tripartita para el diseño y aplicación de políticas de generación de trabajo decente. Tercero, el compromiso de eliminación progresiva del trabajo infantil y de ratificación del nuevo Convenio focalizado en la erradicación de sus peores formas. Cuarto, el activo respaldo a las iniciativas en marcha para lograr un trabajo más estrechamente asociado con otras instituciones internacionales que también se desempeñan en este ámbito a escala mundial, y en particular, en este continente. Compartió su confianza de que éstas y otras dimensiones permitirían a esta Reunión Regional constituirse en una instancia práctica para desarrollar un «piso social continental» y profundizar las prácticas democráticas del diálogo. Invitó a tomar una decisión para ratificar el Convenio núm. 182 en todas las sociedades de la región de las Américas antes de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en el año 2000. Concluyó señalando que los grandes objetivos que se han trazado para la OIT son ambiciosos; sin embargo, son posibles de lograr. Más aún, es necesario alcanzarlos si se quiere responder adecuadamente a las demandas que se plantean y a los mandatos otorgados.
9. El Presidente de la Reunión señaló que el nuevo contexto en que se encuentran los países de la región requiere la reafirmación de los principios que motivaron el nacimiento de la OIT para enfrentar mejor el constante cambio de las coyunturas y estructuras socioeconómicas y políticas, pues sólo así se conseguirá una economía global que engendre prosperidad a la par de justicia social. Enfatizó en la necesidad de generar una cultura de responsabilidad social así como privilegiar las medidas que promuevan crecimiento económico con desarrollo social. A continuación propuso un esquema de discusión que fue aprobado por los participantes, compuesto por el siguiente orden temático: debate general, empleo y formación, protección social, derechos laborales, diálogo social y cooperación técnica.
10. Los representantes gubernamentales de la República Dominicana y Uruguay así como los portavoces de los Grupos de Empleadores y de Trabajadores, enfatizaron la importancia de tener, para el próximo decenio, una agenda centrada en los cuatro objetivos estratégicos propuestos por el Director General, con el fin de obtener la distribución equitativa de los beneficios económicos como condición de progreso social sostenible. Destacaron la necesidad de que, a partir de la OIT, se estructure un diálogo de los países de la región con los organismos de Bretton Woods, estrechando sus vínculos con los mismos. Sugirieron que se debía evaluar la posibilidad de impulsar una acción continental en favor de la pronta ratificación del Convenio núm. 182. Alentaron la cooperación con la Organización de Estados Americanos, con el sistema de Naciones Unidas y los bancos regionales para el desarrollo, respaldaron la acción de CINTERFOR, reconocieron la importancia de la Oficina Regional y de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la OIT. Propusieron iniciativas de cooperación técnica horizontal para conseguir que los esfuerzos por mejorar la competitividad de los países de la región y aumentar la productividad de sus empresas se obtengan simultáneamente con trabajo decente y más protección social para los hombres y mujeres del continente. Subrayaron la importancia de fortalecer el tripartismo y el diálogo social así como una nueva cultura de servicio a empleadores y trabajadores en la administración laboral para conseguir un desarrollo económico con justicia social.
11. El Presidente y portavoz del Grupo de los Empleadores, Sr. Funes de Rioja (Argentina), destacó que la Reunión era oportuna y debía producir resultados concretos. Puso de relieve la importancia de las acciones iniciadas para recuperar la Organización para sus mandantes y la importancia de llevar a la sede las realidades nacionales y regionales para conseguir una mayor efectividad en la labor de la OIT. Alentó a valorar las oportunidades que ofrece la globalización y no sólo sus aspectos negativos. Subrayó su coincidencia con lo expresado por el Director General cuando señaló que la exclusión social es una mala compañía para la democracia y que, los empleadores de la región, no creen en mecanismos que afecten el comercio entre los países. Exhortó a que la OIT enfatice su cooperación técnica para el fortalecimiento de los actores sociales y la promoción del diálogo. Expresó que los empleadores quieren de la OIT apoyo concreto para crear empresas eficientes y generar empleo productivo; normas compatibles con la realidad; cooperación para lograr una efectiva y financiada red de protección para los trabajadores; formación profesional adaptada a las nuevas tecnologías y asesoría a las pequeñas y medianas empresas así como para superar la informalidad.
12. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirmó de forma solemne el compromiso del Grupo de los Empleadores con el objetivo prioritario de la lucha contra las formas más intolerables del trabajo infantil. La adopción unánime del Convenio núm. 182, en la Conferencia en junio de este año, es el resultado de un trabajo importante al que los empleadores, agrupados en torno a la Organización Internacional de Empleadores (OIE), han dado su total apoyo. Esta preocupación frente al problema del trabajo infantil ya había sido objeto de una resolución adoptada por la OIE en 1996. Hizo un llamado solemne a los gobiernos de la región a ratificar y a aplicar como una auténtica prioridad este Convenio. Señaló que se trata de un imperativo moral y una etapa indispensable en el desarrollo de nuestros pueblos. Puntualizó que es un honor dar este paso públicamente y expresó su seguridad de que se cuenta, en este esfuerzo común, con el apoyo de los gobiernos y los trabajadores de las Américas, mostrando así la validez y pertinencia de la acción normativa renovada de la OIT cuando esta acción se apoya en un amplio consenso en su concepción y está dirigida a objetivos prioritarios y universales, y de forma realista. Concluyó pidiendo a la OIT que intensifique sus esfuerzos de cooperación técnica para apoyar a las partes interesadas en la aplicación de este convenio, en particular reforzando a los actores sociales que tienen un papel preponderante en esta acción.
13. El Presidente y portavoz del Grupo de los Trabajadores, Sr. De Barros (Brasil), destacó la necesidad de garantizar la acción sindical en la región y recordó el rol que los trabajadores han desempeñado en el retorno a la democracia en América Latina y el Caribe. Lamentó la persecución e incluso asesinatos de dirigentes sindicales en la región. Enfatizó la importancia del estado de derecho para el ejercicio de una efectiva democracia participativa. Lamentó que decisiones económicas y comerciales, que pueden eliminar derechos de los trabajadores y puestos de trabajo, sean tomadas -- a nivel internacional -- sin participación de la sociedad y, a veces, sin suficiente transparencia. Destacó la íntima conexión de la cuestión del empleo con las de protección social y la promoción de los derechos y principios laborales fundamentales y la necesidad de analizar -- en la Reunión -- los temas propuestos de manera integral. Hizo un llamado para tomar en consideración la realidad de los trabajadores agrícolas y migrantes.
14. Los delegados gubernamentales (de México, Brasil, El Salvador, Venezuela, Barbados, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Guatemala y Argentina) expresaron su coincidencia con el análisis presentado en la Memoria del Director General y coincidieron en destacar que las nuevas realidades del mercado de trabajo merecen cuidados, reflexión y especial atención de los gobiernos. Muchos delegados precisaron que el gran desafío es promover un progreso económico sostenible; estimular la recolocación de profesionales en nuevos desarrollos productivos y asegurar la necesaria protección de los trabajadores en armonía con las condiciones que garanticen trabajo decente; estimular la formalización del vínculo laboral; combatir el trabajo infantil y otras formas de trabajo degradante, así como atender los aspectos relacionados con la salud y seguridad en el trabajo. Muchos oradores subrayaron la importancia de modernizar las relaciones laborales y promover el fortalecimiento de los actores sociales a fin de que a través del diálogo social sean ellos los agentes que posibiliten enfrentar la crisis y acelerar la toma de decisiones para conseguir un desarrollo económico con justicia social. Respecto del empleo rural, algunos delegados indicaron como importante la búsqueda de alternativas para la contratación de mano de obra en el campo y el combate contra la informalidad, garantizando mayor agilidad para el empleador y asegurando el mantenimiento de los derechos laborales. Varios oradores resaltaron la importancia de las cuestiones de género y reafirmaron la necesidad de buscar la inserción del adolescente en el mercado de trabajo en condiciones adecuadas para su formación.
15. Muchos oradores destacaron el papel que les compete a los ministerios de trabajo en la nueva situación para orientar una tendencia hacia la autoregulación a través de la negociación colectiva. Su rediseño institucional, en el marco de la simplificación administrativa, debe convertirlos en auténticos facilitadores del quehacer económico con justicia social, perfeccionando su capacidad de fiscalización y promoción del diálogo en un marco regulatorio adecuado. Varios delegados llamaron la atención sobre el hecho de que las cuestiones relacionadas con el empleo y el trabajo en América Latina no pueden distanciarse de las grandes transformaciones que ocurren en el escenario económico mundial. Muchos oradores reafirmaron la importancia de la estabilización económica pues no existe mayor pena que pueda ser impuesta al trabajador que la inflación. Varios oradores alentaron a que los procesos de integración económica consoliden espacios sociales en los que estén reconocidos y aceptados los derechos sociales. Varios delegados expresaron su reconocimiento de que la OIT se aproxime a las cuestiones del trabajo de forma multidisciplinaria pues ese enfoque es valioso para comprenderlas en un contexto mundial que se modifica estructuralmente. Las intervenciones coincidieron en destacar la aprobación o inminente ratificación de la totalidad de los siete convenios fundamentales en las legislaciones nacionales y su respaldo a la urgente ratificación del Convenio núm. 182.
16. Sobre este mismo punto de la agenda, varios de los representantes de los trabajadores señalaron las influencias que generan cambios permanentes en el contexto de las economías latinoamericanas: la globalización, las políticas de ajuste macroeconómico y la reforma del Estado. Llamaron la atención sobre un desempeño económico que ha venido generando empleo precario, pobreza y exclusión social. Indicaron que la agenda de la OIT para la próxima década refleja su diagnóstico de la situación tanto como el consenso de sus mandantes; pero, a su juicio, requiere de un reordenamiento de prioridades que permita el diálogo social y la construcción de sociedades equilibradas capaces de responder al reto productivo. Destacaron, por ejemplo, que la generación de empleo en América Latina y el Caribe requiere de elementos concertados en materia de políticas monetarias y fiscales, tratamiento de capitales y regímenes comunes a la propiedad intelectual que faciliten orientar la dinámica económica hacia estructuras acordes con una mayor integración con la economía mundial, antes que intentar fortalecer la competitividad externa del área aumentando las brechas sociales, precarizando el empleo e introduciendo mayores distorsiones a la distribución del ingreso. Puntualizaron la importancia de mejorar el Estado para generar empleos productivos y decentes.
17. Puntualizaron la importancia de la capacitación, el cese de la discriminación de género, la protección de los grupos más débiles y la erradicación del trabajo infantil. Hicieron un llamamiento para la ratificación no sólo del Convenio núm. 182 sino también del 138. Hablaron de la necesidad de alianzas estratégicas con la sociedad civil, más allá del tripartismo. Destacaron que el reto integrador en la región posee dos dimensiones: integración interna de cada país e integración de los países en un marco productivo más dinámico, capaz pero no necesariamente automático, de producir mayor bienestar. Expresaron que les parecía oportuno una mayor frecuencia en las reuniones de la OIT, como en la que estaban participando. Insistieron en la necesidad de respaldar la gestión del nuevo Director General. Dijeron que los desafíos laborales exigen soluciones integrales que permitan restaurar el tejido social de la región y llamaron a una concertación tripartita para la promoción del empleo. Precisaron que no estaban dispuestos a canjear derechos y protección social por puestos de trabajo carentes de decencia. Destacaron la importancia de democratizar la globalización y la pertinencia de la llamada «cláusula social». Sugirieron que la OIT debía aprovechar la oportunidad de participar institucionalmente en las negociaciones en curso para la constitución de un área de libre comercio en las Américas.
18. Varios delegados empleadores subrayaron que si bien reconocen la función normativa de la OIT, no pueden dejar de reiterar su opinión de que era necesario evitar una excesiva regulación que sólo tiene efectos inhibitorios. Precisaron que no conciben la desprotección, y promueven una adecuada, justa y equilibrada vigencia de las normas. Reiteraron su respaldo a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, destacando su importancia conceptual así como su dimensión práctica. Pusieron énfasis en que se deben encauzar esfuerzos hacia el mejoramiento de la educación y la formación en necesaria coordinación con los requerimientos de las fuentes de trabajo, debiendo fortalecerse la educación básica, permitiendo el acceso a mejores calificaciones y atendiendo a las exigencias de los avances tecnológicos, aunando todo en el logro de mejores niveles de competencia y retribución. Destacaron la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo productivo. Puntualizaron, en coincidencia con el Director General de la OIT, que más y mejores empleos son consecuencia del crecimiento económico, y éste del nivel de inversión y ahorro, en un marco de equilibrio macroeconómico y una adecuada distribución de beneficios. Señalaron que la protección para todos, loable objetivo, es complejo y difícil de alcanzar.
19. Muchos delegados empleadores insistieron en la necesidad de fortalecer el diálogo social y el tripartismo y la necesidad de construir una «nueva cultura laboral» que, dejando de lado obstáculos y confrontaciones, conduzca a una práctica de mayor participación y cooperación. Expresaron su apoyo a la plena vigencia de la libertad de asociación y al impulso de nuevos mecanismos para una solución autónoma de los conflictos laborales. Indicaron un balance favorable de la política de asociación activa llevada adelante por la OIT, así como de la labor de los equipos técnicos multidisciplinarios. Indicaron la importancia de que la OIT realice una mayor profundización en el caso del problema del desempleo, así como una propuesta más clara y frontal de la Organización en materia de flexibilización laboral. Resaltaron la acción emprendida, a través del IPEC, en favor de la eliminación del trabajo infantil.
20. Por su parte, la representante gubernamental del Canadá, solicitó a la OIT adoptar sistemas coherentes y efectivos para el seguimiento y evaluación de su programa, tanto a nivel de la sede como en las regiones. Señaló que esto permitirá alcanzar una elevada tasa de ejecución en la cooperación técnica y dará relieve a la calidad del programa, permitiendo a la vez una mayor movilización de recursos. Indicó que estos son elementos esenciales para que la Organización sea una fuente efectiva y de credibilidad para lograr trabajo decente para hombres y mujeres en el mundo.
21. El observador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hizo referencia a los programas que el Banco está promoviendo en el combate a la pobreza en la región, y enfatizó el actual interés del Banco en apoyar actividades de cooperación en el fortalecimiento de instituciones de trabajadores y actividades orientadas a ayudar a los ministerios de trabajo en sus esfuerzos por fortalecer sus estructuras y áreas laborales.
22. Al tomar la palabra el Ministro de Trabajo de Trinidad y Tabago señaló que es de particular importancia para su Gobierno y posiblemente para los otros países del Caribe contar con detalles sobre los programas internacionales focalizados InFocus, tales como los países beneficiarios, programas específicos a ser desarrollados por los equipos multidisciplinarios y el impacto que se prevé en cada Estado Miembro, aun si fuera un documento apéndice al informe. Manifestó que la subregión del Caribe ha tratado de acceder al mercado latinoamericano para colaborar en el desarrollo de ambas regiones. Manifestó el deseo de mantener vínculos estrechos tanto en el diseño como en la ejecución de proyectos y programas. Por lo tanto, considera necesario estrechar los lazos y armonizar las actividades de cooperación técnica evitando competir por los limitados recursos disponibles.
23. Varios delegados gubernamentales y empleadores destacaron que la generación de más y mejores empleos es principalmente una consecuencia de un crecimiento económico alto y sostenido. Los delegados gubernamentales del Uruguay y de los Estados Unidos enfatizaron el papel de las políticas para mantener los grandes equilibrios macroeconómicos necesarios para el crecimiento económico y la generación de empleo. Sin crecimiento es muy difícil fomentar empleo, tal como lo observó el delegado empleador de Ecuador. A su vez, los delegados empleadores de México y de Argentina enfatizaron la inversión productiva y la creación de empresas como los medios fundamentales en la generación de empleo. Esto suponía por lo tanto un marco legal propicio a la inversión y a la creación de empresas.
24. Un delegado gubernamental de Argentina expuso que en el contexto de la globalización la generación de empleo descansa más que nunca en la competitividad de las empresas, expresión de menor costo y mayor calidad de producción.
25. Los delegados gubernamentales de Chile y de Argentina observaron que el proceso de globalización de las economías entraña beneficios, entre los cuales se mencionaron la creación de empleo en economías más competitivas, pero también efectos indeseables como una mayor inseguridad laboral. Los delegados trabajadores de Argentina, Uruguay y Venezuela manifestaron que las economías están ahora más que antes expuestas a los efectos de las crisis internacionales, particularmente de tipo financiero. Estas crisis inducen políticas de ajuste fiscal y monetario que generan efectos negativos en el mercado laboral, particularmente precariedad laboral y desocupación que se traduce en pobreza y exclusión social.
26. Los delegados gubernamentales de Barbados y de Guatemala observaron que el proceso de globalización plantea desafíos particulares para los países de pequeño tamaño, que a su vez exigen medidas particulares.
27. Un delegado gubernamental de la República Dominicana observó que si bien los costos laborales son una dimensión importante de la competitividad, el verdadero reto descansa en el fomento de la productividad. El delegado gubernamental del Uruguay observó que es necesario reforzar la negociación colectiva para fomentar la competitividad de las empresas en base a un pleno respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores.
28. Varios delegados gubernamentales observaron que el crecimiento económico de por sí es insuficiente para generar empleo en cantidad y calidad y destacaron la necesidad de definir e implementar políticas activas de empleo, en particular para los grupos más vulnerables como las mujeres y los jóvenes de hogares pobres. La delegada empleadora de Panamá destacó la necesidad de concebir e implementar programas especiales para las mujeres pobres. El delegado trabajador de Uruguay hizo hincapié en una mayor participación de los actores sociales en la definición de políticas activas de empleo.
29. El delegado gubernamental de Chile mencionó la necesidad de introducir un seguro de desempleo y de extender su cobertura para hacer frente a las variaciones a veces abruptas en los niveles de ocupación. El portavoz del Grupo de los Trabajadores destacó el papel del Estado, no solamente para velar por el buen desempeño de la economía sino también para fomentar condiciones más propicias para la protección de los grupos más vulnerables.
30. Un delegado gubernamental de Guatemala mencionó que es necesario, en el contexto de la globalización, gestionar y conseguir un equilibrio entre la competitividad de las empresas, el aumento de la productividad del trabajo y los salarios remunerativos. El delegado gubernamental de Chile observó que el crecimiento económico había sido insuficiente para revertir las tendencias inequitativas en la distribución del ingreso. Mencionó en particular la necesidad de vincular más directamente los ajustes salariales a los aumentos de productividad.
31. Varios delegados se refirieron al concepto de trabajo decente expuesto en la Memoria del Director General a la Reunión. El delegado gubernamental de los Estados Unidos indicó que el libre comercio en las Américas es un elemento fundamental para conseguir el empleo decente, definido como empleo con niveles adecuados de remuneración y de protección. El delegado gubernamental de Brasil destacó la declaración sociolaboral del MERCOSUR como marco para el fomento del empleo decente.
32. Varios de los delegados del Grupo de los Empleadores insistieron en adjudicar una alta prioridad al tema. Dichos representantes pusieron de manifiesto la necesidad de considerar tanto programas para trabajadores como para empresarios, buscando incorporar la dimensión de empleabilidad así como las referidas al desarrollo del espíritu empresarial y a la capacitación en materia de administración y gestión de pequeñas y micro empresas. El delegado de los empleadores de Venezuela solicitó una mayor intervención del Centro de Turín y del CINTERFOR en este campo.
33. Un delegado gubernamental de Chile sostuvo que la capacitación es un instrumento esencial para aumentar la productividad; además, la mejora de las calificaciones contribuye a la empleabilidad de los trabajadores. En ese sentido, manifestó su apoyo explícito a los Programas InFocus sobre estos asuntos propuestos por el Director General. Otro representante gubernamental de Trinidad y Tabago se manifestó en este mismo sentido y solicitó la ampliación de la cooperación técnica de la OIT para la calificación del capital humano para promover la empleabilidad basada en la formación y la experiencia. El delegado empleador de Ecuador puso de relieve la importancia de la formación para fomentar la empleabilidad más que aquella basada en medidas que preservan la inmovilidad laboral.
34. La delegada empleadora de Panamá mostró su preocupación por el conflicto existente entre los altos niveles de desempleo y, al mismo tiempo, la falta de mano de obra calificada para los empleos disponibles. A su criterio, los programas de formación actúan directamente para brindar una mayor empleabilidad a la vez que garantizan empleos de calidad. La formación, de todas maneras, tiene que ser no sólo específica sino integral, incorporando actitudes como la responsabilidad, el espíritu de colaboración y el trabajo en equipo. Puso énfasis en la relevancia de la educación básica para los trabajadores como paso previo para el desarrollo de programas de formación. Convocó a actuar en el campo de la educación y de la formación como políticas de Estado armónicas y articuladas.
35. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reclamó que se garanticen mayores niveles de participación de los trabajadores en la formulación de las políticas y la organización de la formación profesional. Entre otros espacios, propuso una participación en los acuerdos nacionales sobre empleo, salarios y productividad; en la incorporación de cláusulas específicas en la negociación colectiva y en la conducción de organismos y sistemas nacionales de formación. Propuso la implementación de programas y servicios, a nivel local y sectorial. También planteó la necesidad de articular la formación con el empleo, los salarios, la seguridad y salud de los trabajadores, las condiciones y medio ambiente de trabajo, la seguridad social, etc. Por último, sostuvo vincular los programas de formación en la perspectiva de una educación a lo largo de la vida. Convocó también a ampliar la cooperación técnica de la OIT en la materia a través del incremento de los recursos de ACTRAV y de CINTERFOR en la región.
36. El delegado empleador de Argentina planteó que, a la luz de las nuevas formas de organización del trabajo, se hacía necesario generar condiciones favorables para la creación de empresas y de empleos que tuviesen en cuenta problemáticas tales como la aparición de nuevos empleos en la sociedad del conocimiento, el crecimiento significativo del sector terciario, los procesos de terciarización y subcontratación, la necesidad de captar la informalidad y la aparición de nuevas formas de trabajo autónomo. Ante este nuevo escenario, es preciso contemplar marcos jurídicos y una negociación colectiva que contemplen las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, propuso ampliar la participación de las organizaciones de empleadores en la formulación y ejecución de programas de formación así como el diseño de programas específicos para pequeñas y medianas empresas.
37. Una delegada gubernamental del Uruguay enfatizó el papel de la negociación colectiva para promover la cooperación entre empresas, trabajadores y gobiernos en torno al tema de la reconversión productiva y la transformación tecnológica con vistas a mejorar la competitividad internacional. Señaló que la competitividad reclama invertir en la formación por competencias, brindando mayor versatilidad y menos especialización. Convocó por una alianza entre educación y trabajo y llamó a formular e implementar políticas públicas que promuevan acciones de las empresas y que alienten la capacitación para sectores excluidos. Señaló la necesidad de avanzar hacia una mejora de las condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo, a la vez que se garanticen los derechos de los trabajadores. El apoyo de CINTERFOR y de la OIT se hace imprescindible para atender estos temas.
38. Un delegado gubernamental de Colombia manifestó su inquietud por la falta de calidad y pertinencia de los programas de formación de algunas instituciones de formación profesional de la región. Más aún, sostuvo que los programas no se adecuan a las demandas de globalización ni acompañan los procesos de innovación tecnológica, en particular, en los sectores de tecnologías de punta.
39. El delegado trabajador de Uruguay expresó su preocupación por el grave retroceso económico, social y cultural que se vive en la región a pesar del avance en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años. Señaló el contrasentido de ese avance y retroceso dispares. En materia de formación, reclamó mecanismos que democraticen el acceso a la capacitación y a la formación, a la vez que propuso la necesidad de una mayor participación de las organizaciones sindicales en las políticas públicas de empleo y de formación. Sostuvo que sin respeto a la democracia sindical no hay posibilidad de fortalecer los regímenes democráticos y tampoco habrá progreso.
40. El delegado trabajador del Brasil reclamó la necesidad de invertir mucho más de lo que se asigna hasta ahora en educación básica; también llamó a hacer lo propio en formación. De la misma manera que otros delegados del sector, insistió en incrementar la participación de las organizaciones sindicales en materia de educación y formación. Reconoció, no obstante, que la educación y la formación no son soluciones en sí mismas a la problemática del desempleo.
41. Varios delegados gubernamentales señalaron que la recuperación económica de los países de la región no ha generado suficiente empleo protegido como para absorber la expansión de la fuerza laboral, advirtiéndose una mayor creación de empleo en el sector informal. El subempleo constituye la característica distintiva del enorme y creciente sector informal. Varios oradores señalaron, como motivo de preocupación, el alto número de trabajadores que operan al margen del mercado de trabajo protegido, lo cual impide que dichos trabajadores puedan ejercer sus derechos y tengan acceso a protección que la legislación otorga.
42. Un delegado gubernamental del Ecuador se refirió extensamente al tema del empleo y la formación y, dentro de él, al del llamado sector informal y la microempresa. Resaltó el reto en términos de cómo responder con eficiencia y rapidez al aumento de la presión social. Afirmó que el sector informal constituye una interesante respuesta social al problema del desempleo de los jóvenes y mujeres y que adecuadamente apoyado, puede ser un mecanismo de promoción humana, social y económica. Precisó, sin embargo, que es necesario diseñar políticas de apoyo para incrementar el valor agregado de esas actividades. La microempresa, en particular, requiere de información sobre oportunidades de mercado, una articulación productiva con la gran empresa, apoyo financiero suficiente y accesible, y un marco regulatorio flexible que norme adecuadamente las relaciones laborales y la protección social. La capacitación adquiere un lugar importante en la medida que es tanto una capacitación sustantiva como gerencial.
43. Varios delegados gubernamentales se refirieron a programas nacionales de generación de empleo e ingresos en curso, destinados a micro y pequeños negocios urbanos y rurales, y a las respectivas inversiones públicas previstas o realizadas. Se han constituido, por ejemplo, fondos públicos de promoción para pequeñas y micro empresas, señalando su exitoso desempeño. En el caso del Brasil, está en estudio una propuesta de cambio de reglamentación de las cooperativas de mano de obra, a fin de estimular las formas asociativas de gran importancia para generar empleos e ingresos, garantizando la protección legal de los trabajadores.
44. Varios delegados empleadores concordaron con la Memoria del Director General en señalar que las empresas, incluyendo las micros y pequeñas, son un factor clave para el crecimiento y el empleo en las economías abiertas por su capacidad de iniciativa y creatividad para adaptarse a los cambios sociales. Insistieron en la necesidad de fomentar una cultura empresarial y desarrollar infraestructuras de servicios para las pequeñas y medianas. Desde el punto de vista empresarial, un elemento importante de la estrategia de apoyo es la promoción de inversiones que, a corto plazo, creen y desarrollen nuevas empresas, especialmente pequeñas. Las pequeñas y medianas empresas, dijeron, son la expresión más espontánea de la libre empresa y un eslabón entre los sectores estructurados y no estructurados de la economía. Su multiplicación es un factor de revitalización del cuerpo social por representar un segmento especialmente dinámico debido a su gran potencial de creación de empleo y de innovación. El portavoz del Grupo de los Empleadores convocó a la OIT a desarrollar programas de apoyo técnico a las pequeñas y medianas empresas a través de redes de articulación que contemplen la producción y la comercialización.
45. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se refirió a la necesidad de recibir cooperación técnica de la OIT para promover empresas y empleo, en función de las necesidades específicas de cada país. Hizo un llamado para no ampliar la brecha entre el mundo formal e informal, creando nichos de informalidad protegida. Sugirió proporcionar a las pequeñas unidades productivas las condiciones para que se legalicen. Destacó, asimismo, que el sector de las pequeñas y medianas empresas reclama un debido respaldo del Estado, en particular, en materia de capacitación continua de los trabajadores y empleadores, y de acceso a tecnologías.
46. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subrayó que el acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todas las personas y que se considera como una herramienta para la promoción del bienestar humano. Señaló que la OIT organizó varios eventos sobre los distintos sistemas de protección social y su reforma. La privatización de los sistemas de protección social fue un fracaso. El orador subrayó que los trabajadores esperaban que los sistemas no se basen en la captación individual. Los trabajadores denunciaron que en varios países que adoptaron ese sistema, los bancos nacionales pasaron a manos extranjeras. Propuso se debata un nuevo modelo bajo un esquema de concertación y con la participación de la OIT. El orador expresó que los sistemas de pensiones constituyen la garantía del acceso a la protección social para todos los trabajadores.
47. Considerando que el debate sobre la protección social era muy amplio, el portavoz del Grupo de los Empleadores limitó su intervención al tema de la seguridad social, entendiéndola como una red de protección social en cuestiones de salud, edad o de paro forzoso. Coincidía con el Director General de la OIT en que formaba parte del mandato ético de la OIT y que habían ocurrido cambios profundos en la región en la materia. El orador señaló que los sistemas de protección social habían cambiado en la región a partir de la quiebra del sistema de reparto, como consecuencia de una administración ineficiente y un exceso de burocracia, defraudándose a las sociedades civiles. Afirmó que este fenómeno exigió un replanteo incluido el de las normas de la seguridad social de la OIT, que habían quedado atrasadas. Cabía preguntarse: si la Oficina defendía un sistema de jubilaciones con parámetros clásicos, había que destacar que las normas internacionales del trabajo no impidieron esa quiebra. Esos temas fueron debatidos ampliamente en la región, en Caracas y en México. El orador insistió en que los marcos normativos deberían adaptarse. En cuanto al tema jubilatorio había que propender a una administración eficiente.
48. Al referirse al tema del desempleo, el portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que estaba de acuerdo en que debería haber, cuando fuera posible, una red contra el desempleo. Esa red no debería fomentar mantener el desempleo sino atender a las necesidades del trabajador y de su familia durante ese período. Al mismo tiempo, debía buscar la reinserción del trabajador en el mercado laboral. Subrayó los problemas que podrían confrontar las pequeñas economías en los países en desarrollo para tener sistemas de este tipo. Habría que conocer más las experiencias de algunos países del sudeste asiático y analizar si se pudieran adaptar y volcar a esta región. Afirmó que éste podría ser un buen aporte de la OIT. Señaló que estaba convencido que la mejor protección para los desempleados es la instauración de un clima favorable para la creación de empresas y la consecuente generación de empleo. Para esto, a su vez, la educación y formación continua del trabajador son una garantía para la empleabilidad. Insistió en que la protección social sólo es posible en un marco de economías que funcionen.
49. También subrayó que hay que mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo para evitar accidentes y enfermedades. Esto interesa tanto a los empleadores como a los trabajadores, desde el punto de vista humano, de la productividad, de la distorsión de los costos de producción y de las relaciones laborales. Las instituciones encargadas de promover o velar por la seguridad y salud en el trabajo deberían adecuar sus enfoques para centrarse en la educación y en la prevención. Estaba de acuerdo en los sistemas reparadores pero había que tender hacia sistemas más integrados en la materia. Más que sancionar había que incentivar la prevención.
50. La seguridad social debe alcanzar a toda la población. Señaló que hay que combatir la informalidad y que no hay que crear una seguridad social para los informales, sino crear un ámbito legal que permita formalizarlos, cotizar y tener cobertura. Enfatizó que es imperativo incluir a las nuevas empresas y sus trabajadores en los sistemas de seguridad social, simplificando trámites y eliminando obstáculos y que también es necesario promover políticas para incorporar a las pequeñas y micro empresas.
51. El orador señaló que creía en la participación del sector privado en la gestión de la seguridad social, sin por ello renunciar a la participación estatal que debería contribuir con un marco legal y que tiene la responsabilidad del control del sistema. Indicó finalmente que estaba convencido de la necesidad de revisar los instrumentos sobre seguridad social de la OIT y lograr consensos tripartitos que permitan estar delante de los tiempos.
52. El delegado trabajador de Colombia consideró que, para el movimiento sindical, la lectura de la Memoria del Director General constituye un desafío en vista de los programas de ajuste estructural ocurridos en América Latina y el Caribe. Estos programas desconocen los derechos de los trabajadores y violan los convenios de la OIT. Señaló que en Colombia se pretende un desarrollo de la reforma laboral que, en la práctica, conculca los derechos de los trabajadores y arrasa cualquier posibilidad de protección social, acabando con la estabilidad laboral, reduciendo los salarios, facilitando el despido y abaratando los costos de mano de obra. Un nuevo proyecto que se discute en el Congreso de ese país pretende eliminar la retroactividad de la cesantía de los trabajadores del Estado y reducir las posibilidades de contratación colectiva. Subrayó que no se puede dejar de lado que los nuevos desafíos laborales en el nuevo contexto laboral fueron instrumentados para imponer el modelo neoliberal en América Latina y el Caribe. En Colombia se flexibilizaron las normas laborales, se desmontó la seguridad social, en detrimento de la mayoría, incrementándose la pobreza y la exclusión social. El segundo capítulo de la Memoria destaca las actividades de la OIT, patrocinando el tripartismo, pero no siempre había alcanzado buenos resultados. Destacó que, en Colombia, recientemente la OIT había sugerido a la vez aumentar de 1.000 a 1.300 las semanas de cotización para acceder a una pensión de jubilación, aumentar las edades y las cotizaciones, sin haber analizado debidamente el tema de la inestabilidad laboral, común en Colombia, y que hace virtualmente imposible lograr una pensión de jubilación. Los contratos civiles que se practican cada vez más en ese país, no incluyen una cotización para la seguridad social y para la jubilación. Con respecto al tercer capítulo de la Memoria, que hace referencia al futuro de la OIT destacó que, hoy más que nunca, los trabajadores reivindican a la OIT como el organismo más legítimo para la práctica del tripartismo y la construcción de consensos. Finalmente, manifestó su preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia que vulneran la protección sindical y el derecho a la protesta. Concluyó que es virtualmente imposible hablar de protección social en América Latina y el Caribe cuando se observa el afianzamiento del modelo neoliberal, la conculcación de los derechos de los trabajadores y la destrucción del movimiento sindical. Añadió que es necesario sincerar el debate, y que hay que construir una América Latina y un Caribe totalmente diferentes que favorezcan a las inmensas mayorías de todos los países. Si estas reuniones no cuentan con el acompañamiento de la comunidad sólo serán retóricas.
53. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Argentina subrayó que la protección social se instaló como uno de los temas centrales en la agenda internacional. El concepto de desarrollo sostenible había generado una nueva visión del hombre como centro del universo. Ese desarrollo debe traducirse en un aumento de los ingresos reales y en un desarrollo social de las poblaciones, incluidas la higiene, seguridad y salud en el trabajo, la educación y el fortalecimiento de las libertades individuales, que conducen a un mejoramiento de la calidad de vida. La planificación estratégica del desarrollo no puede llevarse a cabo sin la participación y el consenso de los sectores interesados. Subrayó los efectos inesperados de la globalización sobre los regionalismos, en algunos casos con resultados positivos como la creación del MERCOSUR, y en otros con impactos negativos como los enfrentamientos del Este europeo. Señaló que el desafío que enfrentamos es disminuir la brecha que aleja a la tecnología del empleo con planes dinámicos e innovadores. El orador indicó que cualquiera que sea la visión que se tenga sobre el concepto de sustentabilidad, existe un componente importante relacionado con la equidad en el acceso a los recursos naturales y a los bienes sociales y económicos. El modelo de desarrollo predominante después de la Segunda Guerra Mundial tuvo como único fin el desarrollo económico, sin tener en cuenta la dimensión social. Concluyó que el proceso de desarrollo debe crear un ambiente propicio para que las personas, tanto individual como colectivamente, puedan desarrollar todos sus potenciales y contar con una protección social razonable.
54. El delegado trabajador del Perú señaló, en primer lugar, que el fracaso de modelos de seguridad social no fue culpa de los trabajadores. Indicó que hay que crear un sistema de seguridad social que sea administrado de manera rotativa con responsabilidad compartida por los tres actores sociales, que permita atender a las necesidades del pueblo y que no sólo sirva para captar recursos. En ese sentido, compartía los conceptos de la Memoria del Director General presentada en la Reunión. En segundo lugar, estimaba que deberían adoptarse medidas que permitan formalizar un seguro para los desempleados, para que gocen de una remuneración económica mientras están desempleados y que les permitan capacitarse para reingresar al mercado laboral. Subrayó el carácter solidario del seguro de desempleo y concluyó que había que dar pasos concretos en ese sentido.
55. El portavoz del Grupo de los Trabajadores intervino nuevamente. Señaló que las Administradoras de Fondos de Pensiones, tal como estaban funcionando, no habían traído beneficios a los trabajadores y que, por lo tanto, no constituyen una solución al problema de la seguridad social.
56. El portavoz del Grupo de los Empleadores, por su parte, señaló que había una coincidencia tanto en los fines como en los valores de la seguridad social, pero no en la forma, el alcance y los medios para lograr un sistema eficaz. Creía en la participación del sector privado en el tema, en la medida en que lo permitan las legislaciones, mediante sistemas eficientes que ofrezcan mejores prestaciones y coberturas. Al respecto, señaló los 18 años de experiencia de ese sistema en Chile. Subrayó que el debate que estaba ocurriendo en la Reunión confirmaba la prioridad del tema. Sostuvo que los sistemas de seguridad social deben ser viables y no promesas que no se pueden cumplir y que dicha viabilidad sería la mejor garantía de tales sistemas.
57. La delegada de los trabajadores de Chile señaló que no se podía afirmar que en Chile existiera un sistema de seguridad social. La oradora señaló que en ese país, los trabajadores tienen la obligación de realizar un ahorro individual: en realidad, no existe un mecanismo de seguridad social ni del Estado ni de los empresarios. Los aportes provenientes de los sueldos se colocan en cuentas individuales que son administradas por empresas financieras extranjeras y sobre las cuales los trabajadores no pueden opinar ni decidir qué hacer. Reconoció que el sistema es exitoso económicamente para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero que no lo es así para sus afiliados. Subrayó que el éxito del sistema de capitalización individual se podrá verificar entre los años 2005 y 2010, cuando se jubile la mayoría de los trabajadores que aportan actualmente. En esa oportunidad, el Gobierno tendrá que asumir solidariamente las prestaciones que no se puedan brindar. En ese sentido, señaló que oportunamente los trabajadores informaron al Consejo de Administración que para referirse al modelo chileno habría que consultar a los dueños del capital y no a quienes lo administran sin la autorización y consentimiento de los trabajadores.
58. El portavoz del Grupo de los Empleadores subrayó que, entre los sistemas estatales de reparto, que efectivamente habían quebrado, y el modelo alternativo chileno, habría que encontrar las respuestas. Concluyó que, para encontrarlas, ese tema merece ser debatido en profundidad porque existe un interés sobre la seguridad social en el que todos coinciden.
59. Finalmente, el portavoz del Grupo de los Trabajadores, coincidió en que debería haber un debate con la participación activa de todos los interesados.
60. Numerosos oradores se refirieron al tema de los derechos laborales, tanto durante la discusión general como en el curso del examen temático, al que procedió la Reunión en su cuarta sesión. Ya en su alocución inaugural, el Presidente hizo hincapié en la necesidad de promover y hacer respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, y destacó la importancia de la labor que debían desempeñar los Ministerios de Trabajo con dicho objeto. Agregó que el pleno respeto de los derechos laborales fundamentales constituía un elemento esencial de la noción de trabajo decente, tal como fue presentada en la Memoria del Director General.
61. Los portavoces de los grupos de empleadores y de trabajadores, lo mismo que numerosos delegados gubernamentales reafirmaron su adhesión a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión de 1998. Consideraron que la Declaración constituía una carta básica de derechos, que la OIT debía ofrecer a la comunidad internacional de cara a los procesos de globalización de la economía. El portavoz del Grupo de los Empleadores manifestó que la Declaración no solo definía un texto sino también una filosofía, en la medida en que no imponía vínculos entre normas laborales y el comercio internacional. Señaló que tales vínculos no protegían a los trabajadores y solamente servían para justificar medidas proteccionistas. Continuó indicando que la Declaración abogaba además por la libertad de asociación y la autonomía de los interlocutores sociales, que eran elementos indispensables para la libertad política y la democracia; sin hablar del llamamiento que formulaba en pro del diálogo social, al cual su Grupo se adhería plenamente.
62. Varios oradores se refirieron a la dimensión regional y subregional de los derechos fundamentales. Sobre esta cuestión señalaron que la declaración sociolaboral del MERCOSUR, adoptada recientemente por los países que forman dicho bloque, a través de la cual se pretende dar una dimensión social a dicho proceso de integración. Al referirse a este tema, el Ministro de Trabajo de Uruguay sugirió que se complete la Declaración adoptada en 1998 por la Conferencia, mediante una declaración de alcance regional, cuyo seguimiento podría llevarse a cabo en coordinación con el sistema de la Organización de Estados Americanos. Varios otros oradores subrayaron que era urgente que los países comenzaran a armonizar sus políticas laborales, teniendo como trasfondo a los procesos de integración que les obligaban a compatibilizar todas sus políticas.
63. Varios oradores señalaron que la tasa de ratificación de los siete convenios fundamentales era muy elevada en la región, puesto que numerosos Estados ya los habían ratificado en su totalidad, y que son pocos los que habían ratificado menos de cinco convenios. En particular se notó que en fecha reciente varios países habían ratificado el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y que en otros países sus gobiernos ya habían propuesto su ratificación ante las instancias competentes.
64. Varios oradores reconocieron que la ratificación formal de un convenio de la OIT no era por sí sola una garantía de respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. En particular, varios oradores del Grupo de los Trabajadores observaron que la protección de la libertad sindical, así como del derecho de negociación colectiva, era algo que dejaba mucho que desear en numerosos países de la región, tal como lo evidenciaba el alto número de quejas ante el Comité de Libertad Sindical. Lo mismo ocurría con las numerosas observaciones formuladas por la Comisión de Expertos por motivos de incompatibilidad de ciertas disposiciones de la legislación nacional con los Convenios núms. 87 y 98. Se coincidió en que era menester mejorar la aplicación de esos Convenios y que con ese objeto la OIT debía ofrecer su cooperación técnica, tanto para adecuar la legislación a los convenios ratificados como para mejorar la capacidad de los ministerios de trabajo para hacer respetar la ley.
65. Numerosos oradores se refirieron al nuevo Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y la acción inmediata para su eliminación. Muchos delegados trabajadores y gubernamentales se solidarizaron con el llamamiento efectuado por el portavoz del Grupo de los Empleadores con miras a su rápida ratificación; varios ministros y delegados gubernamentales indicaron que sus gobiernos habían dado los primeros pasos para ratificar dicho convenio, el que en algunos países ya había sido remitido a los respectivos Parlamentos, con el pedido que le dieran tratamiento prioritario con miras a autorizar su ratificación.
66. Muchos oradores abordaron el tema de la llamada flexibilidad laboral y describieron experiencias diferentes. Numerosos miembros empleadores declararon que la flexibilidad de la legislación laboral era algo indispensable, debido a que la globalización imponía retos de competitividad y de adaptación a un mercado cambiante, a los que no se podía responder con una reglamentación que dificultaba la movilidad y aumentaba los costos laborales. Igualmente señalaron que un exceso de reglas laborales desalentaba la creación de empleos, sobre todo por las pequeñas y medianas empresas, que eran precisamente el motor con que contaba la economía para crear empleos. Indicaron que en lugar de buscar la protección de los trabajadores a través de la ley, se podría potenciar la negociación colectiva, fomentando la autorregulación por los propios actores sociales: crear trabajo decente y digno requería de un marco regulatorio capaz de tener en cuenta las realidades de los países, y el exceso normativo ya no se ajustaba a aquellas realidades.
67. Varios empleadores también destacaron que el exceso de reglas empujaba hacia la informalidad. Por ese motivo era necesario contar con una legislación realista que permitiese formalizar la informalidad. Lo mismo se debía señalar de las normas de la OIT, que se deberían adaptar a la realidad, sin que esto significase que se debían conculcar derechos laborales fundamentales. Además, era importante que en cualquier caso las normas vigentes fuesen respetadas, para lo cual el Estado debía hacer esfuerzos con miras a asegurar su cumplimiento: el incumplimiento de la ley representaba en muchos casos un elemento importante de competencia desleal, en favor de los empresarios incumplidores y en perjuicio de quienes respetaban la legalidad. En buena medida esta observación también se aplicaba al comercio internacional, cuando algunos países fundaban su competitividad en el irrespeto de las normas laborales fundamentales, poniendo así en desventaja a otros países más respetuosos de aquellas normas.
68. Varios delegados trabajadores declararon que la globalización no debía ser un pretexto para eliminar los derechos de los trabajadores, ni sus puestos de trabajo, ni precarizar sus empleos. Para los trabajadores, el tema del empleo tenía relación directa con la protección de los derechos laborales, lo mismo que con la dimensión social de la globalización. Uno de los grandes retos de la región consistía en lograr que los progresos económicos dimanantes de la apertura económica internacional se reflejaran en un progreso social sostenible, y uno de los indicadores de este progreso era la existencia de normas laborales capaces de garantizar el trabajo decente. Sin embargo, las reformas laborales emprendidas en numerosos países no se habían encaminado en ese sentido e incluso habían sido disfuncionales para mejorar la competitividad internacional. Por ejemplo, las reformas laborales que alentaban la precarización del empleo probablemente también desalentaban la inversión en formación y en recursos humanos, ya que era presumible que los empleadores no invertirían en la formación de trabajadores que no tenían la intención de retener en sus empresas, y que los trabajadores tampoco tendrían motivación para formarse y reciclarse con miras a conseguir empleos de los que probablemente serían expulsados en un plazo más o menos corto.
69. Un delegado trabajador observó que las instituciones financieras internacionales designaban, sin fundamento, a las normas laborales como culpables de la falta de competitividad, o de la falta de llegada de inversiones extranjeras. Añadió que durante años se había ofrecido como modelo a los llamados tigres asiáticos, habiéndose dicho que su éxito se basaba en buena medida en la ausencia de normas laborales, o el bajo nivel de éstas. Sin embargo, la crisis de Asia sudoriental había evidenciado que aquel modelo era mucho menos sólido que lo que sus propagandistas pretendían. Con respecto a América Latina, la realidad mostraba que tras dos décadas de reformas laborales sus presuntos resultados beneficiosos sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo aún no se habían manifestado.
70. Varios delegados trabajadores añadieron que el tema del empleo guardaba una relación estrecha con la protección de los derechos laborales y la dimensión social del crecimiento y la globalización, y manifestaron su voluntad de incluir el tema de la cláusula social dentro de las negociaciones comerciales internacionales.
71. Varios oradores del Grupo Gubernamental se refirieron específicamente a la experiencia de sus países con respecto a la flexibilización laboral. Así, el Secretario de Estado de Trabajo de la República Dominicana declaró que éste era un tema que debía ser examinado con cuidado y prudencia, pues la flexibilización laboral podía llegar a reducir el nivel efectivo de protección de los derechos fundamentales, mientras que su incidencia en los costos laborales y la competitividad era en todo caso hipotética, y sin duda mucho menor que la que podía dimanar de una mejora en la productividad consecutiva a la utilización de mano de obra de calidad. En su país se había adoptado en 1992 un nuevo Código de Trabajo, el que mantuvo e inclusive elevó los niveles de protección de la legislación anterior; a pesar de ello, su país tuvo desde entonces tasas de crecimiento que se situaban entre las más altas de la región, la inflación se mantuvo dentro de límites razonables, los salarios reales aumentaron, se crearon 400.000 nuevos puestos de trabajo y se preservó la paz social.
72. Un delegado gubernamental de la Argentina manifestó que una tarea pendiente de la OIT para muchos países de la región era la evaluación objetiva de las reformas de la legislación laboral que ya se habían llevado a cabo, para examinar si era cierto que habían servido para mejorar la competitividad y crear empleos, como aducían algunos, o para precarizar los empleos existentes sin gran provecho para la competitividad, como sostenían otros. En su país aquella evaluación se había llevado a cabo y, como consecuencia de ello, en 1998 se había revisado nuevamente la legislación laboral con objeto de suprimir formas de empleo precario, autorizadas por reformas anteriores que no habían creado empleo. Asimismo, es necesario promover la regularización del empleo no registrado del sector estructurado ya que es en las empresas formales donde es más factible dicha regularización. Agregó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico había llegado a la conclusión de que no había relación entre empleo y flexibilidad laboral; convendría que en América Latina se llevasen a cabo estudios análogos para examinar objetivamente el tema.
73. El Ministro de Trabajo de Uruguay declaró que en cualquier caso siempre se deberían garantizar los derechos básicos de los trabajadores, pues era la única manera de asegurar que la globalización resultara en un beneficio para todos. Además, era necesario armonizar los esfuerzos de protección laboral, y fortalecer la negociación colectiva, que ofrece un punto de encuentro entre trabajadores y empleadores.
74. En el marco de la discusión general sobre la Memoria del Director General, muchos oradores hicieron hincapié en el papel central que desempeña el tripartismo -- y el diálogo social sustentado en él -- en la construcción y consolidación del Estado democrático, así como en la formulación de respuestas nacionales adecuadas a los desafíos del ajuste económico y de la mundialización. El Estado debe garantizar de manera fehaciente que se den las condiciones y los prerequisitos fundamentales al respecto: libertad sindical y libertad de asociación, y el pleno respeto de los procesos de negociación colectiva. Se preconizó un diálogo social amplio que abarque los temas de generación de empleo, seguridad e higiene en el trabajo, formación profesional y capacitación, seguridad social, asuntos económicos y otros. Reconociendo que la OIT tiene un papel relevante en lo que se refiere a brindar apoyo en todos esos sectores, se le atribuyó una tarea especial en el campo de la capacitación y el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Varios oradores propusieron, además, que los procesos y mecanismos de diálogo social se amplíen para admitir la participación de otros sectores de la llamada sociedad civil, tales como instituciones académicas, asociaciones de microempresarios e incluso partidos políticos. Indicó que se podría examinar la relevancia potencial para América Latina de figuras tales como los consejos económicosociales establecidos en Europa.
75. En la discusión temática el portavoz del Grupo de los Empleadores hizo hincapié en que tanto la consolidación de la democracia como los rápidos cambios económicos y comerciales necesitan de mayor comprensión y consenso en la sociedad en general. El diálogo social constituye para este fin un instrumento idóneo; sin embargo, para ser útil, el diálogo social tiene que tratar de asuntos concretos y buscar el equilibrio y la armonización de perspectivas e intereses a veces contradictorios. El orador mencionó que las reuniones de la OIT son un ejemplo claro de diálogo social en el ámbito internacional y que debiera replicarse a escala nacional. También puntualizó que la calidad del diálogo social dependerá de la calidad de los interlocutores en el proceso, quienes deben ser representantes de organizaciones libres, válidas, autónomas y competentes. Enfatizó, por último, que el concepto de autonomía guarda una especial trascendencia, por cuanto es la sociedad la que genera sus portavoces sin interferencia estatal. La OIT tiene una responsabilidad particular en cuanto a la capacitación y fortalecimiento de los participantes en el diálogo social.
76. Numerosos oradores señalaron que el diálogo social ayuda y sustenta los procesos de cambio y ajuste, otorgando a las decisiones gubernamentales y a las legislaciones basadas en él mayor coherencia, legitimidad y sustentabilidad. Se señaló que el diálogo social puede apoyar a los ministerios de trabajo a avanzar en temas tales como el control de la aplicación efectiva de las leyes laborales y la resolución de conflictos. La toma de decisiones en aspectos laborales y socioeconómicos, en el ámbito nacional, debería inspirarse en el enfoque de la propia OIT, es decir en el consenso tripartito, tema apropiado, por lo demás, para un convenio internacional del trabajo.
77. Otros oradores del Grupo de los Empleadores comentaron que el principio y el proceso del diálogo social tienen relevancia en otras dimensiones además del ámbito nacional. En el caso de MERCOSUR, por ejemplo, ya existe un órgano de consulta sobre cuestiones sociolaborales. Un orador mencionó que sería deseable establecer y fortalecer el diálogo social en los marcos comunitario y municipal. Nuevos mecanismos de diálogo social no deberían substituir a órganos tripartitos ya existentes y protegidos por la ley. Sin embargo, pueden complementar el trabajo de estos órganos, incluyendo también a otros actores sociales, tales como asociaciones de consumidores e instituciones académicas. No obstante, es necesario asumir con cautela el proceso de ampliación de la participación en el diálogo social porque los objetivos, a veces contradictorios, a veces confusos, de muchas organizaciones no gubernamentales, así como su baja capacidad de gestión y administración, pueden constituirse en trabas, en lugar de impulsos, para el desarrollo de procesos legítimos y productivos de diálogo social, fundamentados en el concepto del tripartismo.
78. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declaró que el diálogo social constituye un mecanismo clave para que los países puedan superar las crisis ocasionadas por el ajuste económico y la mundialización comercial. Sin embargo, señaló que esos nuevos retos crean la necesidad imprescindible de involucrar a otros elementos de la sociedad civil tales como las comunidades científica, académica, ecológica y de bienestar social, especialmente en el caso de los niños. El diálogo social funcionará, enfatizó, solamente si las negociaciones y acuerdos logrados en su marco, son transparentes y conducidos de buena fe y si los ministerios de trabajo tienen la capacidad efectiva de influir en las decisiones gubernamentales.
79. Otros oradores del Grupo de los Trabajadores hicieron referencia a las grandes discrepancias que se observan en sus países entre la teoría del diálogo social y la realidad. Si bien se han establecido instituciones y mecanismos en el marco de leyes y políticas gubernamentales, en varios casos no funcionan o marginan la participación de los trabajadores, por lo que la OIT debería tener un papel fundamental para revisar cuidadosamente estos procesos nacionales. En un país, se dijo, la «nueva cultura laboral» ha dado un impulso renovador al diálogo social, con logros importantes en la conciliación y resolución de conflictos. Un orador hizo hincapié en el carácter fundamental de los convenios núms. 87 y 98. Sin un respeto escrupuloso de la aplicación de estos instrumentos de la OIT en el mundo entero, el concepto del diálogo social permanecerá como un objetivo ilusorio. Por último, se puntualizó que la protección de la libertad sindical es la tarea más fundamental de un ministerio de trabajo.
80. Antes de concluida la sesión de la tarde, el portavoz del Grupo Gubernamental hizo alusión al acuerdo al que se había llegado por consenso con el Grupo de los Trabajadores y con el Grupo de los Empleadores, respecto de una propuesta común sobre el tema de la cooperación técnica; formulación que resume las prioridades de los tres Grupos, y que se articula sobre la base de tres propuestas específicas que pasó a describir. Señaló asimismo que los Grupos habían expresado el deseo de que esta formulación común fuese incorporada en su texto integral dentro de las conclusiones de la Reunión. El portavoz del Grupo de los Trabajadores pidió que en la parte referida a la cooperación técnica de las conclusiones se añadiera explícitamente, sin perjuicio de las áreas mencionadas en la propuesta conjunta, el fortalecimiento del apoyo complementario de los servicios de ACTRAV y ACTEMP; moción que fue plenamente respaldada por el portavoz del Grupo de los Empleadores.
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Adopción del informe y de las conclusiones de la Reunión
81. La decimocuarta Reunión Regional Americana adoptó sus conclusiones y su informe por consenso, y tomó nota de la reserva siguiente expresada por el Gobierno de Cuba en relación con el párrafo 23 de las conclusiones.
82. El Gobierno de Cuba consideraba que la posibilidad de analizar conjuntamente la puesta en práctica de las conclusiones adoptadas en la decimocuarta Reunión Regional Americana debería establecerse según los procedimientos y la estructura vigentes en la OIT, que permitían la consulta tripartita, incluyendo mecanismos de consulta a los Gobiernos de todos los Estados Miembros. Teniendo en cuenta que la Organización de Estados Americanos no abarcaba a todos los países de la región, la OIT no debería, en opinión de este Gobierno, subordinar sus procedimientos a los de una organización cuya composición no estaba en correspondencia con los Miembros de la OIT. Con ese fin, la delegación gubernamental de Cuba consideraba que la reunión de Ministros de Trabajo de la región de las Américas, que se celebraba en ocasión de las Conferencias Internacionales del Trabajo, resultaba un mecanismo apropiado para llevar a cabo el análisis de la puesta en práctica de las conclusiones de la decimocuarta Reunión Regional Americana.
* * *
83. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno solicitar al Director General que:
a) llame a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros de las Américas y, a través de ellos, a la de las organizaciones de empleadores y de trabajadores nacionales, las conclusiones adoptadas por la Reunión;
b) tenga en cuenta las conclusiones cuando ejecute los programas en curso y elabore las futuras propuestas de Programa y Presupuesto;
c) transmita el texto de las conclusiones:
i) a los gobiernos de todos los Estados Miembros y, a través de ellos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores nacionales, y
ii) a las organizaciones nacionales interesadas, incluidas las organizaciones internacionales no gubernamentales que tengan carácter consultivo.
Ginebra, 4 de octubre de 1999.
Punto que requiere decisión: párrafo 83.
Conclusiones
1. Los y las participantes en esta Reunión apoyamos decididamente los cuatro objetivos estratégicos propuestos en la Memoria del Director General de la OIT: la promoción y aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la promoción de políticas y programas destinados a generar más y mejores oportunidades de empleo para mujeres y hombres, la ampliación de la cobertura y efectividad de una protección social para todos y el fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social. Apoyamos asimismo los ocho programas focalizados (InFocus) incluidos en el Programa y Presupuesto 2000-2001, que aprobamos en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de junio de 1999. Igualmente, consideramos de especial importancia la incorporación de las perspectivas de género y desarrollo en todas las actividades de la OIT.
2. Otorgamos gran importancia al respeto y promoción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la CIT en 1998. Compartimos ampliamente la propuesta de llevar adelante acciones concretas para la creación de trabajo decente en nuestra región. La obtención de trabajo decente es una de las prioridades más inmediatas para la gente de las Américas.
3. Las políticas económicas deben ser armonizadas con las de justicia social, ya que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para generar trabajo decente. Se requiere además la aplicación de políticas económicas que promuevan el aumento de la productividad y garanticen la estabilidad macroeconómica necesaria para estimular el ahorro y la inversión.
4. El desarrollo de las empresas es importante para la creación de empleo, con base al respeto de los derechos sociales y laborales. Es necesario que el Estado genere un entorno propicio para la inversión, la creación de nuevas empresas, particularmente pequeñas y medianas, facilite el acceso al crédito y propicie el incremento de la productividad.
5. Coincidimos con la prioridad de eliminar progresivamente el trabajo infantil, en el marco del Convenio núm. 138 y, en especial, la adopción de acciones inmediatas para la erradicación de sus peores formas. Para esto nos comprometemos a promover la ratificación en el más breve plazo, de preferencia antes de la primera reunión de la CIT del próximo milenio (junio de 2000), del Convenio núm. 182 de la OIT y poner en marcha, con la asistencia de la OIT, programas tendientes a cumplir con los objetivos de dicho Convenio. Respaldamos decididamente la acción del IPEC e instamos a que continúe desarrollando iniciativas tripartitas y movilizando recursos extrapresupuestales.
6. Observamos con satisfacción el aumento de ratificaciones de los convenios de la OIT referentes a los derechos fundamentales en el trabajo. Sin embargo, deben efectuarse todos los esfuerzos necesarios para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de dichas normas. La OIT, por lo tanto, deberá dar toda la asistencia necesaria a los gobiernos para que aquellos donde aún no se han ratificado todos los convenios fundamentales lo hagan sin demora, y para que aquellos que ya los han ratificado aseguren su cumplimiento. Es importante desplegar esfuerzos para que dichas normas tengan una amplia aceptación en todos los sectores de la sociedad, mediante el diálogo y la participación, inspirándose en el Convenio núm. 144.
7. Estamos convencidos de la importancia del diálogo social auténtico. Es necesario el fortalecimiento de los interlocutores sociales para alcanzar soluciones compartidas que den legitimidad a las políticas y que propicien una equitativa distribución de los beneficios del crecimiento.
8. Los gobiernos deberán crear los mecanismos tripartitos que resulten pertinentes y eliminar los obstáculos que pudieran existir para garantizar la libertad de asociación y la libertad sindical.
9. La OIT debe incrementar su asistencia técnica para la modernización y fortalecimiento de los ministerios de trabajo, así como las actividades de capacitación a las organizaciones de trabajadores y empleadores.
10. Para propiciar una equitativa distribución de los beneficios del crecimiento, es necesario que las políticas sean fruto de un amplio diálogo social tripartito. Este diálogo debería conducir a un programa que promueva el trabajo decente y la protección para todos, y que sea apoyado por los copartícipes sociales. La OIT debe contribuir, a solicitud de los mandantes, a facilitar la realización de iniciativas nacionales y regionales de diálogo social.
11. Creemos en la importancia de interrelacionar los programas y políticas económicas con las sociales, tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de promover simultáneamente los objetivos económicos y sociales. Para ello, la OIT debiera establecer relaciones constructivas con las instituciones financieras internacionales y los organismos económicos, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Encargamos al Director General de la OIT que identifique, con esas instituciones, iniciativas concretas para avanzar hacia un enfoque integral de las dimensiones monetarias, financieras y sociolaborales de la economía global.
12. Es indispensable capacitar a los actores sociales para que participen activamente en el diálogo con las autoridades nacionales responsables y con las instituciones financieras regionales e internacionales en torno a materias de política económica y social. Para ello solicitamos el apoyo técnico de la OIT. En este marco, la OIT debe identificar proyectos conjuntos con los organismos relevantes del sistema multilateral que sean prioridad para gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores.
13. Hemos tomado nota de los objetivos fijados por los Jefes de Estado en relación a los procesos de integración en nuestra región y manifestamos que estamos convencidos de que la creación de trabajo decente debe ser uno de los objetivos centrales de estos procesos. Por ello, esperamos que la OIT acompañe el trabajo de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y participe activa y coordinadamente con la OEA y el BID en desarrollar y aplicar los mecanismos que permitan incorporar la dimensión sociolaboral en los procesos de integración.
14. Se requieren sistemas educativos y de capacitación adecuados para mejorar la capacidad de inserción laboral. Debemos asegurar la mejora continua de las habilidades para permitir la adaptación del trabajador y de las empresas a los nuevos desafíos de la economía globalizada. La OIT deberá apoyar técnicamente la modernización y la expansión de la cobertura de los sistemas de educación y de formación laboral, así como reforzar las actividades del Centro de Turín de la OIT y del CINTERFOR.
15. Las relaciones laborales armoniosas contribuyen al éxito de las empresas, y la negociación colectiva así como el cumplimiento de lo pactado, constituyen un medio adecuado para lograrlo. Ello conducirá al aumento de la productividad, a la equitativa distribución de sus beneficios y a la mejora de las condiciones de trabajo. La OIT debe continuar prestando asistencia en este campo. Asimismo, debe difundir las buenas prácticas y experiencias y proporcionar información sobre empresas exitosas.
16. Se requiere desarrollar políticas y programas de empleo focalizados prioritariamente en los grupos sociales más vulnerables. En particular, jóvenes, mujeres, discapacitados y desempleados. El apoyo de la OIT en este campo debe contribuir a difundir las experiencias disponibles y a diseñar, ejecutar y promover dichos programas.
17. La formalización de las actividades informales debe constituir una prioridad para la OIT.
18. El trabajo decente no se circunscribe a un trabajo con adecuados niveles de productividad y salarios, sino que requiere que el trabajador esté protegido frente a los riesgos de accidentes. La prevención de estos riesgos constituye una inversión social y es económicamente rentable. La OIT debe continuar prestando apoyo en este campo.
19. Es necesario aumentar la eficiencia y transparencia en la administración de los recursos, avanzar en la expansión de la cobertura y preservar la integralidad de los sistemas de la seguridad social como vía indispensable para reducir el actual clima de inseguridad. Se requiere hacer un seguimiento tripartito de los resultados de los sistemas vigentes, así como de sus perspectivas a mediano y largo plazo. Esta debe ser una tarea prioritaria para la OIT.
20. Es un objetivo deseable diseñar redes de seguridad social que incluyan mecanismos para atender a los desempleados. Es necesario buscar la viabilidad económica e incorporar actividades formativas que faciliten la reinserción laboral del trabajador. La OIT debe promover la introducción de sistemas apropiados y proveer información sobre los costos potenciales y la factibilidad administrativa del mismo.
21. Es necesario mejorar nuestra capacidad para responder rápidamente a las situaciones de crisis y emergencia. La OIT debe asistir oportunamente a los países en el diseño y ejecución de un paquete de medidas y programas destinados a aliviar las consecuencias sociales de las crisis y emergencias.
22. Es importante que la OIT refuerce su capacidad de generación de información y de análisis del mercado de trabajo, y de previsión de los efectos laborales de las políticas económicas aplicadas.
23. Los representantes de gobiernos, trabajadores y empleadores presentes en esta Reunión nos comprometemos a reunirnos en los próximos meses, dentro de la institucionalidad vigente en cada país, para analizar conjuntamente la puesta en práctica de las conclusiones de esta decimocuarta Reunión Regional Americana. Ello permitirá informar sobre los progresos alcanzados en su cumplimiento a la próxima Reunión de Ministros de Trabajo del Hemisferio, a celebrarse a comienzos del año 2000 en la República Dominicana.
Addéndum:
Cooperación técnica
1. Queremos enfatizar la necesidad de que la perspectiva de la OIT se haga presente en forma permanente ante los organismos internacionales. Esta perspectiva facilitará la incorporación de las consecuencias sociales y laborales de las políticas y programas de ajuste promovidos por estos organismos, frecuentemente omitidos. Es alentador el informe del Director General respecto a la incorporación de la OIT en organismos permanentes del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ese logro debe ser celebrado, apoyado y ampliado, extendiéndolo a otros organismos financieros y a las diversas estructuras de los mismos, lo que promoverá la coordinación de la actuación de los organismos financieros con la OIT.
2. Esta presencia de la OIT en los organismos debe ser nutrida con informes nacionales sobre el impacto social y laboral de esos programas de ajuste, así como de los indicadores sociales más imprescindibles. La asignación de los recursos necesarios para esa actividad, de complejidad y relevancia indiscutibles, debería ser contemplada en el presupuesto de cooperación técnica de la región. Asimismo, estos informes deberán ser utilizados y complementados por otros que atiendan a las consecuencias sociales y laborales de los procesos de integración, en los que se encuentran embarcados la mayoría de los Estados Miembros de la región.
3. Entre los programas InFocus presentados por la Memoria, deberían ser priorizados y debidamente dotados de recursos los relativos a la promoción de la Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, al desarrollo de la micro y pequeña empresa y su entorno institucional y económico, y también el del fortalecimiento de los interlocutores sociales. Especialmente se requiere también el apoyo y asesoría a los trabajadores y empleadores, a través de ACTRAV y ACT/EMP.
4. Sin perjuicio de ello es necesario señalar que entre los objetivos señalados por la Memoria del Director General se menciona muchos que son responsabilidad de las áreas tradicionales de los ministerios de trabajo: el adecuado cumplimiento de los convenios internacionales, formalización del sector no estructurado, atención del problema de precarización del empleo, promoción de una nueva cultura de fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, necesidad de evaluar los efectos de las reformas laborales y de la seguridad social. La modernización de los ministerios de trabajo aparece como un objetivo de las secciones finales de los capítulos I y III de la Memoria del Director General. Sin embargo, ningún programa InFocus está diseñado con este objetivo. Para cubrir esta carencia, los Grupos Gubernamentales, de los Empleadores y de los Trabajadores han concordado en la necesidad de desarrollar otro programa relativo al fortalecimiento y modernización de los ministerios de trabajo, imprescindible para apoyar a los gobiernos en las tres estratégicas, prioritarias y permanentes actividades mencionadas.