Hasta bien entrado el siglo XXI, “el Estado paraguayo carecía de una definición conceptual, normativa e institucional en protección social, lo que generó una dispersión de competencias estatales e incumplimiento del objetivo de otorgar una protección integral”, señaló Claudina Zavattiero, doctora en demografía y consultora OIT, autora del informe La economía política de la protección social en Paraguay.

La experta constató a través de decenas de entrevistas y revisión estadística y documental que las políticas se definían de manera independiente en las instituciones que eventualmente se encargarían de implementar los programas sociales.

En palabras de Claudina: “La institucionalidad de la protección social estaba repartida en estamentos de diferentes jerarquías (ministerios, secretarías, direcciones), cuya oportunidad para impulsar y gestionar acciones dependía de la decisión y relevancia de cada gobierno”. Como no había un ente que liderase la coordinación, los esfuerzos muchas veces se superponían o, por el contrario, no eran suficientes.

Una de las principales causas que evidenciaron la urgencia de implementar un sistema de protección social fue la falta de integración y conexión entre las acciones, programas e instituciones públicas para desarrollar y articular estrategias con una visión global. Otra causa fundamental fue la gran cantidad de personas y grupos de la población que seguían desprotegidos.

“El punto de inflexión para la decisión de avanzar un sistema de protección social a nivel de altas autoridades fue mostrar que la desprotección puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento de la vida y no solamente a quienes se encuentran en situación de pobreza”, mencionó la investigadora en su trabajo.

La concepción del Sistema de Protección Social ¡Vamos! se llevó a cabo en el marco de un trabajo de coordinación, diálogos y compromisos de actores clave y una red internacional, presidida por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, el organismo encargado de la coordinación política y técnica del ¡Vamos!

“Fue necesario plantear una arquitectura sólida, integrada por la institución rectora y otros ministerios gubernamentales relevantes, para la resolución de problemas multidimensionales. Esto también sirve para romper con la fragmentación y realizar una apuesta a largo plazo a objetivos de mejora de la equidad, la integración y la cohesión social”, compartió la doctora en su estudio.

Actualmente, el Sistema de Protección Social ¡Vamos! recoge información de unos 82 programas ejecutados por unas 26 instituciones.

Trabajos en red

Guillermo Montt, Especialista en Protección Social de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, citó algunos de los ministerios que, no estando directamente relacionados con la protección social - como es el caso de un Ministerio de Desarrollo Social - deberían de igual modo jugar un rol en un sistema de protección socia:

El Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, porque tiene el mandato de regular las relaciones laborales y el contrato laboral, que incluye la cotización a la seguridad social. También a través de sus agencias de formación, como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), permite que las personas tengan mayor nivel de productividad y acceso al trabajo decente que les permita generar ingresos autónomos y suficientes.

El Ministerio de Industria y Comercio, por el rol que puede ejercer en promover la productividad de las empresas y el desarrollo productivo a nivel territorial, también promoviendo la autonomía de ingresos de las personas.

El Ministerio de Información y Tecnología, porque puede facilitar el intercambio de datos entre distintas instituciones.

El Ministerio de Hacienda, a través, entre otros, de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), por el rol que puede ocupar en fiscalizar e identificar empresas que podrían no estar declarando sus impuestos y obligaciones, o a través del rol que juega el ministerio en asignar recursos públicos para programas de transferencias y de inversión social, además por el rol que juegan en el desarrollo de programas de protección social desde el mismo ministerio (por ejemplo, Pensión Alimentaria y Pytyvõ).

Montt además resaltó que el objetivo general de un trabajo articulado es poder facilitar lo más posible la vida a las personas, a través de, por ejemplo, la simplificación de los trámites, promoviendo desde el Estado acciones que lleguen hasta la ciudadanía y que no dependan de la voluntariedad o capacidad de la misma persona. En ese sentido, valora que en el marco del ¡Vamos! se involucra a los municipios, ya que al ser entidades de alcance territorial facilitan el acceso de la población a servicios públicos y tienen acceso más rápido a las necesidades de la población.

El especialista también recalcó el rol fundamental que juegan los sindicatos y las organizaciones gremiales para instalar la noción de que la protección social es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras y no un privilegio.

Los desafíos para la construcción progresiva de este sistema no son pocos, teniendo en cuenta la deuda histórica del sector. Por citar algunos, Zavattiero expresó: “En el corto plazo se deberán cerrar brechas de cobertura de los programas existentes; en el mediano plazo, crear las condiciones para el acceso a los servicios de la población desprotegida; y, a largo plazo, diseñar e implementar estrategias y destinar los recursos necesarios que permitan la universalización de la protección social”.





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