Blog
Conmemorando el Convenio 189: el gran desafío para el trabajo doméstico en la pospandemia
A pesar del importante rol que cada día cumple el trabajo doméstico en cientos de hogares, la pandemia ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras que ejercen esta labor y los grandes desafíos que persisten para este sector frente a la pospandemia.
Por Juan Jacobo Velasco, Oficial Nacional de Información Laboral, OIT Cono Sur
Este 16 de junio se conmemoró una década desde la adopción del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. El Convenio 189, junto a la Recomendación 201 de 2011, marcaron un hito al poner de relieve esta ocupación y los derechos que corresponden a quienes la desempeñan, reconociendo, entre otros, el derecho de asociación, la posibilidad de suscribir convenios colectivos, el acceso a la justicia e inspección laboral, equiparando con otros asalariados, condiciones mínimas laborales de ingreso, jornada, contrato y cobertura de seguridad social.
En particular, el Convenio 189 procura establecer un marco normativo que contribuya a que el trabajo doméstico se desarrolle en condiciones de trabajo decente dado que a pesar de tener relaciones laborales que se corresponden al trabajo asalariado, en la práctica, ha funcionado con condiciones laborales propias del empleo informal.
Tal como lo destaca el reciente informe de la OIT: “Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, menos del 20% de las trabajadoras domésticas son formales, lo que en América Latina, la región con más ratificaciones a nivel global y en donde más reformas legales se han producido al alero del Convenio 189, llega a 1 de cada 5.
Pese a los avances que se dieron a partir del Convenio, las cifras de informalidad demuestran que el proceso de equiparación real de las condiciones de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDR) con otros asalariados, es todavía lento, en un contexto de debilidad institucional para hacer cumplir la legislación que regula sus relaciones laborales.
Esta realidad quedó en evidencia durante la pandemia. Como señala el informe, las pérdidas de empleos de las TDRs han sido las más dramáticas entre todas las categorías ocupacionales, con contracciones que fueron del 20% al 50%, dependiendo del país o región, durante la fase de confinamiento en 2020.
A nivel latinoamericano, la destrucción del empleo de las trabajadoras de este sector alcanzó a 1 de cada 5 en 2020 (CEPAL-OIT, 2021). El impacto en países como Chile, en donde los niveles de formalización y avances en la cobertura de seguridad social eran de los más altos de América Latina pre-pandemia, fue particularmente notorio: la destrucción de puestos de trabajo de las TDRs afectó a más de 1 de cada 3 trabajadoras.
En Chile, las pérdidas de empleo en este sector estuvieron condicionadas por las características de formalidad o informalidad: mientras que la destrucción del empleo entre las trabajadoras formales alcanzó al 29%, ésta fue del 42% entre aquellas informales. Por ende, en un contexto de fuerte contracción de empleos, la condición de informalidad intrínseca que afecta al sector se expresa en la gran vulnerabilidad a la que están expuestas quienes no tienen un contrato o cobertura de seguridad social.
A ello se suman los espacios de progresos efectivos que necesitan implementarse para las TDRs y que la pandemia dejó expuestos. Las mejoras de la legislación en relación al trabajo doméstico equipararon pisos mínimos en aspectos fundamentales, pero en la mayoría de los casos no han podido avanzar hacia el logro de protecciones y prestaciones como seguros de desempleo, pagos de horas extra o acceso a capacitación, ni en la provisión de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Como señala el informe, las brechas de cobertura de protección básica en términos legales, de acceso a prestaciones sociales, de cobertura de SST, de legislación que proteja a las TDRs de acoso físico y sicológico, quedaron evidentes durante la pandemia, particularmente en grupos de TDRs aún más vulnerables como aquellas informales y migrantes.
En el contexto de la pandemia y, especialmente en la pospandemia, el desafío que se presenta a 10 años de la adopción del Convenio 189 es crucial para las TDRs. Por un lado, se necesita continuar avanzando con el reconocimiento legal de estas trabajadoras, en aspectos donde se han expresado muchas vulneraciones durante la pandemia, como el tiempo de trabajo, los ingresos (sobre todo el piso salarial que implica el salario mínimo), el acceso a la seguridad social efectiva (incluida la licencia de maternidad y las prestaciones monetarias) y a las políticas de SST, así como la protección frente al acoso.
Finalmente, un futuro en el que el trabajo decente se convierta en una realidad para este sector, debe basarse en la formalización de estas trabajadoras y en el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores, junto con las personas encargadas de formular las políticas pertinentes. Esto implica esfuerzos adicionales, en tanto se presentan desafíos para la organización colectiva y representación tanto para los trabajadores como para los empleadores, que en este caso son los hogares, en lugar de las empresas, que son el actor tradicional de las relaciones laborales.
Este 16 de junio se conmemoró una década desde la adopción del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. El Convenio 189, junto a la Recomendación 201 de 2011, marcaron un hito al poner de relieve esta ocupación y los derechos que corresponden a quienes la desempeñan, reconociendo, entre otros, el derecho de asociación, la posibilidad de suscribir convenios colectivos, el acceso a la justicia e inspección laboral, equiparando con otros asalariados, condiciones mínimas laborales de ingreso, jornada, contrato y cobertura de seguridad social.
En particular, el Convenio 189 procura establecer un marco normativo que contribuya a que el trabajo doméstico se desarrolle en condiciones de trabajo decente dado que a pesar de tener relaciones laborales que se corresponden al trabajo asalariado, en la práctica, ha funcionado con condiciones laborales propias del empleo informal.
Tal como lo destaca el reciente informe de la OIT: “Hacer del trabajo doméstico un trabajo decente. Avances y perspectivas una década después de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos”, menos del 20% de las trabajadoras domésticas son formales, lo que en América Latina, la región con más ratificaciones a nivel global y en donde más reformas legales se han producido al alero del Convenio 189, llega a 1 de cada 5.
Pese a los avances que se dieron a partir del Convenio, las cifras de informalidad demuestran que el proceso de equiparación real de las condiciones de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDR) con otros asalariados, es todavía lento, en un contexto de debilidad institucional para hacer cumplir la legislación que regula sus relaciones laborales.
Esta realidad quedó en evidencia durante la pandemia. Como señala el informe, las pérdidas de empleos de las TDRs han sido las más dramáticas entre todas las categorías ocupacionales, con contracciones que fueron del 20% al 50%, dependiendo del país o región, durante la fase de confinamiento en 2020.
A nivel latinoamericano, la destrucción del empleo de las trabajadoras de este sector alcanzó a 1 de cada 5 en 2020 (CEPAL-OIT, 2021). El impacto en países como Chile, en donde los niveles de formalización y avances en la cobertura de seguridad social eran de los más altos de América Latina pre-pandemia, fue particularmente notorio: la destrucción de puestos de trabajo de las TDRs afectó a más de 1 de cada 3 trabajadoras.
En Chile, las pérdidas de empleo en este sector estuvieron condicionadas por las características de formalidad o informalidad: mientras que la destrucción del empleo entre las trabajadoras formales alcanzó al 29%, ésta fue del 42% entre aquellas informales. Por ende, en un contexto de fuerte contracción de empleos, la condición de informalidad intrínseca que afecta al sector se expresa en la gran vulnerabilidad a la que están expuestas quienes no tienen un contrato o cobertura de seguridad social.
A ello se suman los espacios de progresos efectivos que necesitan implementarse para las TDRs y que la pandemia dejó expuestos. Las mejoras de la legislación en relación al trabajo doméstico equipararon pisos mínimos en aspectos fundamentales, pero en la mayoría de los casos no han podido avanzar hacia el logro de protecciones y prestaciones como seguros de desempleo, pagos de horas extra o acceso a capacitación, ni en la provisión de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo (SST).
Como señala el informe, las brechas de cobertura de protección básica en términos legales, de acceso a prestaciones sociales, de cobertura de SST, de legislación que proteja a las TDRs de acoso físico y sicológico, quedaron evidentes durante la pandemia, particularmente en grupos de TDRs aún más vulnerables como aquellas informales y migrantes.
En el contexto de la pandemia y, especialmente en la pospandemia, el desafío que se presenta a 10 años de la adopción del Convenio 189 es crucial para las TDRs. Por un lado, se necesita continuar avanzando con el reconocimiento legal de estas trabajadoras, en aspectos donde se han expresado muchas vulneraciones durante la pandemia, como el tiempo de trabajo, los ingresos (sobre todo el piso salarial que implica el salario mínimo), el acceso a la seguridad social efectiva (incluida la licencia de maternidad y las prestaciones monetarias) y a las políticas de SST, así como la protección frente al acoso.
Finalmente, un futuro en el que el trabajo decente se convierta en una realidad para este sector, debe basarse en la formalización de estas trabajadoras y en el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores, junto con las personas encargadas de formular las políticas pertinentes. Esto implica esfuerzos adicionales, en tanto se presentan desafíos para la organización colectiva y representación tanto para los trabajadores como para los empleadores, que en este caso son los hogares, en lugar de las empresas, que son el actor tradicional de las relaciones laborales.